Yahoo Noticias Dinamarca apunta una bola de demolición a los vecindarios ‘no occidentales’
AARHUS, Dinamarca— Después de huir de Irán hace décadas, Nasrin Bahrampour y su marido se instalaron en un luminoso apartamento de vivienda pública con vista a la ciudad universitaria de Aarhus, Dinamarca. Lo llenaron de plantas en macetas, fotografías familiares y alfombras persas y allí criaron a dos hijos.
Ahora, están siendo obligados a abandonarlo en virtud de un programa gubernamental que exige la integración en ciertos vecindarios de bajos ingresos donde viven muchos inmigrantes “no occidentales”.
En la práctica, eso significa que miles de apartamentos serán demolidos, vendidos a inversores privados o remplazados por nuevas viviendas destinadas a residentes más ricos (y a menudo no inmigrantes), para aumentar la mezcla social.
Los medios de comunicación daneses han calificado el programa como “el mayor experimento social de este siglo”. Los críticos dicen que se trata de una “política social con una excavadora”.
El gobierno declaró que el plan tiene como objetivo desmantelar las “sociedades paralelas”, que los funcionarios describen como enclaves segregados donde los inmigrantes no participan en la sociedad en general ni aprenden danés, incluso cuando se benefician del generoso sistema de asistencia social del país.
Los opositores dicen que es una forma contundente de discriminación étnica; además, infundada en un país con baja desigualdad de ingresos y donde el nivel de privación en las zonas pobres es mucho menos pronunciado que en muchos países.
Si bien muchos otros gobiernos han experimentado con soluciones para luchar contra la privación y la segregación urbana, los expertos dicen que exigir una reducción de la vivienda pública basada en gran medida en el origen étnico de los residentes es una solución inusual, dura y contraproducente.
En áreas como Vollsmose, un suburbio de Odense donde más de dos tercios de los residentes provienen de países no occidentales (principalmente musulmanes), el mandato del gobierno se está traduciendo en demoliciones masivas.
“Siento que al expulsarnos quieren ocultarnos porque somos extranjeros”, dijo Bahrampour, de 73 años.
Después de meses de buscar por la ciudad, ella y su marido encontraron un apartamento más pequeño en otro edificio de viviendas públicas cercano. Aun así, dijo Bahrampour, verse obligada a abandonar su casa fue desgarrador.
“Me siento como si siempre fuera una refugiada”, dijo.
El plan de vivienda fue anunciado en 2018 por un gobierno conservador, pero comenzó a tomar forma tangible hasta hace poco. Fue parte de un paquete más amplio convertido en ley que sus partidarios prometieron iba a desmantelar las “sociedades paralelas” para 2030. Entre sus mandatos está el requisito de que los niños pequeños en ciertas áreas pasen al menos 25 horas a la semana en centros preescolares donde se les enseñe el idioma danés, así como “valores daneses”.
En un país donde el mundialmente famoso sistema de asistencia social se construyó originalmente para atender a una población pequeña y homogénea, el proyecto de reforma de la vivienda ha contado con un amplio apoyo en todo el espectro político. Eso incluye a los gobernantes actuales socialdemócratas liberales, quienes cambiaron el término utilizado para las comunidades afectadas, sustituyendo la tan criticada palabra “guetos” por “sociedades paralelas”.
“La sociedad de bienestar es fundamentalmente una comunidad, que se basa en una confianza mutua con la que todos contribuimos”, dijo en marzo la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en una cumbre de municipios del país. “Todo eso está siendo seriamente cuestionado por las sociedades paralelas”.
La ley exige que en los vecindarios donde al menos la mitad de la población sea de origen o ascendencia no occidental y donde existan al menos dos de las siguientes características —bajos ingresos, baja educación, alto desempleo o un alto porcentaje de residentes que hayan tenido condenas penales— la proporción de viviendas sociales debe reducirse a no más del 40 por ciento para 2030.
Eso significa que será necesario vaciar o demoler más de 4000 unidades de vivienda pública. Al menos 430 ya han sido demolidas.
La decisión sobre qué viviendas seguirán siendo públicas la tomarán los gobiernos locales y las asociaciones de vivienda. La asociación que opera en Vollsmose afirmó que sus decisiones no se basan tanto en si un edificio está en mal estado, sino en su ubicación y en si funcionará bien en el mercado. A los residentes desplazados se les ofrecen viviendas públicas alternativas en otros edificios o vecindarios.
