Francia levanta estado de excepción en Nueva Caledonia a fin de facilitar diálogo

PARÍS (AP) — El presidente de Francia Emmanuel Macron decidió el lunes levantar el estado de excepción en el territorio francés de Nueva Caledonia, en el Pacífico, en un intento por promover el diálogo político después de las revueltas en que han muerto siete personas y han dejado un sendero de destrucción, informó la oficina del mandatario.

La oficina de presidencia señaló en un comunicado que “por el momento” no se extenderá el estado de excepción y, por lo tanto, llegará a su fin a las 8 de la noche del lunes, hora de París, y 5 de la mañana del martes en Nueva Caledonia.

La decisión tiene como objetivo “facilitar los encuentros de las distintas partes” del movimiento proindependentista FLNKS, el Frente Nacional de Liberación Kanak y Socialista, y permitir que funcionarios electos y otros dirigentes locales “estén en posición para solicitar” que se retiren las barricadas para asistir al lugar y reunirse con los manifestantes, indicó el comunicado.

Macrón pidió en reiteradas ocasiones el retiro de las barricadas de los manifestantes de ambas partes del enconado conflicto en Nueva Caledonia: los indígenas canacos que quieren independizarse de Francia, y los dirigentes que están a favor de permanecer como colonia.

El presidente insistió en su comunicado que es “la condición necesaria para la apertura de negociaciones serias y concretas”.

Macron tomó la decisión días después de viajar el jueves a Nueva Caledonia.

El comunicado también anunció la llegada de 480 elementos adicionales de la gendarmería al archipiélago “en las próximas horas”, con lo que el número de refuerzos se eleva a más de 3.500. Entre los siete muertos por tiroteos como parte de las protestas hay dos gendarmes.

París impuso el estado de excepción el 15 de mayo y durante al menos 12 días a fin de reforzar la autoridad policial. Las medidas de emergencia le otorgan a las autoridades una mayor facultad para hacer frente a la violencia, con medidas que incluyen arrestos domiciliarios a personas consideradas una amenaza al orden público y una mayor autoridad para llevar a cabo allanamientos, incautar armamento y restringir el desplazamiento, con posibilidad de prisión a los infractores.