Las deudas ambientales de México en 2022: impunidad alimenta violencia contra defensores y abre el camino a megaproyectos

Hay datos que es necesario no olvidar. Tenerlos presentes permite dimensionar la magnitud del patrimonio natural que aún es posible hallar en México. El país tienen el privilegio de ser uno de los más biodiversos del planeta: es la nación con más especies de pinos, la que alberga al mayor número de mamíferos marinos, la que ocupa el segundo lugar en especies de reptiles y una de las cuatro si se habla de variedades de plantas vasculares. Esa diversidad que da identidad a un territorio se desvanece cada que pasa un año sin que el medio ambiente se mire como una prioridad nacional.

En toda su historia, México no se ha caracterizado por mirar a la conservación de su patrimonio natural como un asunto vital. Tan es así que en la década de los setenta y hasta principios de los ochenta desde el mismo gobierno se fomentó la deforestación, para impulsar la agricultura y la ganadería, con el Programa Nacional de Desmontes. Fue hasta la década de los noventa, y como respuesta al impulso internacional, que el país comenzó a diseñar leyes e instituciones dedicadas al medio ambiente.

En los últimos años, cuando el mundo vive una emergencia climática y los científicos urgen a detener la pérdida de ecosistemas y de especies, en la agenda nacional estos temas siguen sin tener protagonismo.

Monos araña, en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Foto: CONANP/PNCS.

Mongabay Latam consultó a científicos, especialistas en derecho ambiental, bosques y mares, así como a integrantes de colectivos de jóvenes indígenas involucrados en la defensa del territorio para hacer un balance de cómo termina México el 2022 si se habla de temas ambientales.

Estas voces lamentan que en las políticas públicas se ignore el incremento de la violencia en contra de los defensores ambientales y del territorio. Además, identifican acciones que comprometen el futuro de varios ecosistemas, entre ellos el desdén del mismo gobierno federal por cumplir con las leyes ambientales, el aumento de la militarización en regiones como la Península de Yucatán y el abandono de las comunidades forestales.

Lo grave: violencia contra defensores

Filogonio Martínez Merino era originario del pueblo indígena chatino y vivía en Paso de la Reina, al sur de Oaxaca. Tenía 60 años cuando fue asesinado a balazos. Su muerte se dio el 26 de octubre de 2022. Un año antes, cinco de sus compañeros e integrantes del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) también fueron asesinados.

Después de que en 2021 asesinaron a cinco personas que pertenecían a Copudever, Filogonio Martínez fue uno de los integrantes de la comunidad Paso de la Reina que solicitó medidas cautelares al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno mexicano.

Esas medidas —que se limitaron a entregar teléfonos celulares— no evitaron que Filogonio Martínez fuera asesinado. Su caso muestra que en México la violencia en contra de las personas defensoras del ambiente no da tregua.

El informe más reciente de Global Witness, publicado en septiembre de 2022, colocó a México como el país más peligroso para quienes defienden el ambiente y el territorio: 54 personas defensoras fueron asesinadas durante 2021; 40 % de ellas eran indígenas.

“En el país prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural. Hay una brutal impunidad ante estos asesinatos”, señala Gustavo Alanís Ortega, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), organización que desde 2014 realiza un informe anual sobre las agresiones que sufren los defensores. El informe del 2022 lo presentarán en marzo de 2023.

En abril de 2022 se cumplió el primer año de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, tratado para América Latina con el que se busca, entre otras cosas, que los Estados protejan a los defensores ambientales y garanticen un entorno seguro para la defensa del medio ambiente.

Los Estados que han ratificado el Acuerdo de Escazú, entre ellos México, se comprometieron a prevenir, investigar y sancionar los ataques e intimidaciones que sufren los defensores, pero “eso no está sucediendo en el país”, destaca Alanís Ortega y reclama que exista un silencio sobre el tema, en especial de la Secretaría de Gobernación, dependencia encargada del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Rosa Marina Flores Cruz, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio, califica como “sumamente grave” la situación de los defensores en México. Para dar más peso a su afirmación, recuerda lo que sucede con el Proyecto Integral Morelos, el cual incluye dos centrales termoeléctricas y un gasoducto. Su construcción comenzó desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Opositores a este megaproyecto han denunciando ser víctimas de criminalización, amenazas y asesinatos. El caso más conocido es el de Samir Flores, sus asesinos le dispararon afuera de su casa en 2019. Hasta ahora solo hay un detenido. Las amenazas en contra de las personas que se oponen al proyecto continúan.

