Otros estados han solucionado los problemas de protección al consumidor con los préstamos de PACE. ¿Por qué no la Florida?

La Florida tiene más propietarios de viviendas que pagan por mejoras en sus propiedades a través de sus facturas de impuestos que la mayoría de los estados. Sin embargo, tiene la menor cantidad de protecciones al consumidor en la nación para el controversial programa de préstamos.

El programa Property Assessed Clean Energy (PACE) solo está disponible para proyectos residenciales en tres estados —California, Missouri y Florida— y ha atraído el escrutinio, investigaciones, demandas y quejas en los tres. Sin embargo, los proyectos de ley presentados en Tallahassee para ampliar la protección de los consumidores han fracasado año tras año.

“En la Florida no hay ninguna supervisión de los préstamos PACE”, dijo Mike Fasano, recaudador de impuestos del Condado Pasco y viejo crítico del programa. “Usted puede tomar un préstamo para auto, un préstamo para la vivienda, y hay supervisión. Pero si usted toma un préstamo para colocar un nuevo techo con un préstamo de PACE, no hay nada”.

A diferencia de los préstamos tradicionales, la financiación de PACE no requiere verificación de crédito ni pago inicial. Se trata de una oferta atractiva para muchos floridanos —especialmente en Miami-Dade, que lidera el estado en contratos de PACE— que quieren techos y ventanas más resistentes a los huracanes y unidades de aire acondicionado más eficientes, ya que el costo de los seguros y la energía siguen aumentando.

La industria defiende su programa, del que dice que cubre un nicho crítico para los propietarios de viviendas.

“PACE en su esencia es una poderosa herramienta de política pública que permite a los gobiernos estatales y locales cumplir objetivos de sustentabilidad importantes mediante la atracción de capital privado para avanzar en las prioridades de políticas clave, como la preparación para las tormentas, la reducción de las emisiones de carbono, y un mayor ahorro de energía”, dijo Leah Wiggs, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales en el proveedor de PACE Renew Financial, en un comunicado enviado al Miami Herald. “Sin PACE, muchos floridanos quizá no podrían acceder a opciones de financiación asequibles para mejoras esenciales y a veces, críticas para el hogar”.

La mayoría de los activistas a favor de los consumidores apoyan el concepto, pero cuestionan algunas prácticas de la industria, así como la laxitud de la normativa y la supervisión estatales.

‘Cero supervisión’

Tal vez el mayor problema, según los activistas del consumidor, sea que el sistema PACE se rige por unas normas de aprobación y divulgación menos estrictas que los proveedores de préstamos tradicionales.

De hecho, los proveedores de PACE están explícitamente exentos de la Truth In Lending Act (Ley de Veracidad en los Préstamos), una ley federal que obliga a los prestamistas a asegurar que los prestatarios pueden pagar \el préstamo y entienden exactamente lo que les costará.

Como resultado, algunos consumidores se han quejado de que no estaban preparados para los costos del gravamen anual que deben pagar a través de su factura fiscal. Y sin la protección de la ley de préstamos, tampoco tienen la opción de demandar a los proveedores de PACE si de pronto están atrapados en un acuerdo financiero que no entendieron del todo o que en realidad no pueden permitirse.

Esta crítica dio lugar a una demanda colectiva y a una orden de la Comisión Federal de Comercio (FTC) por la que se declaraba que uno de los mayores proveedores de PACE del país había “estafado” a sus clientes.

Otro problema: la Procuraduría General del estado, que ha confirmado que está investigando a Ygrene Energy, el mayor proveedor de PACE del estado, supervisa ampliamente las cuestiones relacionadas con los consumidores. Pero no hay ningún organismo de control dedicado a supervisar a la industria, al menos que sea realmente eficaz.

Solo una junta poco conocida, el South Florida Green Corridor, supervisa técnicamente a Ygrene.

