Yahoo Noticias Jueza de EU reduce a 10 años sentencia a exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, por declarar en contra de García Luna
A pocos días de que culminó la Semana Santa, “el Diablo” Veytia fue premiado. La mañana de este miércoles, la jueza Carol Bagley-Amon redujo en 10 años la sentencia del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, a quien ella misma le había impuesto 20 años en septiembre de 2019, luego de que participara como testigo en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.
La fiscalía que procesó al exfiscal de Nayarit argumentó que no solo fue un testigo ejemplar en el juicio contra García Luna, sino que además “proporcionó información sustancial para procesar a Salvador Cienfuegos y era un potencial testigo” en un “posible juicio contra el General”.
Edgar Veytia fue beneficiado por la Regla 35 al brindar “asistencia sustancial” en los casos de García Luna y Salvador Cienfuegos.
Con esta “corrección”, el acusado saldrá de prisión en 2027 en lugar de en 2034, como se había establecido hace casi cinco años.
Con un nudo en la garganta, estando su madre, esposa e hijos presentes, Veytia pidió “clemencia” a la juez y dijo estar esforzándose “por seguir por el buen camino”.
Aunque en una audiencia celebrada el 31 de octubre pasado, el fiscal Ryan Harris aceptó que la revisión de la sentencia de Veytia estaba supeditada a que se dictara la de García Luna, ya no quisieron esperar al 24 de junio cuando el ex secretario de Seguridad Pública escuchará su sentencia.
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Papel del exfiscal de Nayarit en el caso García Luna
Durante el juicio contra García Luna, Edgar Veytia detalló episodios de su carrera criminal. Dijo que siendo fiscal (2013-2017) durante la administración del hoy detenido Roberto Sandoval, llegó a recibir hasta 2 millones de pesos al mes, presuntamente de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias El H2, y de Daniel Silva Garate, alias El H9, quienes controlaban la plaza nayarita en nombre de los Beltrán Leyva.
Explicó que bajo su administración como fiscal comenzaron a aparecer “los pozoles” en distintas zonas de la ciudad y del estado. “¿Y qué son los pozoles?” preguntó la fiscal que lo interrogaba. Veytia respondió: “Cubetas con cuerpos desmembrados, cabezas, piernas, brazos, a las que les echaban granos de pozole”.
Más de una vez durante su testimonio recordó que empleados de El Chapo Guzmán se le acercaron para intentar “comprar la plaza”, pero él siempre rechazó los ofrecimientos “pues teníamos un compromiso con los Beltrán”.
Declaró que bajo las órdenes de El H2, tanto él como miembros de la corporación a su cargo ejecutaron en Nayarit crímenes, torturas, despojos, secuestros, incendios, reportes falsos, ataques o incautaciones.
Expresó que llegó un momento en que El H2 dejó de tener poder, por lo que él mismo planeó primero secuestrar, luego torturar y después asesinar a ese líder criminal “con autorización del gobernador y coordinándome con fuerzas federales”.
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Admitió que a otro líder, al que llamaban “El Paisa”, los Beltrán Leyva intentaron ejecutarlo pero fallaron. Cuando ese personaje estaba en el hospital, Leyva ordenó a la policía a su cargo que se retirara del nosocomio para que otros pistoleros lo remataran.
Testigos y víctimas de los despojos en Nayarit durante el régimen de terror de Sandoval/Veytia han manifestado temor ante la presumible liberación del exfiscal, a quien por esas y otras acciones comenzaron a llamar “El Diablo”.
La jueza Bagley-Amon parecía contrariada en la audiencia de hoy. Reclamó a los fiscales que venía de escuchar peticiones de cadena perpetua contra el acusado Veytia y ahora solicitudes de dejarlo en libertad.
“Nuestro cliente no es como los demás criminales”, quiso interceder el defensor de Veytia, pero la jueza lo interrumpió: “¡pero su cliente mandó matar personas!”.
Finalmente, y aunque la juez no se dejó convencer por ambas partes que abogaban por una liberación temprana, si terminó premiando a Veytia con una reducción sustancial.
Batalla del exfiscal Veytia para reducir su sentencia
Una semana después de su condena a 20 años, emitida el 26 de septiembre de 2019, el exfiscal nayarita Edgar Veytia inició una larga batalla legal para recuperar su libertad y anunció que apelaría el proceso y la pena.
Aunque Veytia retiró esa apelación inicial, en marzo de 2021 envió una carta al “administrador del caso” pidiendo información sobre su proceso.
Específicamente exigió “registros de datos de su paso por suelo estadounidense, copia de cuestionarios usados para recopilar información de fuentes externas en su contra y otros que demostraran que visitó, ingresó, cruzó alguna línea estatal o tuvo contacto con el estado de Nueva York, o declaraciones juradas que confirmaran que fue visto alguna vez en el estado, incluso grabaciones que indicaran que fue filmado o grabado en video con alguna fuente confidencial que mostrara que realizó negocios en Nueva York con sustancias controladas“, como se asentaba en la acusación.
En junio de 2021, Veytia volvió a escribir a empleados de la corte pidiendo “copia de las pruebas de descubrimiento en su contra” que, por orden judicial de junio de 2017, el gobierno debería haberle presentado.
Finalmente, el 2 de agosto de 2021, Veytia presentó la Moción 2255 para intentar anular o corregir su sentencia. Desde entonces, la jueza solicitó al gobierno estadounidense las pruebas de por qué no debería conceder la petición del exfiscal, pero hasta donde se sabe, estas nunca llegaron a su escritorio.
La moción 2255 es un recurso al que todos los presos tienen derecho y busca impugnar varias cosas: desde la jurisdicción de un tribunal federal para dictar sentencia, la validez de una sentencia por ser contraria a la ley federal, la validez de una sentencia por ser contraria a la Constitución de los Estados Unidos, o la validez de la duración de la pena impuesta, sobre todo cuando excede las pautas y viola así los derechos constitucionales de un acusado.
En el caso de Veytia, su reclamo pareció centrarse en que el tribunal que lo juzgó no tenía jurisdicción, o al menos no se la pudieron probar (por lo que es aún más extraño que aceptara declararse culpable) y de ahí sus reclamos de que le demostraran que había delinquido específicamente en Nueva York.
En un video enviado a este reportero este miércoles, Virgen Veytia, madre del exfiscal de Nayarit, dijo no estar de acuerdo con la decisión de la juez, pues consideró que la 2255 ya estaba lista, debido a que Jeffrey Litchman, quien fue un tiempo defensor de Veytia, se había contratado igualmente para trabajar a las órdenes de Joaquín “El Chapo” Guzmán, incurriendo en conflicto de intereses.
“La jueza Bagley-Amon condicionó a mi hijo a decir que retiraría la 2255 para cubrir la corrupción de fiscales, el abogado Litchman, ella misma y la corruptela de la corte”.
En la audiencia de hoy, Veytia pidió ser trasladado a una cárcel cerca del área de Nueva York, donde ahora residen sus familiares.