Desde el principio, el hecho de que el programa esté dirigido a comunidades basándose en gran medida en la presencia de inmigrantes no occidentales o sus descendientes ha atraído amplias críticas.
Varios casos judiciales basados en la acusación de que la ley equivale a una discriminación étnica han llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Incluso las Naciones Unidas han opinado: un grupo de sus expertos en derechos humanos han declarado que Dinamarca debería detener la venta de propiedades a inversores privados hasta que se adopte una decisión sobre la legalidad del programa.
Los críticos en Dinamarca y otros lugares han dicho que sería mejor que el país se concentrara en contrarrestar la discriminación contra las comunidades de las minorías —principalmente su población musulmana— si el objetivo es lograr que más personas se integren a la sociedad danesa. Afirman que la ley que creó el programa de vivienda en realidad empeora la discriminación al caracterizar a las personas de origen inmigrante como un problema social que debe resolverse.
También argumentan que los enclaves étnicos han servido históricamente como puntos de llegada para nuevos inmigrantes en muchos países, lugares donde pudieron afianzarse antes de que las generaciones posteriores se asimilaran.
Será difícil evaluar si las personas obligadas a abandonar sus hogares terminarán en mejor situación porque las autoridades danesas no las están monitoreando. Sin embargo, lo que está claro es que para algunas personas mudarse ha sido traumático.
Un día reciente, Marc-Berco Fuhr estaba sentado entre cajas por abrir en el apartamento suburbano en el que él y su madre, que emigró de Alemania Oriental, tuvieron que mudarse después de que su edificio fuera marcado para demolición. Reprodujo un video de una entrevista que su madre dio a un periódico antes de irse.
Rodeada de sus jarrones chinos, suntuosas cortinas y frescos dorados que había pintado en las paredes, su madre de 82 años protestó por haber sido obligada a irse después de casi 40 años y dijo que tal vez no sobreviviría a la mudanza. “Esta es mi casa”, afirmó.
Desde entonces, la madre ya ha fallecido y su hijo ha conservado su reloj, sus jarrones y un tablero de ajedrez de nácar, los cuales se quebraron durante la mudanza.
“Éramos muy felices en nuestro apartamento”, dijo. “Aquí no me siento realmente en casa”.
El plan de reurbanización se encuentra en sus primeras etapas, pero el gobierno ha afirmado que el programa está dando frutos según los criterios que estableció.
Según un informe del gobierno, quienes abandonan los vecindarios afectados tienen, en promedio, menos educación, menos probabilidades de tener un empleo pleno y ganan menos que quienes se mudan luego allí. También señaló que son menos los no occidentales que llegan que los que se van.
“La mezcla de personas de diferentes estratos de la sociedad es cada vez mayor”, dijo Thomas Monberg, miembro del Parlamento y portavoz de asuntos de vivienda de los socialdemócratas, en una respuesta por correo electrónico a las preguntas. Dijo que el gobierno actuó porque no podía darse el lujo de “esperar hasta que la gente comenzara a matarse entre sí en guerras de pandillas”.
En visitas a varios vecindarios que se estaban remodelando, algunas personas —tanto las que entraban como las que se marchaban— dijeron que estaban contentas con los cambios.
“Creo que está funcionando”, dijo Henriette Andersen, una diseñadora gráfica de 34 años que se mudó al vecindario de Gellerup, en Aarhus, hace más de dos años. Mientras empujaba un cochecito hacia su casa de dos pisos recién construida, dijo que entendía cómo el plan le generaba problemas a las personas que se veían obligadas a abandonar el vecindario. “Pero”, dijo, “es necesario hacerlo si se quieren hacer cambios”.
En Vollsmose, Faila Waenge dijo que estaba feliz de irse. Mientras iba y venía de su casa a una lavandería cargando mantas y sábanas, afirmó que algunos residentes del área fumaban marihuana y que el vecindario era demasiado ruidoso.
Aun así, algunos expertos y residentes afirmaron que el experimento que estaba trastocando la vida de las personas se llevó a cabo con muy pocas pruebas de que funcionaría.
Gunvor Christensen, quien hasta hace poco era el analista jefe del centro nacional de investigación en ciencias sociales de Dinamarca, dijo que no había surgido evidencia científica de que los vecindarios estuvieran afectando negativamente las oportunidades de sus residentes en Dinamarca.
“Si hicieran que el programa fuera voluntario, la mayoría de la gente preferiría quedarse”, dijo Christensen, quien ahora trabaja para una organización de vivienda social. “El experimento habría fracasado”.
c.2023 The New York Times Company
