Gobierno avisa con requerimiento a Castilla y León por su protocolo de aborto

Madrid/Valladolid, 15 ene (EFE).- El Gobierno ha enviado un requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y le advierte de su disposición a más acciones legales.

El Ejecutivo ha informado de este requerimiento en un comunicado, al que el presidente de la Junta castellanoleonesa, Alfonso Fernández Mañueco, ha respondido acusando al Gobierno de mentir y de generar alarma social. En su cuenta de Twitter, Mañueco ha recalcado que su Ejecutivo "no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios".

La Junta de Castilla y León también se ha pronunciado en Twitter, donde ha defendido que tiene "plena autonomía" para aprobar cualquier protocolo que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y ha pedido al Ejecutivo que se abstenga de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".

En su comunicado, el Gobierno ha asegurado que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente.

De la misma forma, subraya que velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del estado ni por parte de administración pública alguna.

Ante esta situación, informa de que los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes.

Por este motivo, el Ministerio de Sanidad ha enviado esta tarde el requerimiento oficial a la Consejería.

Añade que, en caso de haber adoptado alguna medida en este sentido "cese de inmediato cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer que ha decidido abortar o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico".

También exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas.

Además, insta a comunicar de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.

En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido "íntegra e inmediatamente" por la Junta de Castilla y León, el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales a la vista de que las medidas anunciadas asegura que pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico.

El Gobierno ha reaccionado de esta forma ante los cambios en el protocolo de Castilla y León en materia de abortos que implican que los ginecólogos deriven directamente a salud mental a las mujeres embarazadas que se planteen interrumpir su embarazo, la posibilidad de escuchar el latido del bebé entre las semanas sexta y novena e incorporar las ecografías 4D, que se hacen en la última etapa de la gestación, a la cartera de servicios.

Unos cambios avanzados el viernes por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, que posteriormente fue corregido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, quien recalcó la voluntariedad de estas medidas y negó además que su objetivo fuera antiabortista.

El vicepresidente del Colegio de Médicos de Zamora y presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Tomás Toranzo, ha rechazado las medidas antiabortistas propuestas por la Junta de Castilla y León al considerar que "ninguna directriz política puede obligarnos a cómo ejercer la profesión".

Toranzo ha explicado a EFE que las medidas propuestas por la Junta no se sustentan en nada ni se han consultado con la sociedad castellanoleonesa ni con la estatal de ginecología. ASimismo, ha defendido que el ejercicio profesional compete al criterio médico y se rige "por la evidencia científica y el código ético y de deontología médica". EFE

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