Yahoo Noticias FGR niega investigaciones contra Amílcar Olán, presunto socio de hijos de AMLO, pese a denuncias
La Fiscalía General de la República (FGR) niega tener investigaciones abiertas en contra de Jorge Amílcar Olán Aparicio, presunto socio de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, implicado en un caso que involucra supuestas contrataciones irregulares con los gobiernos morenistas de Tabasco y Quintana Roo para la venta de medicamentos y material de curación por 490 millones de pesos.
De acuerdo con expedientes judiciales del caso consultados por Animal Político entre las instituciones que han negado tener alguna investigación en contra de Amílcar Olán por este caso están la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOR), entre otras.
Mientras que diversos administradores y jueces de los reclusorios federales Norte, Sur y Oriente de la Ciudad de México niegan haber girado órdenes de aprehensión contra Amílcar Olán.
Desde el pasado 21 de diciembre de 2023, la diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño presentó diversas denuncias ante la FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se investigue a Olán Aparicio y las presuntas irregularidades, que fueron reveladas por el portal de noticias Latinus y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con la información, Romedic, empresa propiedad de Amílcar Olán ganó contratos entre 2020 y 2022 por más de 490 millones de pesos para surtir de material médico a los gobierno de Mara Lezama en Quintana Roo y Adán Augusto López en Tabasco, pese a ser una empresa de reciente creación y que se encontraba señalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por ser un distribuidor irregular de medicamentos.
A su vez, para contratar a Romedic, tanto los gobiernos de Tabasco como de Quintana Roo supuestamente emplearon recursos públicos que provenían del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), organismo que nació con la intención de ofrecer atención gratuita y medicamentos a las personas sin seguridad social en el país, pero que desapareció para darle paso a lo que hoy se conoce como IMSS-Bienestar.
Amílcar Olán solicita amparo contra investigaciones y órdenes de aprehensión
El 6 de diciembre de 2023, la organización MCCI publicó el reportaje Del INSABI a gobiernos morenistas: así beneficiaron recursos federales a empresa de amigo de Andy López Beltrán en la que se dio cuenta de las diversas irregularidades en la contratación de Romedic para surtir de medicamentos y materiales de curación a los gobiernos morenistas de Tabasco y Quintana Roo.
El 12 de diciembre de 2023, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño denunció ante la FGR los presuntos actos de corrupción que involucraban a Andrés Manuel López Beltrán, identificado en los reportajes como “Andy”, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por esta razón, el 23 de enero de 2024, la empresa Romedic presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) acusando “la negativa del Ministerio Público de citar o hacer comparecer a fin de hacer de su conocimiento los hechos que se investigan dentro de una carpeta de investigación [a Amílcar Olán] y la negativa de permitir el acceso irrestricto al contenido de la carpeta de investigación aun cuando la persona no hubiera sido formalmente imputada”.
En el argot judicial a este tipo de amparos se les conoce como “amparos rastreadores”, pues se tramitan ante diversas autoridades con la intención de conocer si existe algún procedimiento judicial iniciado en su contra.
Luego de la presentación de la demanda, la organización MCCI evidenció que fue presentada por el apoderado legal de Romedic, Jaime Augusto Priego Rodríguez, quien es hermano del actual delegado de Programas del Bienestar de Tabasco, Arturo Enrique Priego Rodríguez.
El asunto fue ingresado al Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mismo órgano que el 24 de enero pasado solicitó a la empresa Romedic ampliar “los antecedentes de los actos reclamados debiendo señalar bajo protesta de decir verdad el número de carpeta de investigación a la cual refiere no se le ha permitido el acceso”.
Los datos del Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) consultados por Animal Político refieren que luego de que la empresa respondió al requerimiento del juzgado de distrito, el 1 de febrero de este año, el juez José Elías Pacheco Martínez aceptó a trámite la demanda de amparo, registrándola bajo el número de expediente 38/2024.
Sin embargo, debido a una “causa manifiesta e indudable de improcedencia”, el juez decidió desechar la demanda de amparo respecto a la negativa del Ministerio Público para darle acceso a su carpeta de investigación y sólo admitirla respecto a “la orden de aprehensión”.
Además, el juzgado otorgó una suspensión provisional, aunque no de plano, contra la orden de aprehensión, así como su ejecución, debido a que la defensa de Amílcar Olán supuestamente no comprobó que el acto reclamado “se esté llevando a cabo fuera de procedimiento”.
Luego de la resolución del juez de desechar la demanda de amparo respecto a la negativa para darle acceso a su carpeta de investigación es que el 12 de febrero de 2024, un nuevo representante legal autorizado por Amílcar Olán, Carlos Adrián García Amaya, tramitó una queja, misma que fue admitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registrándola bajo el expediente 50/2024.
Autoridades responsables niegan investigaciones y órdenes de aprehensión
Debido a la queja presentada por el equipo legal de Amílcar, el juicio quedó suspendido durante dos meses y 10 días, hasta el 22 de abril de 2024, cuando el Tribunal Colegiado calificó como “fundado” el recurso de queja presentado por García Amaya e indicó que “al haberse resuelto ya dicho medio de impugnación, se levanta la citada suspensión y se reanuda el procedimiento”.
A partir de ese momento, el juez reanudó las solicitudes a las autoridades responsables para que rindieran el llamado “informe previo” – documento en el que las autoridades deben responder si es cierto o no el acto por el que se les acusa-.
