La fiscalía de Perú pide cárcel preventiva para policía por muerte de manifestante en protestas

LIMA (AP) — La fiscalía peruana pidió el lunes cárcel preventiva para un policía por la muerte de un manifestante en las protestas contra el gobierno de hace un año, la primera medida cautelar de este tipo requerida desde que comenzaron las investigaciones por las muertes de 49 civiles.

El uniformado, de 27 años, enfrenta una causa penal como “autor directo del homicidio calificado con alevosía” de un estudiante de gastronomía de 22 años, que resultó primero herido y tras 69 días en el hospital murió a causa de un “traumatismo abdominal".

Según datos de la necropsia y un examen de balística de la propia policía, la víctima recibió más de 30 perdigones de plomo, que se habían incrustado en sus intestinos e hígado. Los médicos lo operaron tres veces y recortaron sus intestinos dañados, lo que le impidió comer de forma natural otra vez.

La fiscal Mirela Coronel, del equipo especial para casos con víctimas durante las protestas sociales, envió un oficio a un juzgado de investigación de la Corte Superior de Justicia donde solicitó prisión preventiva para el agente Joe Torres, de 27 años, integrante de una sub-unidad policial élite de acciones tácticas, de acuerdo a la copia de un documento fiscal visto por The Associated Press.

El 11 de enero, en medio de las protestas que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Parlamento, una cámara de seguridad de un hotel en la ciudad de Cusco grabó cómo un policía disparó su escopeta de perdigones por la espalda y a corta distancia al estudiante de cocina Rosalino Flores, quien cayó al piso retorciéndose de dolor.

El video se viralizó convirtiéndose en el caso más contundente donde se mostraba cómo un miembro de las fuerzas de seguridad peruanas atacaba a un civil desarmado, de espaldas y a corta distancia.

Juan José Quispe, un abogado experto en derechos humanos del peruano Instituto de Defensa Legal, dijo que el caso de Rosalino Flores “es el que tiene la evidencia más clara porque hay un video donde se observa cómo el policía le dispara por la espalda”. Añadió que el caso ha sido declarado complejo por lo que durará ocho meses para seguir investigándose y luego vendrá la acusación contra dos policías.

En el documento de 55 páginas, la fiscal traslada al juez que a partir del video de la cámara de seguridad y otros videos captados por la prensa, se concluyó que el posible autor del disparo era el agente Torres, de 1,80 metros de estatura, quien vestía un casco de color verde, gafas protectoras levantadas por encima del rostro, guantes y una rodillera derecha de protección verde que se le había caído hasta el tobillo.

La fiscal Coronel también indica que, en noviembre, cuando llamó a policía implicado como parte de las pesquisas indagatorias, éste guardó silencio. Tampoco asistió cuando iba a ser sometido a pruebas para obtener muestras de cotejo. Después se supo que comenzó a faltar a su trabajo y no ha sido hallado en su domicilio, ni su familia sabe de su paradero.

La AP intentó contactarse con la defensa del agente Torres sin obtener respuesta al momento.

La fiscal también pidió al juzgado la comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para el superior del agente Torres, el coronel Edson Cerrón, quien era el encargado de las operaciones en la zona donde ocurrió la muerte del estudiante de Gastronomía.

Las protestas contra la presidenta Dina Boluarte se iniciaron el 7 de diciembre de 2022, el día en que asumió el poder luego que el anterior mandatario Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso y encarcelado después que intentara disolver el Parlamento y gobernar por decreto.

Las manifestaciones se sucedieron hasta marzo sobre todo en las regiones del sur peruano, de mayoría indígena y donde Castillo había arrasado en las elecciones presidenciales de 2021.

Los informes de organismos internacionales destacan que durante las protestas contra el gobierno de Boluarte se registraron 49 civiles muertos. Al menos 30 de ellos, según las autopsias, a causa de armas de fuego o perdigones. Presentaban heridas mortales en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza, el pecho, la espalda o el abdomen.

La mayoría de muertes se produjeron en Puno, Ayacucho, Cusco y Apurímac, tres regiones de los Andes con población mayoritariamente indígena.

Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional coincidieron en que las fuerzas de seguridad peruanas violaron derechos humanos, usaron armas de fuego y torturaron durante las manifestaciones.

La mandataria, quien tiene una popularidad de 8% en noviembre, según el Instituto de Estudios Peruanos, no se ha referido recientemente a los muertos en protestas.