LA PAZ.- Luego de que la Fiscalía anunciara una posible orden de detención en su contra, el expresidente boliviano Evo Morales se atrincheró el viernes en su feudo cocalero del Chapare tras declararse “perseguido político”, mientras la policía boliviana detuvo al padre de la víctima del supuesto estupro a quien investiga por connivencia con el exmandatario.

La fiscal Sandra Gutiérrez dijo la víspera que, ante la inasistencia de Morales a una declaración para responder a las acusaciones, estaba “trabajando” en una orden de detención contra Morales.

El exmandatario, de 64 años, está acusado de violación, trata y tráfico de personas por su supuesta relación sexual con una joven de 15 años, identificada como C.S.V.P., miembro de su “guardia política juvenil” en 2015. En 2016, la adolescente dio a luz una hija, de la que Morales sería el padre, según certificado de nacimiento.

Morales vive en el Chapare, en el centro del país, donde todavía preside el mayor sindicato de cocaleros y se dedica a la cría de peces y a la siembra de arroz. Los sindicatos que apoyan al exgobernante emitieron un comunicado en el que llamaron a realizar “vigilias”. “Si detienen al hermano Evo Morales, inmediatamente se produce el bloqueo de carreteras en contra del gobierno de [el presidente Luis] Arce por la crisis económica, corrupción y por persecución política”, dice la declaración del llamado Pacto de Unidad, afín al político.

Si bien la acusación contra Morales no es nueva, se activó después de éste encabezara una multitudinaria marcha contra Arce por la crisis económica, el alza de precios y para reclamar su habilitación como candidato a la presidencia en 2025 después de que un fallo del Tribunal Constitucional lo dejó afuera de la carrera.

El comandante de la policía, Álvaro Álvarez, informó que el padre de C.S.V.P., identificado como E.V.M. fue detenido el viernes. Los progenitores tampoco se habían presentado a declarar.

Según los antecedentes de la Fiscalía, con base a un informe de Inteligencia, en las gestiones 2014 y 2015, “el ahora investigado Juan Evo Morales Ayma, haciendo uso desmedido de su condición de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y a través de sus diferentes organizaciones”, creó una “guardia juvenil”, consigna el diario El Deber. Esa guardia estaba “conformada por personas de 14 y 15 años, denominadas ‘Generación Evo’”.

Los padres de C. S. V. P. inscribieron a su hija a la guardia juvenil “con la única finalidad de poder escalar políticamente y obtener beneficios para ‘lucrar’, es decir, conseguir lo que deseaban a cambio de su hija menor”.

Es así que, “mientras lucraban con la menor, los señores E. V. M. y I. P. S. obtenían todo tipo de beneficios, viajes (y hasta) cargos públicos”.

Lucha política

En el terreno político, Morales y Arce libran una dura guerra política por el liderazgo y la nominación presidencial del dividido partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

“Hay una desesperación de Morales que busca victimizarse. Si no se presentó a declarar no tiene privilegios y corresponde ordenar su arraigo y arrestarlo para que declare. Si hay bloqueos, nosotros saldremos a desbloquear”, dijo el dirigente del mayor sindicato indígena y campesino Juan Carlos Gutiérrez, alineado con Arce.

Gutiérrez dijo que la fiscal que lleva la investigación debería “apartarse del caso” ya que fue ministra de Justicia del exmandatario.

El caso ha desatado una guerra de acusaciones entre los dos bandos. Morales, a través de la red social X -antes Twitter- acusó al gobierno de “forzar un proceso penal” en su contra “con el objetivo de descabezar al movimiento popular”. A su vez Arce lo acusó de organizar protestas para forzar su renuncia.

Según analistas y opositores el MAS vive una profunda crisis y un agotamiento del modelo económico estatista que impulso Morales tras el derrumbe de los partidos tradicionales en 2003. La lucha interna está induciendo a los divididos partidos de oposición de centro y de derecha a buscar alianzas para enfrentar al debilitado oficialismo.

La guerra en el MAS ha agravado la profunda crisis de la justicia boliviana, señalada por organizaciones internacionales por su falta de independencia del poder político.

Agencias AFP y ANSA