Formada por siete alcaldes o designados políticos, la junta se creó en gran parte como mecanismo para permitir a los prestamistas privados cobrar tarifas, intereses y amortizaciones de préstamos a través de las facturas del impuesto sobre la propiedad emitidas por el gobierno. La junta examina las solicitudes de aumento de las tasas y otras cuestiones, pero ha hecho poco para hacer frente a las crecientes quejas de los consumidores sobre la publicidad engañosa de algunos contratistas y un cierre sorpresa de cinco meses por parte de Ygrene, que retiró la financiación de los proyectos en curso en todo el estado. Ygrene no respondió a las preguntas de The Miami Herald sobre las quejas o su retirada del mercado en octubre.

Otros estados han adoptado medidas más estrictas. En California, por ejemplo, el Departamento de Protección e Innovación Financiera regula a los proveedores de PACE e investiga las quejas. Incluso expulsó a un proveedor tras reiteradas denuncias de fraude.

En Missouri, después que una investigación de ProPublica descubrió que los proveedores de PACE se dirigían de forma desproporcionada a propietarios negros con bajos ingresos con préstamos de alto interés que —con intereses y cargos— a veces sumaban más de lo que valían las viviendas, el estado aprobó nuevas y estrictas protecciones para los consumidores.

Normas por condado

En la Florida, la supervisión varía según el condado y algunos son mucho más estrictos que otros.

“Mi personal y yo nos hemos convertido en supervisores porque no hay nadie que vigile el programa PACE”, dijo Fasano, el recaudador de impuestos de Pasco y ex legislador estatal, quien explica que su oficina empezó a recibir quejas de habitantes que no entendían por qué sus facturas de impuestos se dispararon de repente poco después que el programa comenzó a funcionar en la Florida hace una década.

“Nos llevamos la peor parte porque somos los que enviamos la factura de los impuestos”, dijo. “La mayoría de las veces me preguntan: ‘¿qué es un préstamo de PACE?’”.

En respuesta, su oficina contrató a un empleado a tiempo completo para llamar a todos los propietarios de viviendas una vez que un proveedor de PACE colocaba un gravamen sobre su casa y explicar en detalle qué es exactamente lo que estaban firmando y cómo se vería afectada su factura de impuestos. Según Fasano, algunos clientes potenciales se echan atrás cuando escuchan toda la explicación, pero la mayoría siguen adelante con sus acuerdos de PACE.

A medida que surgieron más quejas, otros condados pronto siguieron el ejemplo de Pasco mediante la introducción de una mayor protección de los consumidores y formularios de divulgación para los nuevos clientes de PACE.

En una presentación ante los comisionados, el recaudador de impuestos del Condado Palm Beach descubrió algunos gravámenes de PACE que duraban más que la vida útil de la mejora de la vivienda, como un préstamo a 20 años para una nueva unidad de aire acondicionado. El condado dispone ahora de un formulario de información obligatoria que deben firmar todos los clientes del programa de PACE.

El Condado Collier prohibió el programa después que Habitat for Humanity descubrió gravámenes sobre 25 de sus viviendas, algunos con firmas supuestamente falsificadas, según informó el Naples Daily News. Los condados Hernando y Hillsborough se sumaron poco después con sus propias prohibiciones.

El Condado Broward tiene algunas normas adicionales, como el requisito de que los contratistas cobren precios de mercado por sus productos y que el costo no supere determinadas cantidades. Miami-Dade exige que los materiales de PACE se faciliten en varios idiomas.

Escasa supervisión estatal

Los únicos requisitos estatales para los proveedores de PACE son garantizar que los contratistas estén debidamente autorizados, que los propietarios estén al día en el pago de la hipoteca y los impuestos sobre la propiedad y que ambas partes continúen de acuerdo en seguir adelante tras un período de espera de tres días.

En respuesta a las quejas del condado, los prestamistas privados que financian PACE han añadido algunas protecciones adicionales, como la grabación de las llamadas telefónicas con los clientes, la entrega de formularios de información financiera más detallados y el suministro de información a los posibles clientes en varios idiomas. La industria insiste en que sus protecciones son más estrictas que las exigidas por cualquier gobierno estatal o federal.

“En última instancia, nuestro objetivo es garantizar la máxima calidad de las garantías para el consumidor”, declaró Colin Bishopp, director ejecutivo de PACENation, en un comunicado en el que promocionaba las nuevas protecciones.

