Federales en el sur de Florida piden ayuda a la comunidad haitiana para enfrentar tráfico de armas a Haití

Los agentes federales que investigan el flujo ilegal de armas, drogas y contrabando entre Estados Unidos y Haití están pidiendo ayuda a la comunidad haitiana del sur de la Florida para acabar con la violencia de las pandillas que alimenta la inestabilidad en el inestable país caribeño.

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la rama de investigaciones penales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se reunieron el viernes con destacados líderes haitianoamericanos del área metropolitana de Miami en la oficina de la agencia.

“¿Qué nos falta? ¿Cómo podemos llegar más lejos? ¿Cómo conseguimos una mejor conectividad con la comunidad haitiana de aquí?”, le dijo Anthony Salisbury, agente especial a cargo en HSI Miami, a una sala repleta de invitados. “No vamos a solucionar el problema con arrestos. Tenemos que unirnos como comunidad”.

La reunión, de la que Salisbury dijo que era una entrada en un diálogo más profundo con los haitianos que viven en el sur de la Florida, ocurre en un momento que Haití está inmerso en una crisis que amenaza con derrocar a su gobierno y sumir al país aún más en una crisis humanitaria.

Desde el 29 de febrero, pandillas armadas han atacado instituciones clave, liberado a miles de presos de dos cárceles y tomado comisarías y vecindarios de todo Puerto Príncipe. A pesar de haber conseguido una de sus principales reivindicaciones, la destitución del primer ministro Ariel Henry, los grupos armados han continuado sus ataques.

Durante la ola de violencia más reciente, que ha desplazado a decenas de miles de personas de sus hogares, el papel de las redes criminales de Estados Unidos que suministran armas de fuego y munición a las pandillas de Haití ha acaparado la atención tanto de los miembros de la comunidad haitiana como de las autoridades estadounidenses.

Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los puertos del sur de la Florida se han convertido en un punto de tránsito clave para el flujo ilegal de armas, siendo Estados Unidos la principal fuente de armas y municiones que van a parar a Haití.

El viernes, Salisbury describió la región como el “punto de estrangulamiento” del contrabando ilícito de armas de fuego hacia Haití, al tiempo que reconocía los profundos lazos entre el país y el sur de la Florida, donde vive la mayor comunidad haitiana de Estados Unidos.

“Si alguien se da un golpe en Haití, lo sentimos en Miami”, dijo.

Durante el debate, Salisbury destacó algunas de las incautaciones de su agencia, como cocaína, marihuana y armas de fuego metidas en el techo de autos, cajas de cereales y barcos. Los agentes también expusieron algunos de los retos que plantea el control de mercancías a lo largo de río Miami, ya que los barcos suelen transportar grandes volúmenes de carga empaquetada individualmente. HSI dijo que detectó un aumento del flujo de armas y municiones ilegales hacia Haití en agosto de 2022, cuando anunció una ofensiva contra el comercio de armas en el mercado negro del sur de la Florida.

Salisbury dijo a la audiencia que los agentes de HSI eran eficaces en la identificación de quién estaba y quién no estaba involucrado en actividades delictivas y que el objetivo final era desmantelar las redes y procesar a los autores intelectuales; sin embargo, algunos de los asistentes, como el reverendo Luke Harrigan, de Grace Haitian Baptist Church, expresaron su preocupación por el hecho de que sean los “pequeños”, que sin saberlo acaban con contrabando ilícito en sus embarcaciones, los que cargan con las culpas de los líderes de las redes delictivas.

Aun así, Salisbury subrayó que contar con la ayuda de la comunidad es fundamental para ayudar a los agentes a aumentar las incautaciones y detener el flujo de armas. El llamamiento fue bien recibido por algunos de los invitados, como la jefa de Policía de North Miami, Cherise Gause. Gause, la primera haitianoameriana que dirige la Policía de esa municipalidad, dijo que esperaba tener más oportunidades de compartir información. Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva y rectora de Miami Dade College (MDC) Malou Harrison animó a las universidades y a los estudiantes a tener más oportunidades de conocer el trabajo de la agencia.

Aunque la atención se centró principalmente en el tráfico ilegal de armas, Salisbury aprovechó la reunión para destacar otras labores policiales en las que participan sus agentes.

Aunque HSI no se ocupa de asuntos de inmigración civil, detención o aplicación de la ley —un punto que la agencia subraya porque las víctimas y testigos inmigrantes pueden temer dar pistas debido a su situación de inmigración—, sí investiga la trata y el tráfico de seres humanos.

Entre los casos destacados está el de Daniel Pye, un antiguo misionero cristiano que dirigía un orfanato en la ciudad portuaria de Jacmel y que fue condenado a 40 años de prisión federal por turismo sexual infantil. Los federales también buscan cooperación en el caso de Michael Karl Geilenfeld, de 71 años, ex director del Hogar para Niños St. Joseph de Puerto Príncipe, acusado por antiguos habitantes del hogar de abusar sexualmente de ellos. El mes pasado, Geilenfeld se declaró inocente ante un tribunal estadounidense.

Otros participantes en el foro de viernes fueron Vanessa Joseph, funcionaria de la ciudad de North Miami y abogada supervisora de los Servicios Legales Católicos; Mario Chouloute, Cónsul General de Haití; Stanley Rigaud, vicepresidente del Consejo Beacon de Miami-Dade, y Qunyatta Warren, gerente del Complejo Cultural del Pequeño Haití (LHCC).

Guerda Nicolas, cofundadora y presidenta de Ayiti Community Trust, pidió una mayor colaboración entre la agencia federal y los miembros de la comunidad haitiana del sur de la Florida.

“Estados Unidos tiene que ser un mejor aliado de Haití”, dijo. “Hay una línea directa entre lo que ocurre aquí y el dolor que se sufre en Haití”.