Detrás del confeti: el 2024 y la batalla por redefinir los límites del poder presidencial

El presidente López Obrador y MORENA buscan anular a la única instancia que tiene la capacidad institucional de limitar su poder: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El máximo tribunal representa el último eslabón de la cadena procedimental en México; es la única entidad con la capacidad de frenar o revertir modificaciones legales que violen principios constitucionales, como romper el procedimiento legislativo —véase el caso del “Viernes Negro” ¹ de 2021— o la exclusión de un derecho social por sexo o ideología.

El embate oficialista contra la Corte corre en tres pistas. La primera: la colonización. Esto implica mandar a la SCJN perfiles supeditados a MORENA. Un ejemplo son las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes —casi de manera perfecta— votan en función a los intereses del gobierno. Otro perfil en esa ruta es Lenia Batres, quien ha tenido varias responsabilidades en el partido de López Obrador; ² no obstante, habrá que analizar sus votaciones con el tiempo.

La segunda es el ataque directo. Esta es la más común y viene desde Palacio Nacional, para ser replicada por las bases obradoristas. Suele dirigirse a la ministra presidenta Norma Piña y a los ministros que no votan como el gobierno quiere. Un blanco reciente ha sido el ministro Alberto Pérez Dayán, quien, con su voto de calidad, invalidó el 1 de febrero una reforma (2021) a la Ley de la Industria Eléctrica que le daba una ventaja a la CFE sobre empresas privadas en materia de generación eléctrica, por considerar que dicha Ley vulneraba los principios de competencia y desarrollo sustentable. Ese mismo día, el bloque morenista en San Lázaro anunció un proceso de juicio político contra Pérez Dayán.

Y la tercera es la reforma desmanteladora. Esta se resume en el apartado judicial del denominado “Plan C” de MORENA —un paquete de reformas que López Obrador ha delineado para sus últimos meses de gobierno—, y mismo que es promovido por Claudia Sheinbaum: ³ desmantelar la Corte actual y promover la elección popular de ministros —algo que beneficia a quien controla grandes cantidades de dinero y estructuras territoriales, como lo es el gobierno federal en turno y su brazo electoral—.

La política social de López Obrador no es financieramente sostenible en el mediano plazo, al menos no bajo el esquema de gasto actual que ha elevado el déficit presupuestario al 4.9 % del PIB para 2024, ⁴ siendo este su mayor nivel desde 1989 ⁵ y más del doble del registrado en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto (1.9 %). ⁶ Su política de seguridad y militarización dejará cerca de 200 mil ejecuciones, ⁷ al menos 44 mil desaparecidos, ⁸ y un Ejército con una influencia financiera y política preocupante. En materia fiscal, no se subieron impuestos a los más ricos. Y la política exterior morenista es tímida y suele justificar regímenes autoritarios como el venezolano y el cubano.

Sin embargo, esto no es democráticamente letal per se, en lo inmediato. La política social se ajusta; la de seguridad se modifica; la grave militarización aún se puede revertir —aunque el tiempo se agota—; el esquema fiscal puede ser más progresivo, y la política exterior puede volver a defender la democracia liberal.

Pero si la Corte cae en manos de una facción pro-MORENA, los gobernantes de este partido, desde una hipotética presidenta Sheinbaum hasta un alcalde, sabrán que, últimadamente, nadie podrá frenar sus transgresiones a la ley.

A finales de este año, el ministro Luis María Aguilar dejará su cargo. Si se vuelve a designar a un ministro leal a MORENA, ya no será posible alcanzar el mínimo de ocho votos para invalidar una ley inconstitucional. Esquivel, Ortiz, Batres y ese potencial perfil morenista podrían, de facto, dar luz verde a diversos cambios democráticamente letales —reconcentrar facultades en el Ejecutivo, legalizar condiciones de inequidad electoral o ignorar violaciones al proceso legislativo, entre otros—.

Mediáticamente, la elección de 2024 se puede tratar de muchas cosas. Pero detrás del confeti hay una batalla por redefinir los límites del poder presidencial en México: por expandirlos colonizando a la Corte, o por contenerlos protegiendo la autonomía de este imperfecto tribunal que, no obstante, es el último guardián de la Constitución.

* Alonso B. Tamez (@AlonsoTamez) es maestro en Comunicación Política por la Universidad de Glasgow y maestro en Política y Comunicación por la London School of Economics. Subsecretario de Acción Electoral del CEN del PRI.

¹ García Sarubbi, D. (septiembre 27, 2023). La doctrina sobre las violaciones al procedimiento legislativo y el juicio de amparo. Nexos (México), sección El juego de la Corte. Disponible aquí.

² CNN en Español (diciembre 15, 2023). Lenia Batres, de fiel colaboradora de López Obrador a nueva ministra de la Suprema Corte de México. CNN en Español (Estados Unidos), sección México. Disponible aquí.

³ Pérez, Maritza (enero 30, 2024). Claudia Sheinbaum pide a diputados de Morena aprobar el “Plan C” de AMLO. El Economista (México), sección Política. Disponible aquí.

⁴ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2023). Estimación de gasto público para 2024 (p. 150). Gobierno de México. Disponible aquí.

⁵ Rodríguez, Belén (septiembre 11, 2023). Va SHCP por déficit más alto desde 1989. Reforma (México), sección Negocios. Disponible aquí.

⁶ Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2023). Paquete Económico 2024: Criterios Generales de Política Económica (p. 7). Cámara de Diputados (México). Disponible aquí.

⁷ El Financiero (enero 29, 2024). [VIDEO] ‘Coincidimos que el número de homicidios está altísimo’: AMLO a Jorge Ramos. El Financiero (México), sección Nacional. Disponible aquí.

⁸ Tzuc, Efraín (agosto 30, 2023). Con AMLO, más personas desaparecidas que con Peña y Calderón. Quinto Elemento Lab (México), sección Noticias. Disponible aquí.