Yahoo Noticias Fiscal General de Ecuador denuncia que es víctima de amenazas de muerte
La Fiscal General de Ecuador denunció el miércoles que recibió amenazas de muerte de personas ligadas al llamado caso Metástasis que investiga la penetración en altas estructuras estatales de bandas criminales vinculadas con el narcotráfico.
Diana Salazar indicó que bandas criminales “están adquiriendo las mismas municiones” y que han designado al mismo grupo que asesinó en agosto al candidato presidencial Fernando Villavicencio “para acallar a la Fiscal”, al referirse a las intimidaciones en su contra pero sin especificar a qué implicados se refería.
Los detenidos por el crimen de Villavicencio fueron asesinados en la cárcel meses atrás.
“Es momento de decirle a todo el Ecuador que la justicia no estará de rodillas”, añadió mientras pedía a la Corte de Justicia la vinculación de otras ocho personas al caso Metástasis.
Durante una audiencia relacionada con la causa penal, la funcionaria identificó al grupo de delincuencia organizada “Los Lobos”, considerado por las autoridades ecuatorianas como uno de las más grandes del país y vinculado a organizaciones criminales transnacionales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, de planificar un atentado contra su integridad y la de su familia.
Salazar aseguró que se tiene identificados a los integrantes de la agrupación criminal “a quienes responden los miembros de esta organización”.
El esquema de corrupción fue develado por Salazar a mediados de diciembre cuando señaló que grupos del crimen organizado y el narcotráfico liderados por el capo Leandro Norero, alias “El Patrón”, habían montado una estructura para sobornar e intimidar a jueces, fiscales, policías, abogados y otros funcionarios a cambio de fallos que lo favorezcan a él y su familia.
Autoridades locales, periodistas y políticos también fueron mencionados, por el cual la fiscal procesó inicialmente a 31 personas.
La amenaza se conoció un día después de que el presidente Daniel Noboa enviara a la Corte Constitucional para su aprobación un pliego de 11 preguntas para una consulta sobre el combate a la delincuencia y que los analistas consideraron insuficiente para contener la escalada de violencia en el país andino.
La consulta también incluye preguntas sobre el endurecimiento de las penas para ciertos delitos y la evaluación de los jueces.
Hace menos de un año, en febrero de 2023, el anterior gobierno de Guillermo Lasso también llevó a las urnas una consulta popular sobre seguridad que fue rechazada por los ecuatorianos.
En cadena nacional Noboa explicó que entre los principales objetivos de la consulta popular están la autorización para que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra la delincuencia y mayor protección legal para policías y militares. “Estamos cansados de que haya mayor protección para los delincuentes”, puntualizó el mandatario.
El analista de seguridad y catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Diego Pérez, dijo a AP que “por sí sola la consulta popular no logra nada” ya que descuida el centro del problema que es el fortalecimiento y la depuración de las instituciones.
En ese sentido, el analista y profesor de la universidad Andina, Gustavo Isch, aseveró que “con lo que (el gobierno) está proponiendo en la consulta, ni con las acciones que está desplegando, no logra obtener resultados”. “Se esperaba algo mucho más profundo”, añadió.
En contraste, el exjefe de inteligencia del ejército, Mario Pazmiño, aseguró que Ecuador está desbordado y es “vital tomar nuevas acciones y correctivos, uno de los cuales es la consulta popular para agilizar las acciones”, que permitan reformar un marco garantista “no de derechos sino de impunidad” del crimen organizado.
El consultor afirmó a AP que si los ecuatorianos dicen que “no” a la consulta “lamentablemente tendremos que convertirnos en un Estado fallido”, agregó.
Entre las 11 preguntas están la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales y realicen controles permanentes en rutas y vías. También se busca incrementar las penas para delitos como terrorismo, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, lavado de activos y minería ilegal, entre otros.
Además, se propondrá una evaluación de los magistrados y de sus declaraciones patrimoniales.
Noboa, un político millonario, asumió el poder hace poco más de un mes con la promesa de revertir la escalada de violencia considerada la peor de la historia de Ecuador y para ello ofreció realizar una consulta popular en los primeros 100 días de su gobierno. Si es aprobado por la Corte Constitucional, el plebiscito se realizaría a inicios de marzo, según ha señalado el mandatario.
Le quedarían apenas dos meses de mandato.
Ecuador se ubica entre los países más peligrosos de la región y cerró 2023 con cerca de 7.600 asesinatos, muy por encima de los 4.600 de 2022, cuando ya había duplicado su récord.
Hechos inéditos de violencia política como el crimen de Villavicencio en agosto de 2023 o el de un alcalde en julio, ahora mencionado en la investigación del cao Metástasis, conmocionaron al país y al mundo.
Según las autoridades, la espiral de violencia es producto de la disputa por el control de rutas para el narcotráfico entre grupos vinculados con grandes mafias transnacionales.
