Fiscal pide a tribunal de Texas que anule indulto a exsargento que mató a manifestante

Daniel Perry, quien fue convicto de matar a tiros a un manifestante de Black Lives Matter, en el tribunal de Austin, Texas, el 10 de mayo del 2023. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP, Pool, File)

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Un fiscal le pidió la Corte de Apelaciones Criminales de Texas que anule el indulto del gobernador a un exsargento del ejército que fue condenado por matar a tiros a un manifestante de Black Lives Matter.

El fiscal del condado Travis, José Garza, y la familia de Garrett Foster, asesinado en julio de 2020, han calificado de burla política al sistema legal el indulto total del gobernador republicano Greg Abbott a Daniel Perry un año después de su condena.

Perry fue declarado culpable y condenado a 25 años de prisión en mayo de 2023 por matar a Foster durante una manifestación en el centro de Austin.

Perry, de raza blanca, trabajaba como conductor de vehículos compartidos cuando su coche se acercó a la manifestación. Los fiscales dijeron que pudo haberse alejado de la confrontación con Foster, un veterano blanco de la Fuerza Aérea que, según los testigos, nunca levantó su arma.

Un jurado condenó a Perry por asesinato, pero Abbott dijo que había actuado en defensa propia, citando la ley “Stand Your Ground” de Texas. Abbott ordenó a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas que revisara el caso de Perry y le concedió el indulto total el mes pasado, a pesar de las objeciones de la familia de Foster y de los fiscales. Perry salió rápidamente de prisión.

El mes pasado, 14 fiscales generales demócratas de todo el país emitieron una petición similar, afirmando que el Departamento de Justicia de Estados Unidos debería investigar si Perry negó a Foster su derecho a la libertad de expresión y a manifestar pacíficamente.

Una investigación federal podría exponer a Perry a cargos federales. "El Departamento de Justicia ha utilizado históricamente las leyes federales de derechos civiles para perseguir los actos de odio, especialmente cuando las autoridades estatales se niegan a responsabilizar a alguien por violar los derechos civiles de sus conciudadanos”, afirmaron.