“Este es solo uno de los casos”, dice Marina Flores, quien también es integrante de la Red Futuros Indígenas, colectivo que reúne a jóvenes de más de 20 pueblos indígenas y que miran la defensa del territorio como la defensa de la vida.

Marina Flores menciona que con el actual gobierno, “que se nombra progresista y cercano al pueblo”, se está creando una situación muy delicada en las comunidades que eleva el riesgo de los defensores de ambiente y territorio.

Con sus programas sociales, “este gobierno —dice Marina Flores— está generando una dinámica de clientelismo muy fuerte en los territorios”. Eso ha llevado a que se eleven los enfrentamientos entre quienes están en contra o a favor de los megaproyectos. Incluso, la misma gente de las comunidades es la que vigila a quienes se oponen a las políticas del gobierno federal. “Si a eso le sumas la militarización que se está dando en el país, el panorama se complica aún más”.

Lo preocupante: un tren que cruza la selva

En el 2022 se hizo más evidente la urgencia del gobierno federal por construir el llamado Tren Maya en la Península de Yucatán. En este año también se escucharon más voces en contra de este megaproyecto que, de acuerdo con los planes gubernamentales, tendrá 1500 kilómetros de vías que atravesarán cinco estados del país y cuyo costo podría alcanzar los 20 000 millones de dólares, unos 8 millones de dólares más de lo que se había previsto.

Ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y comunidades demostraron que en varios tramos del proyecto las obras comenzaron sin que se contara aún con la aprobación de la Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA). Eso llevó a que los tribunales otorgaran varios amparos que obligaban a las empresas y al gobierno a detener los trabajos hasta que se resolviera el asunto jurídico. Eso no sucedió. En todos los casos, las labores continuaron.

Gustavo Alanís, director de Cemda, también recuerda que en algunos tramos del tren se talaron zonas sin contar con todos los permisos ambientales, entre ellos las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal y, por lo tanto, se ignoró lo que señala la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “fue omisa. Debió haber clausurado las obras y exigido la restauración”.

Con la construcción de la refinería Dos Bocas sucedió algo similar: se taló una zona de manglar sin tener las autorizaciones ambientales, pese a que el Artículo 418 del Código Penal Federal señala que se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y una multa a quien ilícitamente desmonte o cambie el uso de suelo forestal.

“Al ser obras del gobierno tendrían que ser impecables, cumplir con todas la normatividad. Al no hacerlo, se están violentando los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de división de poderes”, señala la doctora Marisol Anglés Hernández, especialista en derecho ambiental del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En el caso del Tren Maya, la investigadora menciona que son muchas las implicaciones ambientales que se tendrán al presentar MIAs por cada uno de los tramos y no por todo el proyecto. “Eso es minimizar los impactos, cuando en realidad los daños son gigantescos”.

A principios de diciembre, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos señalaron que considerar el proyecto del Tren Maya como un tema de seguridad nacional, “no permite a México eludir su obligación internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas afectadas por este megaproyecto y de proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales”.

En un comunicado, los expertos de la ONU también señalaron que las personas defensoras de los derechos humanos que han dado a conocer las irregularidades que rodean al megaproyecto enfrentan amenazas, ataques y acceso limitado a un tribunal independiente e imparcial.

Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, señaló que “la creciente participación del ejército en la construcción y gestión del proyecto también suscita una gran preocupación”.

A partir de marzo ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) iniciaron la construcción de todo el Tramo 5 del llamado Tren Maya, después de que se cambió la ruta y se canceló la licitación que había ganado Grupo México, empresa que ahora reclama una indemnización.