Sin embargo, aun cuando aumentan las quejas, los esfuerzos por hacer obligatorias estas medidas en toda la industria han fracasado dos años seguidos en la Legislatura de la Florida.

La Procuraduría, el organismo estatal que vigila el fraude a los consumidores, acaba de empezar a investigar las quejas sobre PACE. Hace dos años, la dependencia presentó una demanda civil contra el contratista Louis Bruno y sus empresas en Bonita, tras recibir 248 quejas en las que se le acusaba de engañar a los clientes y aumentar los precios de reformas sencillas. Bruno no admitió haber actuado mal, pero accedió a reembolsar $100,000 y eliminar los gravámenes de los propietarios afectados.

La dependencia también ha confirmado al Herald que tiene abierta una investigación sobre las prácticas de Ygrene tras recibir más de 100 quejas.

Facturas de impuestos inasequibles

Para algunos clientes, el aumento de la factura de impuestos es una sacudida y les hace darse cuenta que PACE no es un “programa gubernamental”, como a veces anuncian engañosamente los contratistas. Es una factura que hay que pagar y puede ser muy elevada.

Por ejemplo, una mujer de Miami Gardens vio su factura anual pasaba de poco menos de $1,500 al año a más de $5,000 después de instalar un sistema de paneles solares de $32,000. Con la tasa de interés de 7.9% que aceptó, los registros judiciales muestran que acabará pagando más de $50,000 en 20 años.

“La gente piensa: ‘No tendré facturas en un año’ o ‘Voy a tener un aire acondicionado nuevo’, hasta que llega la factura de impuestos”, dijo Fasano.

En California, reportes de medios informaron de que al menos algunos clientes perdieron sus casas al no poder hacer frente a las nuevas facturas de impuestos. Aunque parece que en la Florida aún no ha habido ejecuciones hipotecarias debidas específicamente a impuestos sobre la propiedad inflados por PACE, los defensores de los consumidores exhortan al estado a actuar pronto para evitarlas.

Claudia Polsky, directora de la Clínica de Derecho Medioambiental de la Universidad de California en Berkeley, publicó en 2021 un reporte sobre PACE y las protecciones a los consumidores titulado “The Dark Side of the Sun” (El lado oscuro del sol). En él, ella y su equipo de investigadores descubrieron que el programa crea “riesgos económicos para los participantes con bajos ingresos” y “facilita el fraude descarado de los contratistas”.

Polsky dijo que la industria cabildeó mucho contra protecciones más estrictas para los consumidores en California, pero cada una de las nuevas leyes redujo tanto las quejas como las demandas.

“En nuestro estado, cada vez que se introducen nuevas protecciones para el consumidor, disminuyen las iniciaciones de PACE”, dijo. “La incoherencia de los mensajes de la industria es realmente evidente. Por un lado, dicen que los consumidores no necesitan estas protecciones. Por otro, en cuanto se protege a los consumidores, dejan de poder lograr el mismo tipo de volumen de ventas”.

¿Nuevas normas federales?

Hasta ahora, habiendo préstamos de PACE residenciales solo en tres estados, el gobierno federal tampoco ha hecho mucho para reforzar las reglas de los préstamos, aunque comenzó el proceso de creación de reglas para PACE residencial en 2019.

Desde entonces, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor ha sugerido que quiere encontrar una manera de hacer que PACE cumpla estándares similares a los de los bancos y los proveedores de hipotecas en materia de Veracidad en los Préstamos, probablemente haciendo que los proveedores sean legalmente responsables por infringir esas normas.

John Rao, abogado especializado en PACE en el National Consumer Law Center, dijo que espera que la oficina dé a conocer un proyecto de nuevas normas propuestas en algún momento de este año. A partir de ahí, puede pasar otro año o más antes de que las normas entren en vigor.

Mientras tanto, dijo, los clientes de la Florida que se sienten engañados por los prestamistas o contratistas de PACE tienen pocos recursos legales y las demandas enfrentan una batalla cuesta arriba sin leyes estatales más firmes.

“No hay leyes estatales que otorguen estas protecciones a los propietarios de la Florida”, dijo Rao.