No se extradita a Carlos Ahumada por amparo y porque delitos prescribieron, según Secretaría de Seguridad

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El Gobierno de México no cuenta con una orden de extradición en contra del empresario Carlos Ahumada, detenido en Panamá el pasado 7 de junio. Además, tiene un amparo para no ser reaprehendido y algunos de los delitos que se le imputaron ya prescribieron, informó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Había una orden de reaprehensión, se amparó contra esa orden, y pues no se puede cumplir esa orden, no se puede aprehender a esa persona porque tiene un amparo”, detalló durante la conferencia matutina de este jueves.

“También se especifica que algunas otras causas ya prescribieron, eso es lo que legalmente corresponde y esa es la causa por la que no hay una orden de extradición”.

 

De acuerdo con la funcionaria, ni la Fiscalía de la Ciudad de México, ni la Fiscalía General de la República (FGR) tienen materia para solicitar una orden de extradición.

Carlos Ahumada
Carlos Ahumada. Foto: Cuartoscuro.

El 9 de junio, el Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM) informó que deportó a Paraguay al empresario luego de que México no presentara una solicitud de extradición en las 24 horas correspondientes después de su detención.

Ahumada está acusado por presunto fraude genérico en contratos de obras públicas de la Ciudad de México entre 2000 y 2006, durante la gestión como jefe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al ser cuestionada sobre si Ahumada se encuentra detenido ilegalmente, Rosa Icela Rodríguez prefirió no responder argumentando que son las fiscalías las que manejan los detalles del litigio.

¿Quién es Carlos Ahumada y de qué se le acusa?

Carlos Ahumada Kurz es un empresario argentino naturalizado mexicano, conocido por protagonizar el caso de los “videoescándalos”, en el cual grabó una serie de videos que fueron difundidos en el 2004 en televisión nacional y en los que aparecen líderes del PRD y cercanos colaboradores de López Obrador recibiendo dinero en efectivo.

En uno de los videos, René Bejarano, quien en ese entonces se desempeñaba como coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aparece recibiendo miles de dólares en efectivo por parte de Ahumada. Antes de ese cargo, Bejarano había fungido como secretario particular de López Obrador en su etapa de jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

En otro de los videos aparece el entonces delegado de Tlalpan, Carlos Ímaz, también recibiendo dinero de Ahumada. En esa época Ímaz era esposo de Claudia Sheinbaum; se divorciaron en 2016.

Carlos Ahumada
Ahumada protagonizó los “videoescándalos” en 2004. (Foto: Cuartoscuro Archivo).

Tanto Bejarano como Ímaz declararon que el dinero lo recibieron por instrucciones de la entonces presidenta nacional del PRD, Rosario Robles, presuntamente para financiar las campañas políticas del PRD a cambio de contratos de obras públicas.

Tras estos hechos, Ahumada pasó dos años detenido sin que se le dictara auto de formal prisión por los delitos de los cuales se le acusaba, como tráfico de influencias y extorsión. En 2007 fue puesto en libertad. El empresario salió del país, sin embargo, en agosto de 2019 fue detenido de nueva cuenta, esta vez en Buenos Aires.

La detención se dio después de que la Interpol emitiera una ficha roja en su contra a petición de la FGR, con motivo de una presunta defraudación fiscal por la cantidad de un millón 472 mil 236 pesos.

En ese entonces la FGR informó que la investigación por este presunto delito había iniciado en 2016 y fue retomada tres años después cuando ya fungía como presidente López Obrador.

Dos días después de esta segunda detención, Ahumada fue liberado tras presentar el acta de la auditoría de diciembre sobre el ejercicio fiscal 2012, donde las observaciones habrían sido solventadas.

No obstante, el gobierno mexicano solicitó su extradición en julio de 2020 luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) lo señalara por presunto fraude genérico del fuero común en contratos de obras públicas en diversas delegaciones capitalinas. La solicitud fue aprobada en diciembre de 2021.