El Tramo 5 es solo uno de los tres que están a cargo de la Sedena. La participación de los militares no se limita solo a la construcción del megaproyecto. El presidente López Obrador ha señalado que será una empresa del ejército la que administre el llamado Tren Maya, además de los aeropuertos de Tulum, el de Chetumal y el de Palenque. Las utilidades que genere esta compañía, dijo el presidente en diciembre de 2020, se destinarán a “fortalecer las finanzas para pensionados y jubilados de las Fuerzas Armadas”.

Durante una comparecencia en el senado realizada a principios de diciembre, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, defendió la construcción del Tren Maya al destacar que “en las comunidades se ve como una virtud que pueda cambiar su realidad, haciendo desarrollo sustentable”.

Para la investigadora Marisol Anglés, el Tren Maya es todo lo contrario a un desarrollo sustentable: es una obra que además de destruir la selva maya, ignora toda la evidencia científica que alerta sobre la fragilidad del suelo calcáreo de la Península de Yucatán.

El doctor Luis Zambrano, del Instituto de Biología de la UNAM, resalta que el megaproyecto y los desarrollos de infraestructura que se realicen a su alrededor, entre otras cosas, contribuirán a modificar el flujo hídrico de la Península y eso tendrá efectos en toda la región, en especial en lugares como la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an y en especies que dependen de la dinámica hidrológica que hay en la zona.

“Cuando destruimos todo eso en aras del malentendido turismo, provocamos pérdida de biodiversidad”, advierte Zambrano.

Lo crítico: un sector ambiental sin recursos

Para 2022, el gobierno federal destinó al sector ambiental un presupuesto de poco más de 40 795 millones de pesos (poco más de 1986 millones de dólares), cifra que no se compara con los más de 67 mil millones de pesos que tuvo en 2015. Fue justo en ese año cuando comenzaron a mermar los recursos gubernamentales para el medio ambiente.

En los últimos siete años, de acuerdo con cálculos realizados por Cemda, los recursos que México destina al sector ambiental se ha reducido en casi un 60 %. Ese bajo presupuesto, señalan varios de los entrevistados, ha tenido consecuencias en la falta de personal y de recursos para realizar acciones de inspección y vigilancia en áreas naturales protegidas y otras zonas de importancia ambiental.

Las 138.7 millones de hectáreas de terrenos forestales que tiene el país (71 % de la superficie terrestre nacional) también han padecido la falta de recursos. Para el 2022, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) contó con un presupuesto de poco más 2 440 millones de pesos (alrededor de 123 millones de dólares), cantidad que se diluye si se compara con los más de 29 mil millones de pesos que recibió Sembrando Vida, el principal programa social del gobierno de López Obrador.

La falta de recursos para el sector forestal se refleja, entre otras cosas, en el aumento de la superficie de bosques afectadas por plagas: en 2020 fueron 47 807 hectáreas, para 2022 ese número llegó a 56 251 hectáreas.

“Se ha erosionado de manera importante las capacidades institucionales del sector ambiental, porque se ha ido mucha gente con conocimiento técnico y por la falta de presupuesto”, señala José Iván Zúñiga, gerente de bosques de WRI-México.

Además de la disminución de recursos, el sector ambiental se ha enfrentado a una reestructuración que ha llevado a que la Semarnat absorba a dependencias como el Instituto Nacional de Cambio Climático (INECC) y a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Esta última, además, cambió de secretario ejecutivo: después de 30 años, el doctor en ecología José Sarukhán dejó ese cargo y en su lugar se nombró al doctor en Estudios urbanos Daniel Quezada.

Al comparecer ante los senadores, la secretaria María Luisa Albores aseguró que la Conabio no desaparecerá, “se integra como Unidad Administrativa de la Semarnat, lo que da certeza presupuestal, laboral, jurídica y administrativa a su personal”.

Para investigadores como Luis Zambrano, lo sucedido con la Conabio es una muestra de “la destrucción de instituciones que costó mucho trabajo forjar… Lo que necesitamos son grandes instituciones que verdaderamente protejan el ambiente y no estén a las órdenes del capricho de una persona; instituciones que impulsen la investigación científica de alta calidad para tomar buenas decisiones”.

