Fallo sobre el aborto no calma el temor de los médicos de Texas de ser blanco de acciones legales

HOUSTON — Médicos, mujeres y abogados de Texas llevan casi dos años pidiéndole al estado que aclare qué está permitido y qué no de conformidad con las prohibiciones estrictas y traslapadas que impuso en relación con el aborto. Los legisladores aprobaron este año un proyecto de ley que aclara algunas excepciones a las prohibiciones, pero todavía no es suficiente para ayudar a los médicos a decidir si pueden ofrecerle lícitamente un aborto a una mujer de Dallas llamada Kate Cox.

Cox solicitó autorización para ponerle fin a su embarazo después de enterarse de que su feto padecía una enfermedad genética letal. Aunque una jueza de un tribunal de distrito resolvió que cumplía los requisitos para que se le concediera una excepción médica a las prohibiciones, la Corte Suprema de Texas anuló esa decisión esta semana.

Antes de que el tribunal emitiera su fallo, Cox salió del estado para realizar el procedimiento, como han hecho miles de mujeres de Texas. Su caso revela la dinámica de la política en torno al aborto en Texas: para quienes se oponen al aborto, entre ellos los dirigentes republicanos del estado, generar confusión y temor entre la comunidad médica les ha ayudado a evitar casi todos los abortos, incluso en casos de complicaciones graves del embarazo, y lo cierto es que hay pocos incentivos para cambiar de curso.

Texas tiene registros públicos de solo 34 abortos en lo que va del año, una baja con respecto a los más de 50.000 registrados en 2020, antes de que entraran en vigor las primeras restricciones estrictas.

Ese marcado descenso se ha dado con todo y que todavía no se ha presentado ninguna acusación fundamentada en las prohibiciones del estado ni se han concretado acciones significativas contra médicos u hospitales. Tan solo la amenaza de algún juicio civil perjudicial o prisión perpetua ha sido suficiente.

“En esencia, lo que ocurre es que nadie asume ninguna responsabilidad”, explicó Molly Duane, abogada del Centro de Derechos Reproductivos que representó a Cox y a su doctora. “El tribunal no asume ninguna responsabilidad, la junta médica no asume ninguna responsabilidad y, entre tanto, los doctores tienen más temor que nunca y está en juego la vida de pacientes reales”.

Amy O’Donnell, vocera del grupo antiaborto Alianza de Texas por la Vida, señaló en una declaración que el hecho de que decenas de abortos se hayan realizado este año en el estado demuestra que, aunque limitadas, las excepciones médicas a las prohibiciones están funcionando.

“Ningún médico ha sido acusado de nada ni sancionado en relación con esos abortos”, indicó, y añadió que su grupo estaba agradecido por el fallo de la Corte Suprema de Texas.

En su decisión, la Corte Suprema de Texas le dio la razón al procurador general del estado, Ken Paxton, quien argumentó que las excepciones a las prohibiciones son legales únicamente cuando la salud o la vida de la madre corren grave peligro, y la información presentada en el caso de Cox no parecía cumplir ese requisito.

El tribunal señaló que la ley permite abortos con fundamento en un “juicio médico razonable”. Si persiste la confusión entre los médicos, acotó el tribunal, la Junta Médica de Texas podría preparar algunos lineamientos.

Sin embargo, algunos doctores han comentado que el riesgo de realizar un aborto que consideren necesario, pero más tarde pueda ser cuestionado por el estado, los pone en una terrible disyuntiva: proceder con la intervención y arriesgarse a ser acusados de un delito grave, o esperar a que la salud de la mujer se deteriore tanto que nadie pueda cuestionar la necesidad médica de actuar.

El fallo de esta semana, que solo se aplica al embarazo actual de Cox, no fue de gran alivio para los defensores del derecho al aborto, que esperan el dictamen del tribunal, cuyos nueve miembros electos son republicanos, en un caso independiente pero relacionado.

Ese caso, Zurawski contra Texas, podría eliminar la confusión en torno a las excepciones médicas a nivel más general y permitirles a los doctores realizar abortos que consideren necesarios por razones médicas, dentro del marco de la ley, sin temor a sufrir alguna sanción civil o penal.

