Esposo de ex tesorera venezolana es extraditado de España a Miami por caso de corrupción

El esposo de una ex tesorera nacional venezolana, que fue acusado junto con su esposa y un acaudalado empresario en un enorme caso de corrupción vinculado al sistema bancario de Miami, fue extraditado desde España para enfrentar una acusación en un tribunal federal del sur de la Florida.

Adrián Velásquez Figueroa, ex guardia de seguridad presidencial, y su esposa, la ex tesorera venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fue extraditada desde España en mayo, están acusados de aceptar millones de dólares en sobornos de Raúl Gorrín, quien ha mantenido relaciones estrechas con los presidentes socialistas de Venezuela durante más de una década.

Velásquez, de 43 años, fue traído en un vuelo desde España el jueves por agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional. El viernes por la mañana compareció por primera vez en el tribunal federal de West Palm Beach, donde un juez de instrucción ordenó su detención después que los fiscales dijeron que existía riesgo de fuga. La comparecencia de Velásquez está prevista para el miércoles. Su abogado defensor, Andrew Feldman, dijo que su cliente planea declararse inocente, declinando hacer más comentarios.

Gorrín, de 54 años, dueño de un canal de televisión en Venezuela junto con propiedades de lujo ahora congeladas en Miami y Nueva York, es considerado fugitivo después de ser acusado hace cuatro años como el cerebro de la confabulación de sobornos durante la presidencia del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, quien murió en 2013. Gorrín siguió ejerciendo su influencia durante la presidencia del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, según las autoridades federales.

Un jurado federal de instrucción acusó a Gorrín de una confabulación de corrupción en el extranjero y a los tres acusados de una trama de lavado de dinero. La acusación se basó en un caso anterior presentado contra Gorrín en 2018. La conexión con el sistema bancario de Miami es la base del caso de lavado de dinero, que se centra en la emisión de bonos por parte del Tesoro venezolano y la explotación por parte del grupo liderado por Gorrín del sistema cambiario del gobierno venezolano.

Los tres acusados están acusados de usar cuentas bancarias en Miami para recibir y ocultar millones robados al gobierno venezolano hace una década, de acuerdo con la acusación.

“En total, [Gorrín] pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse los derechos de participar en más de $1,000 millones en transacciones de cambio de divisas que le reportaron beneficios de cientos de millones de dólares”, alega la acusación, presentada por los fiscales Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden.

Para asegurar “esta ventaja indebida”, Gorrín usó cuentas bancarias personales y corporativas “para transferir pagos de sobornos” a Miami para Díaz y su esposo, así como para su predecesor como tesorero nacional de Venezuela, afirma la acusación.

“Para ocultar los pagos, [Gorrín], junto con otros, usó cuentas bancarias a nombre de empresas ficticias y disimuló una serie de pagos de sobornos en beneficio de [Díaz] haciendo los pagos a [Velásquez], el cónyuge de [Díaz], en lugar de a la propia [Díaz]”, dice la acusación.

Díaz, de 49 años, ex oficial de la Armada y enfermera de Chávez, fue tesorera nacional de Venezuela entre 2011 y 2013.

Después de su extradición desde España en mayo, Díaz trató de persuadir a un juez magistrado para que la liberara de un encierro federal, permitiéndole quedarse con su suegra en una casa en Key Biscayne, pero el juez William Matthewman se puso del lado de los fiscales federales, que le instaron a rechazar su solicitud de una fianza personal de $1 millón, diciendo que ella era un riesgo de fuga.

La abogada defensora de Díaz, Marissel Descalzo, argumentó a favor de la liberación de su cliente bajo fianza y presentó su declaración de inocencia en una comparecencia en el tribunal federal de West Palm Beach.

Díaz sucedió a Alejandro Andrade como tesorero de Venezuela. Andrade, quien había sido guardaespaldas de Chávez, se declaró culpable y fue condenado a 10 años en 2018 después de cooperar con las autoridades estadounidenses y proporcionar en secreto pruebas relacionadas con Díaz, su esposo, Gorrín y un banquero venezolano que operaba un banco en la República Dominicana para dirigir algunos de los pagos de sobornos al grupo, de conformidad con la acusación y otros registros judiciales. Andrade fue liberado de la prisión federal a principios de este año.

La pareja, junto con Gorrín, está entre las docenas de ex funcionarios del gobierno venezolano, empresarios y asociados, quienes han sido acusados de lavado de dinero en Miami a raíz de una serie de investigaciones en torno a la corrupción en el extranjero, dirigidas por el Grupo Especial El Dorado Sur de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Fiscalía Federal.