Florida congeló programa de ayuda para pagar facturas de electricidad

Había 91 grados de temperatura y Nicole Cannon no tenía electricidad en casa, por lo que sus tres hijos estaban sofocados por el calor.

La cocinera de hotel, de 38 años, también estaba sudando, en una larga y sinuosa fila al sol en un edificio gubernamental en Pompano Beach. En el otro extremo de la fila estaba la asistencia: un programa gubernamental que la ayudaría a pagar su factura de electricidad atrasada y le devolvería la luz —y el aire acondicionado— de inmediato.

“Soy madre soltera y necesito ayuda”, dijo Cannon. Era una de los cientos de personas que esperaban recibir ayuda de un programa gubernamental que funciona ininterrumpidamente desde los años 1980, llamado Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP).

Los gestores del programa afirman que la pandemia, junto con el aumento de las temperaturas, han hecho que este programa financiado íntegramente con fondos federales sea de un valor incalculable para los más de 175,000 hogares de la Florida que dependen de él para llegar a fin de mes cada año.

Pero a pesar de haber recibido el doble de fondos el año pasado —$170 millones en todo el estado—, el antiguo programa se detuvo a principios de este año después que la dependencia estatal encargada de distribuir el dinero tuvo dificultades financieras por razones que aún no están claras.

Los programas LIHEAP en todo el estado cerraron durante semanas o meses, dejando a miles de usuarios sin la ayuda que necesitaban. También provocó la preocupación de la dependencia federal que distribuye los fondos, que visitó la agencia estatal para una visita de supervisión en agosto.

El dinero comenzó a fluir de nuevo en julio, pero el Departamento de Comercio del estado, que gestiona el programa en todo el estado, aún no ha explicado porqué se produjo la confusión, o cómo se quedó sin fondos en abril después de años de financiación federal récord. La confusión se produjo en medio de unos años turbulentos para la dependencia, incluyendo múltiples cambios de liderazgo.

En un comunicado, la portavoz de FloridaCommerce Rose Hebert dijo que la interrupción se debió a la “demanda récord” y que hubo una solución burocrática relativamente rápida.

“En 2022 los floridanos de todo el estado experimentaron dificultades, incluyendo una inflación récord, dos grandes huracanes, incendios forestales y tornados que provocaron un número récord de familias en busca de ayuda temporal. Las Agencias de Acción Comunitaria y FloridaCommerce proporcionaron una cantidad récord de fondos para estos servicios, y FloridaCommerce trabajó rápidamente con la Legislatura de la Florida para garantizar la autoridad presupuestaria estatal adicional necesaria para abordar la demanda”, escribió.

Aunque los registros federales muestran que la Florida atendió a unos 20,000 hogares más en 2022 que el año anterior, en lo que va de este año, incluyendo el período de financiación retrasada, las solicitudes han disminuido en comparación con el año pasado.

A los activistas les preocupa que, sin las salvaguardas adecuadas, esto pueda volver a suceder, poniendo potencialmente en aprietos a los floridanos que dependen de este programa.

“Los contratiempos van a suceder. Como gobierno estatal, deberíamos esforzarnos más para garantizar que las personas que dependen de programas como este no sufran los impactos negativos de los contratiempos”, dijo Zayne Smith, directora de la Florida de la AARP. Dijo que el programa era “enorme” para muchos de sus miembros, que dependen de él para que les ayude a pagar los medicamentos y otros gastos crecientes.

“Como estado, deberíamos estar haciendo mejor las cosas para asegurar que estos programas no estén cayendo en el olvido”.

La disrupción también tuvo un impacto en las personas a las que se paga para distribuir el dinero, el personal de 30 dependencias del condado y sin fines de lucro en todo el estado conocidas como agencias de acción comunitaria. Cuando se conoció la noticia en abril, algunas se vieron obligadas a reducir personal y presupuesto.

“El estado puso a la Red de Acción Comunitaria en una situación incómoda y nos obligó a buscar la manera de satisfacer la demanda de los habitantes a los que atendemos y muchos de nosotros no pudimos. Eso es lamentable”, dijo Tim Center, director ejecutivo de la Agencia de Acción Comunitaria del Área de la Capital, la dependencia con sede en Tallahassee encargada de distribuir los fondos para este programa.

“De buena fe, seguimos trabajando con el estado con la esperanza de que los cambios que están implementando eviten que esto vuelva a ocurrir”, dijo.

Una fila sofocante

Tal vez una de las mejores maneras de entender lo vital que es este programa para muchos floridanos fue la escena que se produjo el mes pasado en el exterior de un edificio gubernamental del Condado Broward, donde una fila de personas bajo un sol sofocante rodeaba el edificio y llegaba hasta el estacionamiento.

Cuando la financiación se reanudó en julio después de una pausa de tres meses, los habitantes necesitados de ayuda se presentaron en masa para solicitar financiación en el Annie L. Weaver Health Center, en Pompano Beach.

