Los grandes empleadores ofrecen prestaciones para el aborto. ¿Estará segura la información?

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En respuesta a la anulación por parte del Tribunal Supremo del derecho constitucional de las estadounidenses al aborto, los grandes empresarios pensaron que habían encontrado una forma de ayudar a las trabajadoras que viven en los estados en donde se prohíbe el aborto: ofrecer prestaciones para sufragar los viajes a otros estados para recibir servicios. Pero esa solución no hace más que suscitar dudas.

Los expertos advierten que el mero hecho de reclamar las prestaciones puede crear pistas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los estados que penalizan el aborto.

"¿Cómo reaccionarán las fuerzas del orden a los viajes relacionados con la salud y cómo responderán los empleadores a eso?" son solo dos de las preguntas que se hacen los abogados, dijo Lucia Savage, ex funcionaria de la administración Obama y actual directora de privacidad de Omada Health, una empresa emergente de California que ayuda a las personas a controlar condiciones crónicas, como la hipertensión y la prediabetes.

Algunas normativas —como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), que regula la privacidad de la salud, y otras leyes de seguros— protegen algunas partes de la vida privada de un paciente. Los departamentos de recursos humanos están obligados a mantener en secreto algunos datos médicos, pero un agente de la ley decidido, con una orden de registro o una citación, podría acabar accediendo a los datos de algún paciente.

Esto complicará la vida a las docenas de empresas que prometen proteger, o incluso ampliar, las prestaciones de aborto para las empleadas y sus dependientes.

Una revisión de KHN de las declaraciones públicamente disponibles identificó al menos 114 empresas que habían prometido mantener las prestaciones relacionadas con el aborto o ampliarlas ofreciendo tiempo libre pagado o reembolsos de gastos de viaje y alojamiento para que las empleadas o sus dependientes puedan obtener un aborto. Entre ellas se encuentran algunas de las empresas más grandes y destacadas de Estados Unidos: 54 de las empresas —entre las que se encuentran Starbucks, Bank of America y las californianas Disney y Apple— están en la lista Fortune 500.

Pero algunas empresas se mostraron reticentes a describir las medidas que están tomando para proteger la privacidad de los empleados. Solo 28 empresas respondieron a las preguntas de KHN acerca de sus políticas de confidencialidad. La mayoría declinó hacer comentarios. "No tenemos nada que compartir más allá de nuestra declaración", dijo Erin Rolfes, portavoz de Kroger, que tiene supermercados en 35 estados. La portavoz de Microsoft, Amanda Devlin, también declinó compartir información respecto a cómo los empleados reclamarían los reembolsos.

Otros fueron un poco más específicos en cuanto a cómo se administrarían sus prestaciones. La portavoz de Ulta Beauty, Eileen Ziesemer, dijo que las prestaciones por aborto de la compañía, con sede en Illinois, serían gestionadas por su "plan de salud y sus sistemas internos".

Al preguntarle si esos sistemas internos serían vulnerables a una citación o a una orden de registro, dijo: "Dado que cada estado aplicará la decisión del Tribunal Supremo de anular el caso Roe contra Wade y que las leyes de cada estado evolucionan rápidamente, no podemos comentar las posibles repercusiones en este momento".

Los observadores coinciden en que no se sabe cómo las empresas van a afrontar las implicaciones para la privacidad de la ampliación de las prestaciones por aborto.

"Todas están tratando de construir esta bicicleta mientras la montan", dijo Shelley Alpern, directora de compromiso corporativo en Rhia Ventures, un inversor sin ánimo de lucro en empresas de salud reproductiva y materna.

Los empleadores "van a intentar apostar por la privacidad", predijo Owen Tripp, director general de Included Health, con sede en San Francisco, una startup que ofrece servicios de navegación y atención virtual para empleadores. Muchas empresas tienen la clara intención de ampliar las prestaciones. "Pero el modo de hacerlo está menos claro", dijo. "Cada vez está más turbio".

Algunos empleadores probablemente contratarán empresas como Tripp's para que gestionen los beneficios por ellos. Match, el conglomerado de citas, se asoció con Planned Parenthood Los Ángeles, y todos los arreglos e información se dirigirán a través de ese grupo. En un comunicado, Match también se comprometió a tomar medidas para proteger la privacidad de sus empleados, diciendo que "luchará contra todas las solicitudes legales o citaciones de cualquier dato de los empleados o de usuarios relacionados con el aborto o los derechos LGBTQIA+".

Algunas empresas emergentes están ampliando su oferta: Carrot Fertility, con sede en California, una empresa que ofrece servicios de atención a la fertilidad, ayudará a sus clientes empleadores que quieran ampliar el acceso al aborto, escribió la directora general Tammy Sun.

Esto debería resolver algunos problemas de privacidad, dijo Tripp. Su empresa gestiona los viajes y el tiempo libre remunerado para una serie de procedimientos como la cirugía bariátrica y el tratamiento del cáncer. Un paciente puede reclamar esas prestaciones a través de la empresa de Tripp, de modo que el empleador solo ve la información agregada de las cantidades pagadas por los pacientes que buscan atención. Eso ayuda a proteger la información de los compañeros de trabajo.

Sin embargo, hay varias preguntas abiertas, dijo Savage. Entre ellas ¿cómo responderá un plan de empleados a las solicitudes de las fuerzas del orden? ¿Reducirá la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, que administra la normativa en privacidad de salud, las circunstancias en las que las fuerzas del orden pueden solicitar datos?

En la actualidad, los investigadores pueden acceder con una orden judicial o una citación y en determinadas emergencias.

En la práctica, la incertidumbre puede disuadir a las pacientes embarazadas de solicitar el beneficio, dijo Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de política sanitaria de la KFF. "No hay duda de que la preocupación de la gente por revelarle un aborto a sus empleadores limitará la frecuencia con la que se usará esta prestación, incluso cuando esté disponible", dijo.

Así ocurrió incluso cuando Roe era la ley del país, cuando las pacientes solían optar por pagar de su bolsillo en lugar de recurrir a su seguro. "Los empleadores que ofrecen estas prestaciones para el aborto son, por definición, partidarios de los derechos reproductivos, pero eso no significa que las empleadas no quieran tener privacidad cuando ellas o un miembro de su familia vayan a abortar", dijo Levitt.

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