Ejército y Marina negaron al GIEI información del caso Ayotzinapa; AMLO prometió acceso pero no se concretó

A pesar de que, cuando era candidato, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que su gobierno haría todo lo posible por llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa, y de que, una vez convertido en presidente, ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que transparentara toda la información de la que dispone, las Fuerzas Armadas mexicanas han opacado y negado documentación clave para que finalmente puedan esclarecerse los hechos. Por este motivo, los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) anunciaron este martes que abandonan México ante la imposibilidad de continuar con su trabajo.  

“La apertura de archivos ordenados por el presidente de México proporcionó mucha información relevante para el esclarecimiento, pero llegado un momento crucial, la negación de nuevo de otra parte de la documentación existente por parte de la Sedena ha supuesto un nuevo obstáculo”, señaló el equipo del GIEI en México, integrado por Carlos Beristain y Ángela Buitrago. Además, denunció que “las pruebas de que existe numerosa documentación que no ha sido proporcionada hasta ahora son abrumadoras”. 

Y todo ello, apuntaron los investigadores, con el conocimiento pleno del propio presidente López Obrador. 

El GIEI, que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que llegó en 2015 a investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos del crimen organizado, en contubernio con diversas autoridades policiacas y militares en septiembre de 2014, denunció en su sexto y último informe que la Sedena mintió en múltiples ocasiones ante el requerimiento de información clave.

En primer lugar, refiere el documento, la Sedena negó la existencia de un Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), “a pesar de los numerosos documentos existentes que certifican que existía desde principios de 2014, como lo muestra el acta del Grupo Guerrero de marzo de 2014, que realizaba seguimientos técnicos que implicaban escuchas o interceptaciones telefónicas y de mensajes en la zona de Guerrero”. 

En segundo lugar, el GIEI señaló que, de acuerdo con la respuesta de Sedena, los militares no realizaban interceptaciones telefónicas ni escuchas, ni seguimiento técnico, “cosa que está demostrada que sí se realizaba en los documentos y confirmada por un testigo protegido”. 

En tercero, la Sedena aseguró que el CRFI no dependía de la milicia, sino del entonces CISEN —y, por tanto, de Gobernación—, “cosa que tampoco es cierta, debido a que todas las comunicaciones del CRFI son dentro de Sedena y de altos mandos de la IX Región y del CN1, y ninguna del CISEN u otras autoridades”. 

En cuarto lugar, la Sedena negó la existencia de un Centro Militar de Inteligencia (CMI), asegurando que, en realidad, las siglas que aparecen en documentación del caso se refieren a “contenido mediático de información”. Esto, apuntó el GIEI, “aunque en numerosos documentos de Sedena se pone la sigla CMI como ‘Centro Militar de Inteligencia’ y ningún documento encontrado tiene una clasificación de ‘contenido mediático de información’”. 

Y en quinto lugar, el GIEI denunció que la Sedena negó la existencia de documentos que forman parte de la investigación a la fiscalía especializada del caso, a pesar de que el propio GIEI y la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa ya habían tenido acceso a esa investigación, “lo cual, además de una obstrucción a la justicia, muestra el absurdo de estas respuestas”. 

Asimismo, los investigadores presentaron un mapeo de los movimientos de los militares presentes en el lugar de los hechos durante el ataque, la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Y ese mapeo, realizado a partir del análisis de la señal de los celulares, desmiente las declaraciones de varios de los militares implicados en el caso, que negaron su presencia en el lugar o la minimizaron. 

La actuación oculta de la Marina 

Otro punto clave que señaló el GIEI en su último informe hace referencia a la participación oculta de la Marina en los hechos de Ayotzinapa. 

De acuerdo con la versión oficial que se conocía, la Marina se había limitado únicamente a dar “seguridad perimetral” para que otras autoridades hicieran diversas diligencias de investigación a partir del 28 de septiembre de 2014, un día y medio después de los sucesos ocurridos la noche del 26 de septiembre. Asimismo, buzos de la Marina participaron en las labores de rastreo en el Río San Juan. 

Sin embargo, los investigadores del GIEI revelaron que obtuvieron información sobre personas “muertas o ejecutadas” durante operativos de la Marina en el marco de la investigación del caso, y de al menos cinco personas cuyo paradero presuntamente se desconoce a la fecha. 

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“Elementos de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y, a partir de ahí, junto con la SEIDO y la PGR, se construyó la verdad histórica”, apuntó el investigador Beristain durante una conferencia de prensa. 

“Dos personas murieron en operativos de la Marina —recalcó—, no se sabe quiénes son, hay que analizarlo y verificarlo. Es un documento de una fuente confidencial. Además, la Semar también hizo monitoreo y control de comunicaciones”. 

Asimismo, los investigadores apuntaron que, de acuerdo con documentación, marinos estuvieron desde el día 27 de septiembre, y no desde el 29, como dijo inicialmente la dependencia, en el Río San Juan, donde se encontró el día 28 una bolsa con restos humanos. 

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la versión oficial de lo sucedido, la llamada “verdad histórica”, refirió que una red criminal atacó a los 43 estudiantes, los mató y quemó sus cuerpos en un basurero, y luego arrojó los restos a un río en una bolsa. 

Durante el gobierno de López Obrador, la Fiscalía General de la República calificó esa versión de “montaje”, y los investigadores del GIEI dijeron ahora que los marinos vieron esa bolsa con los huesos un día antes del hallazgo oficial, el 29 de octubre. 

“El 28 se encuentra una bolsa a un metro de la orilla. Y esa es la bolsa que, al día siguiente, el 29, se iba a descubrir (y que formó parte de la verdad histórica). Esto muestra la manipulación que hubo en el caso”, subrayó Beristain.

Incluso, el GIEI apuntó que ese mismo día, el 29 de octubre, en ese río había otras ocho bolsas con restos que no han vuelto a aparecer. 

“Tuvimos reuniones con el secretario de la Marina y con otros integrantes para tener más información, pero la respuesta fue: ‘No hay más información disponible’. Sin embargo, los documentos muestran que sí hay más información, que hay documentos que muestran que intervino la Unidad de Inteligencia Naval”, enfatizó Beristain. 

“Es imposible continuar el trabajo”

Ayer, los dos integrantes del GIEI lamentaron que no han podido dar “todas las respuestas” a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, debido a que no tuvieron acceso a toda la información existente por parte de las autoridades castrenses. 

“Para nosotros no hay condiciones para seguir. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Con qué información íbamos a trabajar?”, cuestionaron.

“El acceso a la información ha sido parcial, y parte de esa información se ha ocultado por la Sedena”, subrayó Beristain, que recordó que el GIEI regresó a trabajar en el caso —tras su primera salida durante el gobierno de Peña Nieto— luego de que la actual administración se comprometiera a dar acceso a toda la información disponible. “No ha sido así”, lamentó. 

“Los dos factores que impiden una investigación efectiva son el ocultamiento de información y la insistencia en negar cosas que son obvias. Todo esto impide llegar a la verdad”, insistió el integrante del GIEI. Además, reiteró que “ha sido imposible continuar con el trabajo” ante la falta de información y el ocultamiento de documentación clave por parte de las fuerzas castrenses. 

“El ocultamiento de información ha contribuido a ocultar responsabilidades del Estado”, dijo por su parte Ángela Buitrago, que también denunció que “las negaciones de las autoridades son un nuevo impacto para las familias de los desaparecidos”.