Lo lamentable: biodiversidad y comunidades forestales, en el olvido

A finales de julio de 2022, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) clasificó como una especie En Peligro de extinción a la mariposa monarca que cada invierno migra a los bosques del centro de México.

Además de la monarca migratoria, hay decenas de especies en México que también están en riesgo de solo ser pasado. Una de ellas es la vaquita marina, que solo se encuentra en el Golfo de California, y varias especies de ajolote como el Ambystoma mexicanum, endémico del Valle de México.

El que estas especies no logren recuperar sus poblaciones es una muestra de “nuestra completa incapacidad como sociedad y como gobierno para entender la importancia de conservar especies”, señala el doctor Zambrano.

Además, el investigador alerta que con megaproyectos como el Tren Maya “se está destruyendo el hábitat de muchas de las especies. Se están consolidando las bases para tener grandes extinciones en el futuro”.

En varias regiones del país en donde los bosques y selvas están siendo talados para sustituirlos por infraestructura urbana, turística o monocultivos, también se está dando la pérdida de las interacciones ecológicas. “En un ecosistema una especie puede estar interactuando con decenas de especies. Una sola perturbación en una especie puede tener efectos en cascada”, explica el doctor Alfonso Valiente Banuet, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM.

Esta pérdida de cobertura forestal se está dando en regiones como Jalisco, Michoacán, Chiapas, Campeche o Quintana Roo, como Mongabay Latam lo documentó en la investigación periodística Sembrar Deforestación.

Hasta diciembre de 2022, la Semarnat ni la Conafor habían dado a conocer cifras oficiales y actualizadas sobre la deforestación en México. En el Sistema Nacional Información Forestal los últimos datos disponibles son de 2019 cuando la superficie deforestada alcanzó las 226 581 hectáreas.

Los análisis de la Universidad de Maryland y de la plataforma Global Forest Watch muestran que México perdió 300 000 hectáreas de cobertura arbórea en 2020. Para 2021 esa cifra disminuyó a 189 000 hectáreas. Estos datos fueron los que presentó la titular de la Semarnat en su comparecencia ante los senadores para asegurar que “nuestro país regresó a los niveles de pérdida de cobertura forestal que se tenía hace diez años”.

José Iván Zúñiga, gerente de bosques de WRI-México, señala que “el que se esté reduciendo la tasa de pérdida de ecosistemas forestales no indica que necesariamente vayamos mejor, sobre todo porque se siguen perdiendo ecosistemas de gran importancia, sobre todo las selvas del sur y sureste del país; en especial la Península de Yucatán y Chiapas”.

Además, Zúñiga observa otras situaciones preocupantes que se están dando en los territorios en donde hay bosque: “Las comunidades con recursos forestales cada vez se ven más afectadas por los problemas de inseguridad. No solo sufren de tala ilegal, también hay una falta de control y acceso al territorio. La inseguridad está impactando el tema de la gobernanza dentro de las comunidades”.

Hay regiones en donde los grupos armados están obligando a las comunidades y ejidos a venderles las materias primas a un precio que ni siquiera paga el costo de producción. En otras zonas, esos grupos están tomando el control de los aserraderos. También hay comunidades que son extorsionadas. Y hay casos en donde estos grupos se encargan de talar el monte.

Además, en los últimos años, los apoyos y la atención gubernamental se concentra solo en aquellas pequeñas comunidades y ejidos que hacen manejo forestal comunitario. “Hay mucha desatención a las iniciativas comunitarias más grandes y avanzadas”, menciona Zúñiga. Lo ideal, dice, sería que se atendiera a todas las comunidades forestales.

Zúñiga recuerda que cuando se invierte en el sector forestal hay beneficios económicos, sociales y ambientales: “Son las mismas comunidades las que atienden las plagas, las enfermedades forestales, los incendios e impiden la tala ilegal. Mantienen el monte en buen estado”.

Puedes leer el reportaje completo en Mongabay Latam

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