Anteriormente, autoridades como los administradores de los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF) en la Ciudad de México con residencia en el Reclusorio Sur, Norte y Oriente habían contestado sus informes previos declarando “en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados”.
También lo hicieron diversos directores de amparo en ausencia del titular de la Policía Federal Ministerial y el titular de la Agencia de Investigación Criminal, así como el jefe de la Policía Federal Ministerial, adscrito a la AIC de la FGR, negando las acusaciones.
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Sin embargo, desde el 2 de mayo y hasta ayer 9 de mayo de 2024 los informes de diversas autoridades responsables comenzaron a llegar por montones, todos rechazando tanto la negación para acceder a la carpeta de investigación como a las órdenes de aprehensión.
Tal es el caso de los directores de amparo en representación de la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda, de la misma FEMDO y el titular de la Fiscalía de Delitos Fiscales en suplencia por ausencia del Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero de la FECOC, además de las fiscalías especializadas antes mencionadas.
Además, jueces de distrito como Gustavo Aquiles Villaseñor, Gerardo Genaro Alarcón López, José Rivas González y Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, del Reclusorio Norte; cuatro jueces más del Reclusorio Sur y otras autoridades del Reclusorio Oriente negaron los señalamientos.
En los próximos días se espera que más autoridades respondan a la solicitud de enviar sus informes previos al juez, quien una vez que reciba todos los documentos deberá fijar una fecha para la audiencia constitucional en que la deberá definir si concede o no el amparo a Amílcar Salazar.
AMLO defiende a su hijo y salen más investigaciones en su contra
Dos días después de que MCCI diera a conocer la investigación sobre Amílcar Olán Aparicio, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de su hijo y aseguró que no está vinculado a los supuestos contratos que Romedic recibió del gobierno de Quintana Roo.
“Acaban de sacar un reportaje estos de Claudio X. González que mi hijo Andrés tiene un amigo y ese amigo recibió contratos en Quintana Roo y qué barbaridad, pues yo soy amigo de muchísima gente que recibe contratos”, dijo AMLO en su conferencia matutina.
De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, de Latinus, para hacer dicho reportaje tuvieron acceso a 40 horas de grabaciones telefónicas y documentos que presuntamente vinculaban a López Beltrán con Olán Aparicio, razón por la cual el mandatario federal también acusó al medio de espionaje.
“¿Qué tiene que ver mi hijo? Díganme ustedes, si demostraran de que él es socio de la empresa que hay un escrito donde él le pide al gobierno de Quintana Roo que le den el contrato, él recomienda. Claudio X. González y sus secuaces hacen espionaje, que den a conocer la grabación donde Andrés le pide el favor a un funcionario para que le entreguen el contrato. Nada. Es nada más porque supuestamente es amigo del que recibió el contrato y un escándalo mayor, pues no, no somos corruptos, mi hijo Andrés no es como Loret de Mola, así de sencillo”, dijo el mandatario.
Sin embargo, los señalamientos contra el hijo del presidente no terminaron ahí. Días después, el 14 de diciembre de 2023, MCCI publicó la investigación Amigo de Andy hace negocio millonario en Dos Bocas en la que señaló que Amílcar Olán compró en tan solo un millón de pesos un terreno de 180 hectáreas, precio muy por debajo del valor comercial, que era rentado por la empresa ICA Flour, una de las mayores contratistas de la refinería Dos Bocas.
De acuerdo con la escritura obtenida por la organización, dicha compra se realizó el 7 de diciembre de 2018, tan solo seis días después de iniciado el gobierno del presidente López Obrador.
Más tarde, el 15 de enero de 2024, MCCI volvió a publicar otra nota titulada Amigo de Andy hace negocios con contratista de Pemex, en la que se mostró la compra de otro terreno de mil metros cuadrados en tan solo un millón 500 mil pesos, terreno que pertenecía a Luis Carlos Vizcarra Millán, dueño de la empresa Perfolat que ha ganado contrato multimillonarios con Pemex en la actual administración.
Finalmente, el 4 de abril de 2024, MCCI publicó otra investigación titulada Nuevo audio: Amílcar Olán afirma que hijo de AMLO le prometió unas minas en Oaxaca, en el que se exhibió un audio -sin editar- entre Amílcar y otro interlocutor, quienes hablan sobre una nueva oferta de mina en Oaxaca para producir balasto.
Esta última investigación fue especialmente importante debido a que, en días anteriores, se había expuesto que los hijos del presidente López Obrador presuntamente habían hecho negocio con la compra-venta del balasto, mineral utilizado para colocar los rieles del Tren Maya, en Cancún, Quintana Roo.
Precisamente, después de estas revelaciones, Amílcar Olán presentó una demanda de amparo contra las intervenciones telefónicas y localización geográfica en tiempo real, de las que asegura haber sido víctima.
La demanda fue presentada en contra de un juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún y diversas autoridades, a quienes Olán Aparicio señala también por el acceso a datos conversados por concesionarios de telecomunicaciones.
De esta forma, el empresario responsabilizó al PJF de los audios que han sido exhibidos, por lo que el juez que estudiará su demanda de amparo le solicitó que narre todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación a la supuesta intervención de comunicaciones privadas, localización geográfica en tiempo real y el acceso de datos conservados por concesionarias de telecomunicaciones, razón por la cual no fijó fecha de audiencia en tanto Olán Aparicio no responda el requerimiento.
