Florida quiere sentenciar a muerte a los violadores de niños. La Corte Suprema federal ha fallado lo contrario

Siguiendo una propuesta del gobernador Ron DeSantis, los legisladores de la Florida presentaron el miércoles un proyecto de ley para permitir la pena de muerte para adultos que abusen sexualmente de menores de 12 años.

El proyecto de ley pondría a la Florida en desacuerdo con el precedente de la Corte Suprema federal que dice que la pena capital solo puede aplicarse en caso de asesinato. Pero los promotores del proyecto de ley —el senador Jonathan Martin, republicano de Fort Myers, y la representante Jessica Baker, republicana de Jacksonville— pretenden impugnar sentencias anteriores.

Un caso de 2008 de la Corte Suprema, Kennedy vs. Louisiana, y un caso de 1981 de la Corte Suprema de la Florida fueron “erróneamente decididos, y una violación atroz del poder de los estados para castigar el más atroz de los delitos”, dice el texto del proyecto de ley.

DeSantis, al anunciar su propuesta en enero, hizo comentarios similares.

“No creemos que la Corte Suprema lo confirme, por lo que vamos a explorar formas de facilitar algunos juicios con pena de muerte si se trata de lo peor de lo peor”, dijo.

Los estatutos de la Florida ya establecen que la agresión sexual a un menor de 12 años es un delito punible con la pena capital, pero ha quedado sin efecto debido a los fallos de la Corte Suprema que prohíben la pena de muerte en estos casos. El proyecto de ley presentado el miércoles dice que la intención de la Legislatura es que se siga el procedimiento en el estatuto, que permite la pena capital.

Martin dijo que era hora que la Corte Suprema considere “la seguridad y el bienestar de nuestros niños pequeños”. Martin dijo que cree que la agresión sexual a un niño es peor que el asesinato, y como padre de tres hijos, preferiría que lo mataran a que alguien tocara a sus hijos.

“El objetivo de este proyecto de ley es disuadir a cualquiera que pudiera contemplar algo tan horrible y orientarlo en otra dirección”, dijo Martin.

Stephen Harper, fundador del Florida Center for Capital Representation de la Universidad Internacional de la Florida, dijo que el uso de la pena de muerte para casos distintos del asesinato está efectivamente prohibido desde un caso de la Corte Suprema de 1977, que fue reforzado en 2008.

“Es inconstitucional matar a alguien por cualquier delito que no sea asesinato en primer grado, punto”, dijo Harper. “No hay ninguna razón para que la Corte Suprema federal, por muy conservadora que sea, amplíe la ley sobre a quiénes se puede aplicar la pena de muerte”.

Otra propuesta de pena de muerte

La legislación propuesta también coincide con otro proyecto de ley que propone reducir el umbral para la pena de muerte de una recomendación unánime del jurado a una votación de 8 a 4. El senador Blaise Ingoglia, republicano de Spring Hill, y el representante Berny Jacques, republicano de Seminole, presentaron un proyecto de ley para cambiar el requisito del jurado.

La reducción de la proporción de votos del jurado es otra medida respaldada por DeSantis, quien ha expresado su indignación por la decisión de un jurado a favor de una cadena perpetua en lugar de una pena de muerte para el agresor de la escuela de Parkland. Tres de los 12 jurados votaron a favor de la cadena perpetua en lugar de la pena de muerte.

Pasar a una proporción de 8 a 4 daría a la Florida el umbral de pena de muerte más bajo de la nación. Solo Alabama tiene actualmente un requisito de jurado no unánime, de al menos una votación de 10 a 2 para la pena de muerte.

La legislación de Ingoglia y Jacques también restablece la posibilidad de que un juez anule la recomendación de un jurado de cadena perpetua y dicte en su lugar la pena de muerte.

Esto convertiría a la Florida en el único estado del país en permitir la anulación judicial, que la Florida permitía hasta que la Legislatura revisó las leyes en 2016. En el estatuto actual, los jueces de la Florida todavía pueden anular la recomendación de un jurado para la pena de muerte y dar una sentencia de cadena perpetua en su lugar.

Pero en el proyecto de ley presentado por Martin y Baker, la anulación judicial —ya sea en la dirección de la muerte o la vida— está prohibida.

El proyecto de ley presentado el miércoles dice que si una sentencia de muerte por agresión sexual es revisada y declarada inconstitucional por la Corte Suprema de la Florida o la Corte Suprema federal, el acusado debe ser sentenciado de nuevo a cadena perpetua.

La semana pasada, la Florida ejecutó al primer recluso en tres años. Donald Dillbeck, declarado culpable en 1991 y sentenciado a muerte en una votación 8 a 4 del jurado. Murió por inyección letal el 23 de febrero.