El drama de no saber ni dónde ni cuándo: la Argentina tiene unas 10.000 personas perdidas

A veces la verdad pasa muy cerca, pero llevará años descubrirla o tal vez eso no suceda nunca. Dos personas, una que está perdida y otra que lo busca, se cruzan sin saberlo en la misma calle y por veredas opuestas, y el rastreo seguirá siendo infructuoso. El Estado no es omnisciente: alrededor de 10.000 personas tienen en la Argentina el estado de desaparecida, una situación que esconde verdaderos dramas, abandonos y, a veces, finales felices.

¿Dónde están? Qué les pasó a las 5000 mujeres perdidas que el Estado no sabe cómo buscar

La primera dificultad que tiene entrar en el tema es que no se cuenta con una cifra oficial de afectados. Mientras que las organizaciones sin fines de lucro, los funcionarios y los relevamientos privados más confiables la estiman en 10.000, el último dato que el Gobierno tiene publicado es de 2015 y la fija en 6040. Semanas atrás, gracias a un pedido de acceso a la información pública por una nota de Lorena Oliva en este diario, el Ministerio de Seguridad afirmó tener detectados exactamente 21.821 casos, una estimación que, agregaron, no había sido todavía depurada, porque hay apariciones sin registrar.

El otro inconveniente es metodológico. Fiscalías, comisarías, morgues judiciales, Registro Nacional de las Personas y Ministerio de Seguridad no tienen una única base de datos. Los casos y las motivaciones de cada uno de ellos son múltiples: hay desde secuestros planeados por redes de trata hasta accidentes, suicidios, cuadros psiquiátricos o fugas intencionales. A veces, son situaciones que rozan lo insólito.

Durante un fin de semana lluvioso de junio de 2018, Oscar Ulchak, electricista de San Fernando, salió a andar en bicicleta. Cuando estaba en Tigre, se conmovió al ver a un hombre en situación de calle sentado en el banco de una plaza, bajo la llovizna. “Me dio pena”, dice ahora a LA NACIÓN, y recuerda que se detuvo a hablar con él. De la conversación surgió una historia increíble. Marcos Linares, así se llamaba, se había escapado de su casa de joven y vivido un buen tiempo en Brasil, donde contrajo VIH. Linares tenía ahora 42 años. Agregó que estaba teniendo una vida difícil porque alguien había duplicado su DNI y cobraba su pensión por enfermedad, y que buscaba infructuosamente retomar contacto con su familia, a la que no veía desde hacía 20 años.

Ulchak decidió, entonces, tomarle una foto y publicarla en Facebook. La imagen recorrió las redes, el país y llegó a Paso de los Libres, Corrientes, donde vivía María, la hermana de Linares, que reconoció de inmediato a su hermano, a quien había creído muerto durante todo ese tiempo. El reencuentro demoró apenas un mes: Linares volvió a Corrientes, donde volvió a ver a su padre y murió años después. Pero esa fue una gestión 100% privada, apuntalada en todo caso por la ONG Red Solidaria, que se esmeró no bien se produjo el hallazgo en volver a buscar a Linares, a quien encontró en una plaza de Vicente López. El funcionamiento del Estado, en cambio, no siempre facilita las cosas.

El 53% del desaparecidos de la lista que tiene el Gobierno es de sexo femenino. He ahí un punto importante: se pierden más mujeres, pero la mayor parte de los hallazgos de cadáveres sin identificar corresponden a hombres. “Constituye un punto importante, que requerirá de futuros análisis, que las identificaciones de varones superen en tan alta proporción si se considera que representan menos del 44% de las personas buscadas”, dice un trabajo conjunto elaborado sobre el tema por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal (Protex) y la ONG Acciones Coordinadas contra la Trata de Personas (ACCT).

El informe estatal expone varios de los problemas que aparecen entre la desaparición y el eventual hallazgo o la constatación de la muerte. Por lo general, dicen los especialistas, el 90% de los casos se revuelve en horas o pocas días después de la denuncia. Por eso son tan relevantes las primeras 48 horas.