Funcionarios de Broward dijeron que nunca habían visto nada igual y se apresuraron a encontrar maneras de mantener frescas a los cientos de personas en fila mientras esperaban ayuda. Los funcionarios indicaron a la gente que esperara en sus autos, si los tenían, y arrastraron todas las sillas de oficina del edificio a cualquier espacio común con aire acondicionado que pudieron encontrar.

Aun así, el calor era agobiante. Los paramédicos acudieron al lugar para atender al menos a dos personas que se sintieron mareadas por las temperaturas récord que sacudían el sur de la Florida.

Pero para muchos que esperaban ayuda, no había otra opción.

A la sombra de una tienda de campaña levantada por el personal del Condado Broward, Lorna Weir, de 65 años, estaba sentada en su silla de ruedas, en espera que el Seguro Social le facilitara una información que necesitaba para su solicitud. Weir dijo que su factura de electricidad era de unos $500 al mes, debido al tanque de oxígeno, el nebulizador y las máquinas CPAP que usa a diario.

Dijo que el programa ha sido “muy útil” para llegar a fin de mes, especialmente con el aumento del costo de sus medicamentos. El calor extremo que hace últimamente ha empeorado su enfermedad.

“Tengo que quedarme en interiores”, dijo.

Ese día de julio, más de 400 personas presentaron solicitudes, lo que mantuvo a una docena de empleados de Broward ocupados durante horas, dijo Natalie Moffitt, directiva del Condado, que supervisa lo que dijo es uno de los programas de asistencia más populares del condado.

“Vemos un pico en los meses de verano, las necesidades y las solicitudes aumentan en esta época del año”, dijo. “Los niños no van a la escuela, hace más calor y aumenta el consumo. Son las familias que menos pueden permitírselo”.

Y, sin embargo, durante al menos tres meses de este año, no pudieron obtener esa ayuda.

“Nunca obtuve una respuesta clara [de FloridaCommerce] sobre el motivo”, dijo Moffitt.

Turbulencias y una auditoría

La reciente disrupción es el problema más visible con un programa que, según el estado, ha crecido en popularidad en los últimos años.

Y mientras que los últimos tres años han visto una financiación federal récord para el programa de asistencia energética de la Florida, también han ido acompañados de un período de agitación récord para la dependencia a cargo de la distribución de ese dinero a las personas que lo necesitan.

El Departamento de Oportunidades Económicas, ahora llamado FloridaCommerce, enfrentó un intenso escrutinio en 2020 sobre su sistema de beneficios por desempleo, un salvavidas para muchos floridanos repentinamente sin trabajo a principios de la pandemia.

Desde entonces, el departamento había tenido cuatro líderes, el más reciente de los cuales, Alex Kelly, subjefe de gabinete del gobernador Ron DeSantis, fue designado para dirigir el departamento en mayo. Pero a principios de este mes, Kelly fue nombrado nuevo jefe de gabinete en funciones del gobernador, lo que dejó al recién nombrado departamento sin un jefe permanente una vez más.

Varios miembros del personal, incluidos algunos que gestionaron el programa LIHEAP durante años, también han dejado el departamento en este período.

Con menos personal, el departamento también ha recibido una financiación mucho mayor –a veces el doble– para el programa de electricidad. Y, sin embargo, en abril, el departamento tuvo que hacer una solicitud de presupuesto de emergencia a la legislatura de la Florida. El programa no se quedó sin dinero, sino sin permiso para gastarlo, algo que controla la Legislatura.

Aunque la legislatura accedió rápidamente a esa petición, el departamento no pudo reembolsar a ninguna de las agencias de acción comunitaria hasta que se reanudó la financiación en julio. Eso no fue lo suficientemente rápido para algunas de las agencias en todo el estado encargadas de la distribución de la financiación.

Broward despidió a 14 empleados temporales el mismo día que el departamento les notificó el problema presupuestario. Solo se ha vuelto a contratar a cuatro. Cuando los fondos volvieron a estar disponibles en julio, Moffitt dijo que se vieron obligados a rechazar a algo más de 1,000 personas que buscaban ayuda.

Miami-Dade también rechazó a casi 500 personas, pero ambos condados pudieron enviar a unas 600 personas a un programa alternativo gestionado por Florida Power & Light.

En Tallahassee, la agencia del Center limitó la ayuda ofrecida a los casos más graves: ancianos, discapacitados y personas con niños pequeños en casa.

La disrupción también despertó el interés de la dependencia federal que distribuye el dinero, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Funcionarios del Departamento se reunieron con el estado, así como con varias agencias de acción comunitaria, a principios de agosto para preguntarles cómo funciona la financiación en la Florida.

El HHS no accedió a una entrevista con el Herald, pero en un comunicado, dijo que la auditoría de agosto fue una “visita de supervisión estándar” para “asegurar que todos los requisitos federales se están cumpliendo”.

“El HHS se dedica a garantizar que los fondos asignados por el Congreso se distribuyan adecuadamente a sus destinatarios, según los estatutos y reglamentos federales aplicables. El HHS está trabajando estrechamente con el Departamento de Oportunidades Económicas de la Florida (DEO) y continúa proporcionando una amplia capacitación y asistencia técnica para ayudar al estado a cumplir sus obligaciones”, dice el comunicado.