Fiscales federales emprenden acciones contra soborno entre el sur de Florida y Latinoamérica

Un ex banquero del sur de la Florida condenado por fraude financiero fue acusado de nuevo en un caso de corrupción en el extranjero que alega que él y otros pagaron cientos de miles de dólares en sobornos a funcionarios hondureños para asegurar más de $10 millones en contratos para uniformes policiales para una empresa estadounidense, dicen autoridades federales.

Aldo Néstor Marchena, ex gestor de activos del Wells Fargo Bank, huyó de Estados Unidos en 2021 tras ser sentenciado a casi cuatro años por un cargo de fraude electrónico en el que se le acusaba de robar casi $1 millón a un cliente, según los registros judiciales. Marchena, de 50 años y anteriormente de Boca Ratón, fue arrestado el año pasado por las autoridades colombianas.

Ahora Marchena ha sido encausado de nuevo por confabularse con Carl Alan Zaglin, propietario de una fábrica de uniformes y accesorios para las fuerzas del orden del área de Atlanta. Juntos, están acusados de pagar al menos $166,000 en sobornos a través de cuentas bancarias del sur de la Florida al ex director de una dependencia gubernamental hondureña y a otros funcionarios que adquirían uniformes para la Policía Nacional, según el encausamiento presentado ante un tribunal federal de Miami.

Marchena está a la espera de ser extraditado de Colombia por el caso anterior de fraude financiero y un cargo relacionado con el incumplimiento de su fianza, dijo su abogado defensor, José Castañeda, al Miami Herald el jueves. Castañeda no le representa en el caso de corrupción hondureño.

Zaglin, de 68 años, propietario de Atlanco, en Marietta, Georgia, fue arrestado a mediados de diciembre y se declaró inocente de los cargos de confabulación, corrupción en el extranjero y lavado de dinero. Quedó en libertad bajo fianza de $1.35 millones.

Su abogado en Miami, Robert Pérez, emitió un comunicado diciendo que Zaglin “es inocente de estos cargos”.

“Esperamos impugnar estos cargos en los tribunales”, dijo Pérez el jueves, declinando hacer más comentarios debido a la causa penal pendiente.

¿Cómo se descubrió la trama de corrupción?

Zaglin, Marchena y otras personas relacionadas con la empresa de suministros policiales del área de Atlanta están acusados de conspirar para sobornar a funcionarios del gobierno hondureño, entre ellos Francisco Roberto Cosenza Centeno, ex director ejecutivo de la entidad gubernamental hondureña conocida como TASA. Cosenza, de 65 años, el tercer acusado en el encausamiento de corrupción en el extranjero, ha sido designado fugitivo junto con Marchena, según los registros del tribunal federal.

Entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, Marchena, Zaglin y otros obtuvieron más de $10 millones en contratos para uniformes del gobierno hondureño y usaron parte de los ingresos para realizar los pagos de sobornos a Cosenza y otros funcionarios, según el encausamiento. En un esfuerzo por ocultar los pagos de sobornos, Marchena, Zaglin, Cosenza y otros lavaron los ingresos a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice, según el encausamiento.

La trama de corrupción hondureña se descubrió después de que fiscales federales presentaran cargos previos contra un empresario del sur de la Florida, su padre y otras personas que pagaron sobornos a funcionarios del gobierno de Bolivia para obtener un contrato de gas lacrimógeno.

Bryan Berkman, ex presidente ejecutivo de Bravo Tactical Solutions en Tamarac; su padre, Luis Berkman, y otro empresario fueron condenados por pagar más de $1 millón en sobornos a funcionarios bolivianos de alto rango para obtener un contrato de defensa de gas lacrimógeno de $5.6 millones con el gobierno conservador de la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, quien sucedió al líder socialista Evo Morales en 2019.

Como parte de sus acuerdos de culpabilidad, los Berkman no solo ayudaron al fiscal federal Eli Rubin a fundamentar el caso de los gases lacrimógenos bolivianos, sino que más tarde le proporcionaron evidencia adicional en la investigación de los uniformes para la policía hondureña, según sus abogados defensores.

Los Berkman tenían información privilegiada porque trabajaban para la empresa de suministros policiales de Zaglin en el área de Atlanta y estuvieron implicados en la presunta trama de sobornos hondureña, según el encausamiento. El padre y el hijo también están emparentados con Marchena.

Pero debido a su cooperación con la Fiscalía Federal y con Investigaciones de Seguridad Nacional, el padre y el hijo no fueron acusados en el segundo caso, aunque fueron nombrados como “coconfabulados”.

“Luis Berkman y su hijo, Bryan, son nombrados en el encausamiento [hondureño] porque cooperaron y proporcionaron evidencia material que condujo a este [segundo] encausamiento”, dijo el abogado defensor de Luis Berkman, Joseph DeMaria, ex fiscal federal. “Así es como se supone que funciona el sistema cuando un acusado se declara culpable y acepta ayudar al gobierno”.

En junio de 2022, Luis Berkman fue sentenciado a 38 meses de cárcel, pero posteriormente la sentencia se redujo a 32 meses por su cooperación. DeMaria dijo que su ayuda adicional en el caso de corrupción hondureño debería calificarlo para un tiempo de prisión aún menor, lo que posiblemente lo llevaría a ser liberado este año. Su cliente también enfrenta 16 meses de reclusión domiciliaria como parte de su libertad condicional.

El abogado defensor de Bryan Berkman, Michael Nadler, ex fiscal federal, coincidió con DeMaria. Bryan Berkman fue sentenciado inicialmente a 28 meses en el caso boliviano, que se redujo a 21 meses por su cooperación. Ha sido puesto en libertad y cumple 16 meses de reclusión domiciliaria como parte de su libertad condicional.

“Mi cliente asumió de inmediato la responsabilidad y aceptó las consecuencias de sus actos”, dijo Nadler. “Al hacerlo, cooperó plenamente y proporcionó información veraz que ayudó sustancialmente al gobierno”.