La mayoría de los 34 abortos registrados en Texas en 2023 se realizaron con fármacos, el método empleado por lo regular en las primeras etapas del embarazo, según datos del estado. Solo dos fueron quirúrgicos, procedimientos de “dilatación y evacuación” del tipo que solicitó Cox, utilizados en el segundo trimestre, después de las 13 semanas de embarazo. En 2020, se realizaron casi 2500 de esos procedimientos en Texas.

Tanto doctores como expertos legales han señalado que la falta de claridad en la legislación les ha impedido a los médicos realizar abortos que consideraban necesarios para proteger la salud de la mujer. El tribunal resolvió que la legislación no exige que la vida de la madre esté en peligro inminente; sin embargo, algunos doctores dijeron que, en la práctica, son las únicas situaciones en que se han realizado abortos.

“En Texas, tienes que esperar a que la paciente enferme”, explicó Alireza A. Shamshirsaz, obstetra y cirujano fetal que se mudó de Texas a Boston el año pasado. “Pero es una postura peligrosa. Esperar, esperar y esperar hasta que la madre enferme, para entonces hacerlo”.

Shamshirsaz comentó que el problema es que existe inquietud ante la posibilidad de acciones legales, en especial por parte de los administradores de los hospitales.

El estado y sus expertos han argumentado que no es la legislación la que afecta a los pacientes, sino que los doctores no estén dispuestos a realizar abortos permitidos por la ley.

“Gran parte de la confusión y del riesgo de recibir atención de calidad inferior se debe a que los doctores no interpretan correctamente la ley”, indicó la gineco-obstetra Ingrid Skop durante una declaración presentada en el caso Zurawski. “Por desgracia, no han recibido mucha orientación de las organizaciones que, en otros temas menos polémicos a nivel político, sí los han orientado”.

Cox, de 31 años y madre de dos niños pequeños que ha dicho que quiere tener una familia grande, presentó su demanda después de que a su feto se le diagnosticó trisomía 18, un trastorno genético que resulta letal prácticamente en todos los casos, con raras excepciones.

Se le consideró la primera mujer embarazada en solicitar una orden judicial para que se le practicara un aborto desde la anulación el año pasado de la resolución de Roe contra Wade. Poco después de presentado su caso, una mujer embarazada de Kentucky presentó una demanda en que solicitaba la anulación de las prohibiciones de ese estado.

La legislación de Texas no permite los abortos con fundamento en la viabilidad o inviabilidad del feto. Pero la doctora de Cox, Damla Karsan, determinó que permitir que el embarazo llegara a término pondría en riesgo la salud y fertilidad futura de Cox, en particular porque Cox probablemente requeriría una cesárea por tercera ocasión.

Hay un aspecto del caso de Cox que podría llegar a causar mayor inquietud entre los médicos: la presteza con que Paxton procedió a amenazar a Karsan con acusarla de un delito en una carta abierta.

El fallo del tribunal (que no ostentaba firmas, fue emitido “en el tribunal” y no incluía puntos de discrepancia) pareció apoyar la conducta de Paxton, según Laura Portuondo, profesora de derecho de la Universidad de Houston especializada en derechos constitucionales y reproductivos. “Permite y autoriza precisamente el tipo de campañas de intimidación que emprendió Ken Paxton en este caso”, afirmó.

La comunidad médica desde el año pasado le ha pedido a la Junta Médica de Texas alguna orientación en el tema de las excepciones. Hasta ahora, la junta no ha hecho nada. Un vocero de la junta no respondió a nuestra solicitud de comentarios.

“Este fallo en el caso Cox no nos da ninguna claridad”, puntualizó Rick W. Snyder II, presidente de la Asociación Médica de Texas, quien añadió que recibir orientación de la junta médica no sería suficiente. “Vamos a necesitar claridad legislativa”, dijo. “Intentamos proteger a los médicos y evitar que tengan que presentarse ante los tribunales”.

c.2023 The New York Times Company