A veces tampoco es fácil conseguir que un cementerio municipal acceda a iniciar el trámite para identificar un cuerpo enterrado como NN. El reporte oficial cuenta el caso de R.G.A., un joven de 26 años que murió el 24 de diciembre de 1990, el día de Nochebuena, arrollado por el ferrocarril Roca en el andén 5 de la estación Temperley, y se lo identificó en 2016, exactamente 26 años después. O lo que pasó con M.C., una chica de 19 años que desapareció el 11 de mayo de 2010 en Villa Lugano mientras, casi en simultáneo, 12 horas después de que la familia hiciera la denuncia, aparecía un cuerpo de alguien que había muerto como consecuencia de la mordedura de un dogo. Nadie unió los dos hechos hasta que, cinco años más tarde, en septiembre de 2015, se logró identificar el cuerpo, también enterrado como NN. “El tiempo que pasó desde la denuncia por su desaparición, el descubrimiento del cuerpo y su identificación revela que las búsquedas deben agilizarse y se deben direccionar las medidas ante el hallazgo de un cadáver NN”, advierte el trabajo.

Se supone que la era digital debería facilitar las cosas. Bastante más que, por ejemplo, aquellas placas de “Llamado a la solidaridad” de la televisión abierta de otros tiempos. Pero no siempre estas herramientas se emplean de modo coordinado. “Lo mejor que puede pasar es que los casos se hagan públicos: a veces que se politice complica desde el lado de la exactitud de los hechos, pero ayuda al menos en la difusión”, dice Juan Carr, de la Red Solidaria, que organizará con la AFA una movida de búsqueda de chicos perdidos para el 23 de marzo, en el partido con que el seleccionado argentino festejará frente al de Panamá el título de Qatar. Un 70% de los que se pondrá en el listado se perdieron en los últimos dos años. Ahí está por ejemplo Guadalupe Lucero, la pequeña de 5 años a quien alguien se llevó en junio de 2021, mientras jugaba en la vereda de un barrio de la ciudad de San Luis.

Cuenta Carr que este tipo de iniciativas le ha deparado sorpresas malas, gratas y hasta inverosímiles. Un día, un hombre de 30 años se le acercó y se presentó: “Yo soy ese que están buscando –le dijo–. No quiero que me busquen: es una decisión personal”. Otra vez, una mujer de 40 años oriunda de Guaymallén, Mendoza, llamó a una empresa fabricante de yerba del conurbano bonaerense quejándose de que, por iniciativa de la ONG, su foto estuviera impresa en los paquetes.

En general, según las estadísticas, las circunstancias de una desaparición afectan más a la población de bajos recursos. Pero no siempre es así. Hace 45 días que la familia de Nataniel Guzmán, un abogado jujeño que trabaja en un juzgado de familia de la ciudad de Mendoza, no sabe nada de él. Fue visto por última vez el 27 de enero y aparece en una grabación de video subiéndose a un colectivo que iba a Villavicencio. Es más frecuente, en cambio, una pérdida entre adultos mayores con dificultades para encontrarse en tiempo y espacio. A Nieves Mabel Fidani, de 69 años, no se la ve desde el 5 de octubre pasado, cuando salió del hogar de Martín Rodríguez-Viamonte, en Ituzaingó, a hacer compras. Nunca volvió.

La prioridad de quienes emprenden la búsqueda es que se hable del caso y así, se activen los mecanismos estatales. Dicen que una marcha para hacer pública una situación no siempre resulta, porque a veces va muy poca gente. Y también que, durante la investigación, es inevitable la proliferación de teorías conspirativas e incluso disparates. Durante los 24 días en que se buscó a los Pomar, la familia de cuatro miembros que murió en 2009 como consecuencia de un accidente yendo a Pergamino, algún perito ensayó en los medios de comunicación una teoría: en una de las grabaciones tomadas por las cámaras de un peaje, el padre, Fernando, tenía un gesto que le daba el rictus propio de un psicópata. ¿Había sido el asesino y se había suicidado? El hallazgo del auto, que estaba oculto al borde de la ruta, puso las cosas en su lugar: habían tenido un accidente y, en la imagen, lo que estaba haciendo Fernando era cantar con sus hijas.