El crimen organizado puede reclutar menores en México con "impunidad garantizada"

Los reclutamientos de menores de edad, por parte del crimen organizado, no son penados por el Código Penal de México. Así lo resaltó Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, en entrevista con Aristegui Noticias. La cifra de menores que entran cada año a las filas del crimen organizado es alarmante: de 30 mil a 35 mil, según informó el mismo Pérez García. Se trata ya de una práctica habitual por parte de los cárteles.

Esta cifra igualmente conecta con la que se dio a conocer la semana pasada, por parte de Science, sobre el lugar que ocupa el crimen organizado dentro del ranking de empleadores a nivel nacional: el quinto. Es una realidad que los carteles llegan adonde no lo hacen ni el Estado ni la Iniciativa Privada. Y lo hacen en el ámbito laboral y también en el del reclutamiento forzado. El principal problema para México, y lo que vuelve más grave ese reclutamiento masivo anual, es que no hay leyes que protejan a los menores ni castiguen a los reclutadores.

“Ahora mismo no es delito y no se puede sancionar a nadie por esto. En este país no hay manera de procesar penalmente a nadie que reclute a niños y niñas. En las experiencias internacionales en África o en América Latina, Colombia, que tienen un conflicto armado, está tipificado, y eso permite también marcos normativos, política pública, programas de desvinculación, porque la experiencia traumática que viven estos niños y niñas son experiencias de verdad terribles", expresó Pérez García en la misma entrevista.

Expuso que hay algunas variantes legales que han tratado de usarse para juzgar los reclutamientos forzados, como el delito de trata de personas o corrupción de menores. Pero, en realidad, esas categorías no funcionan porque el caso de los reclutamientos debe tener un "abordaje diferenciado". El académico incluso considera que debe usarse la categoría de crimen de lesa humanidad, por lo que los responsables, ya sean narcotraficantes o políticos, tendrían que ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Fue muy enfático al decir que, ahora mismo, hay "impunidad garantizada"-

Igualmente, recordó que desde 2011, México ha recibido alrededor de 78 recomendaciones para tipificar el delito de reclutamiento forzado, sin hacerlo, en una problemática que atraviesa a los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador. “Estas son estimaciones que hemos construido desde el 2010, partiendo de adolescentes en conflicto con la ley, aquellos que están vinculados a delitos de orden federal de alto impacto, importación de armas de uso exclusivo del Ejército, secuestro, entre otros; también de los propios estudios que la academia ha realizado en grupos o pandillas potencialmente víctimas o vinculadas a la captación de grupos criminales”.

El primer caso que salió a la luz pública fue el de Edgar Jiménez Lugo, conocido como El Ponchis, que en 2010 tenía once años y era ya sicario del Cártel del Pacífico Sur. Sin embargo, pese a todo el revuelo y estupor que causó aquel capítulo —como recordó Pérez García—, su reclutador, el Negro Radilla, fue detenido y juzgado por otros delitos, pero no por reclutamiento forzado.

La práctica está plenamente afianzada en los grupos criminales. Por ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación: “Desde hace unos dos años en distintas regiones aledañas a Lagos de Moreno hay centros de entrenamiento y de reclutamiento”, señaló el mes pasado el consulto David Saucedo a El Universal. El mismo medio pidió información a áreas de inteligencia federal y recibieron como respuesta que esos reclutamientos suelen empezar con falsas ofertas de empleo, que prosiguen con un secuestro y pruebas deshumanizantes como enfrentamientos directos con otras personas —a veces entre amigos—. Tan sólo por mencionar un cártel y una táctica, porque la dinámica se ha generalizado en ese mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR | EN VIDEO

Migrantes y un perro aprovechan reemplazo de muro fronterizo en Tijuana y cruzan a EEUU