Yahoo Noticias Por qué España es la responsable de lo que pasa en el Sáhara Occidental y la única que puede solucionarlo
Han sido casi 30 años de alto el fuego, pero la precaria paz, que ha estado a punto de estallar en numerosas ocasiones en todo ese tiempo, finalmente ha saltado por los aires. La decisión de Marruecos de intervenir militarmente para disolver una concentración de saharauis que impedían el tránsito de vehículos y personas en el puesto fronterizo de Guerguerat, zona desmilitarizada, ha provocado que vuelvan a sonar los tambores de una guerra que se extendió por más de 15 años y que tuvo un cierre en falso.
Una vez más, cuando las tensiones aumentan en este conflicto casi olvidado y que se ha caracterizado por el estatus quo durante las últimas décadas, las miradas se dirigen a España, país responsable de esta situación y único que puede resolver la cuestión.
Desde finales del siglo XIX España colonizó el actual territorio del Sáhara Occidental y la región llegó a convertirse en una provincia más. Sin embargo, a partir de la década de 1970 empezó a formarse un movimiento independentista en el territorio (al igual que en muchos otros países contra el colonialismo) que se oponía tanto al control español como a las ansias anexionistas de Marruecos, que ya reclamaba el Sáhara para sí.
Cabe recordar que la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en 1960, hacía un llamamiento a la independencia de las colonias, especificando que estas tenían derecho a la libre determinación. Una declaración de intenciones que provocó que en esa década y la siguiente la mayoría de los pueblos colonizados obtuvieran su independencia.
En 1970, la resolución de Naciones Unidas 2711 aprobó la celebración en el territorio de un referéndum de autodeterminación que España aceptó en 1974 y empezó a preparar en 1975. Pero a día de hoy, más de cuarenta años después, ese plebiscito aún no se ha celebrado.
En noviembre de 1975, con Franco agonizando, Marruecos inició la Marcha Verde, un movimiento en el que movilizó a militares y civiles para anexionarse el territorio. Solo una semana después, se firmó en Madrid el Acuerdo Tripartito entre España, Marruecos y Mauritania, en el que las autoridades españolas transferían a los dos países africanos la administración del Sáhara Occidental. Una solución de emergencia ante la situación política que se vivía en el país que sin embargo iba a provocar un conflicto enquistado durante décadas.
Y es que esta cesión del territorio no tiene validez legal porque España continúa siendo hoy en día la potencia administradora del territorio y por tanto sigue estando obligada a celebrar el referéndum prometido.
Según Naciones Unidas, el Sáhara Occidental es uno de los 17 territorios que están pendientes de descolonización y no reconoce la autoridad marroquí sobre el territorio (Mauritania terminó renunciando tras varios años de guerra con los saharauis).
Este mismo 2020, su secretario general, António Guterres hizo un llamamiento para erradicar el colonialismo de una vez por todas y recordó que aún quedaban 17 territorios pendientes de este proceso, entre ellos el Sáhara.
La responsabilidad de España también viene indicada en la resolución 3458 de la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre de 1975, en la que se expresa lo siguiente:
Pide al Gobierno de España que, en su calidad de Potencia administradora y de conformidad con las observaciones y conclusiones de la Misión Visitadora y con arreglo a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, adopte inmediatamente todas las medidas necesarias en consulta con las partes involucradas e interesadas, de forma que todos los saharianos originarios del Territorio puedan ejercer plena y libremente, bajo supervisión de las Naciones Unidas, su derecha inalienable a la libre determinación;
Cabe recordar que la Corte Internacional de Justicia se había pronunciado en el mes de octubre señalando que ni Marruecos ni Mauritania tenían derechos de soberanía sobre el territorio, por lo que era necesario que se cumpliera la resolución 1514 que obligaba a las potencias administradoras a la descolonización.
Una responsabilidad española reflejada también en 2014 cuando la Audiencia Nacional recordó en el Auto número 40 de la Sala de lo Penal que España seguía siendo potencia administradora del territorio y señalaba respecto a los Acuerdos Tripartitos:
En fecha 29 de enero de 2002, el Consejo Jurídico de Naciones Unidas dictaminó la nulidad del "Acuerdo Tripartito", así: "El acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio, ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia Administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transmitido ". En definitiva, de acuerdo con lo manifestado hasta el momento, las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y los informes de su Secretario General, la Potencia administradora del Sahara Occidental sigue siendo España, aunque lo sea de "iure" pero no "de facto".
Así pues el derecho internacional muestra que el único país capaz de resolver la situación es España. Mientras tanto saharauis y marroquíes viven el momento de mayor tensión en más de tres décadas y puede terminar desembocando en una nueva guerra entre ambos.
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