Fondo nacional de fianzas abandona Georgia por normas establecidas en nueva ley estatal

ATLANTA (AP) — The Bail Project, una organización sin fines de lucro nacional que ayuda a miles de personas de bajos ingresos que se encuentran tras las rejas, anunció el lunes que ha cerrado su sucursal en Atlanta debido a una nueva ley de Georgia que amplía la fianza en efectivo y restringe a las organizaciones que pagan las fianzas de los reclusos que esperan juicio.

La ley 63 del Senado, que entrará en vigor el próximo mes, requiere que las fianzas se paguen en efectivo para 30 delitos adicionales —18 de ellos que siempre o a menudo son delitos menores. Tales nuevos delitos incluyen el no atender un citatorio de comparecencia ante la corte por infracciones al reglamento de tránsito.

También limita a las personas y organizaciones a pagar no más de tres fianzas en efectivo al año, a menos que cumplan con los requisitos para convertirse en compañías de fianzas —un proceso que involucra pasar controles de antecedentes penales, pagar tarifas, poseer una licencia comercial, obtener la aprobación de la policía local y establecer una cuenta de depósito en garantía en efectivo u otra forma de garantía.

La fianza en efectivo perpetúa un sistema de justicia de dos niveles, donde dos personas acusadas del mismo delito reciben un trato drásticamente diferente: Aquellos que pueden pagar la fianza son liberados; quienes no pueden permanecen encarcelados generalmente durante meses esperando fechas de juicio, destacó el comunicado de The Bail Project.

“En toda la nación, más de una docena de jurisdicciones han eliminado o minimizado la fianza en efectivo, redirigiendo fondos a servicios que previenen el crimen y mejorando la seguridad comunitaria”, explicó la organización. “Los legisladores de Georgia podrían haber adoptado políticas basadas en evidencia similares, incluyendo leyes para juicios rápidos para abordar los retrasos en los tribunales e inversiones en servicios preventivos para reducir la dependencia de la encarcelación previa al juicio. En cambio, optaron por un camino que perpetúa más encarcelamiento, inequidad racial, trauma y daño”.

El gobernador republicano Brian Kemp dijo durante su ceremonia de firma el mes pasado que la ley SB 63 “asegurará que individuos peligrosos no puedan caminar por nuestras calles y cometer más crímenes”. La Unión Americana de Libertades Civiles de Georgia ha amenazado con demandar, calificándola de “cruel, costosa y contraproducente”.

Los demócratas habían instado a Kemp a vetar la medida, argumentando que empeorará el hacinamiento en las cárceles y afectará desproporcionadamente a los acusados pobres y minoritarios. Lo calificaron como un regalo para las compañías de fianzas con fines de lucro y una traición al predecesor de Kemp, el gobernador republicano Nathan Deal, quien hizo de la reforma de la justicia penal un sello distintivo de su legado.

The Bail Project destacó que desde su lanzamiento en 2018,ha pagado 81 millones de dólares para liberar a más de 30,000 personas en más de 30 jurisdicciones de la detención previa al juicio. Eso evitó casi 1.2 millones de días de encarcelamiento y redujo consecuencias colaterales como la pérdida de empleos, vivienda y custodia de hijos, de acuerdo con el grupo.

Aquellos ayudados por The Bail Project regresaron a más del 90% de sus fechas de corte, una estadística que, según la organización sin fines de lucro, “echa abajo la idea de que la fianza en efectivo es un incentivo necesario para asegurar la futura comparecencia en corte de una persona”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.