Florida pide a juez federal que reactive ley que impide a Planned Parenthood recibir fondos estatales

Citando el caso de la Corte Suprema que revocó el fallo del caso Roe vs. Wade, la procuradora general de la Florida presentó el miércoles una moción para restablecer parte de una ley de 2016 que bloqueaba los fondos estatales destinados a Planned Parenthood y otras organizaciones que hacen abortos.

En 2016, el entonces gobernador Rick Scott promulgó la Ley de la Cámara 1411, que prohibía en parte que el dinero estatal y local se destinara a cualquier institución que también hiciera abortos. Aunque el dinero estatal y local ya estaba prohibido para los abortos, parte del dinero estatal se destinaba a servicios proporcionados por las clínicas, como pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual y planificación familiar para personas de bajos ingresos.

El juez federal Robert Hinkle anuló la parte de la ley, alegando que disuadía inconstitucionalmente a las clínicas de practicar abortos.

En su solicitud de anulación de la medida cautelar anterior, la procuradora general Ashley Moody afirmó que la única razón del tribunal para bloquear la disposición eran las sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos, según las cuales el aborto es un derecho constitucional. La presentación dice que con la anulación de Roe vs. Wade por un caso de la Corte Suprema de junio, “la base legal para la orden judicial de este tribunal ya no existe”.

Moody argumentó que el juez federal desestimó la disposición porque falló que el estado estaba prohibiendo indirectamente el aborto.

“Dobbs, sin embargo, deja claro que no existe un derecho constitucional al aborto y que los casos de la Corte Suprema que sostienen lo contrario estaban ‘atrozmente equivocados desde el principio’”, dice la presentación de Moody.

La oficina del gobernador Ron DeSantis no respondió a primera hora de la tarde del miércoles a las preguntas enviadas por correo electrónico sobre cuánto gasta ahora el estado, si es que gasta algo, en organizaciones que también practican abortos. Un portavoz de Moody dirigió al reportero al Departamento de Salud y a la Agencia para la Administración de Servicios Médicos, que no respondió de inmediato el miércoles por la tarde.

En el año fiscal 2014-2015, el Departamento de Salud gastó alrededor de $139,000 en servicios no relacionados con el aborto con Planned Parenthood, y proyectó gastar alrededor de $163,000 en 2015-2016, según un análisis del proyecto de ley de 2016.

En su impugnación de la ley en 2016, Planned Parenthood dijo que podía perder $500,000, incluida la financiación del Medicaid para servicios como las pruebas de detección del VIH y el cáncer.

Stephanie Fraim, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood del suroeste y centro de la Florida, dijo en un comunicado que “el estado está poniendo en peligro la salud de los floridanos” al bloquear la financiación de Planned Parenthood. Dijo que su organización trabajaría para seguir proporcionando una atención asequible.

“Este es solo el más reciente ataque a la salud de las comunidades que dependen de nuestros proveedores, especialmente los negros y los hispanos, los jóvenes y las personas que son LGBTQ”, dijo Fraim. “Es inconcebible que los que están en el poder están restringiendo aún más la capacidad de los floridanos para llevar una vida sana y plena”.

La representante Anna Eskamani, demócrata de Orlando, trabajó para Planned Parenthood cuando se aprobó el proyecto de ley en 2016.

Dijo que los exámenes de cáncer y enfermedades que Planned Parenthood proporciona crean una comunidad más sana y reducen la tasa de abortos. Dijo que era “increíblemente asqueroso” ver a la administración de DeSantis tratar de eliminar la financiación de las clínicas cuando la Florida está sufriendo de altas tasas de personas infectadas con el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.