Desplazados por disputa en bosque de Oaxaca

Juana García

SAN MIGUEL EL GRANDE, Oax., octubre 16 (EL UNIVERSAL).- En medio de un bosque de ocotales que se extiende en la región mixteca de Oaxaca, unas cuantas personas vigilan en silencio las últimas casas de madera de Lázaro Cárdenas, una comunidad catalogada como agencia de policía del municipio de San Miguel El Grande, donde el pasado 5 de mayo un grupo de hombres armados obligó a más de 150 pobladores a salir de sus hogares tras un ataque que dejó tres muertos y varios heridos. Los agresores también incendiaron 18 viviendas y vehículos.

Han pasado cinco meses desde ese desplazamiento forzado derivado de una disputa de límites en las siete mil 940 hectáreas del bosque, que aunque nadie lo reconoce abiertamente, entre pobladores y autoridades se sugiere que también está vinculada a actividades de tala clandestina. Por ahora, la comunidad está al resguardo de autoridades municipales, elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal.

"No hay que tenerles miedo, porque la tierra es nuestra", dice una de las guardianas de la comunidad, donde deambulan puercos, perros y otros animales de granja que se quedaron abandonados en este suelo lleno de vegetación que caracteriza a los pueblos de la nación Ñu‘u Savi.

La violencia que se desbordó aquel 5 de mayo no inició ese día. Dos meses antes, el 9 de marzo, los agresores de la población vecina de Llano de Guadalupe ya les habían cerrado el camino que sirve de entrada y salida a los habitantes de Lázaro Cárdenas y de otra decena de comunidades como San Esteban Atatlahuca, Santa Lucía Monteverde, Santa Cruz Itundujia y Chalcatongo.

Hasta la fecha ese camino sigue cerrado, por lo que vecinos y transportistas rodean las montañas para llegar de una comunidad a otra.

Previo al incendio provocado, las familias ya vivían en incertidumbre debido a los constantes tiroteos, además de la destrucción de su equipo de comunicación, tuberías de agua y de paneles solares, afectaciones realizadas con el afán de que los habitantes abandonaran la comunidad.

Laura es viuda de un fallecido en el ataque de mayo. Ese no es su nombre real, pero por seguridad pidió omitir su identidad. La mujer recuerda a su esposo como una persona tranquila y trabajadora. A orilla de la carretera vendían sus frutas de las primeras cosechas, y cuenta que tenían muchos planes juntos, pero esa madrugada lo asesinaron y quemaron su casa. Fue entonces que huyó con sus hijos a otro pueblo.

"No voy a poder superar este hecho, me mataron a mi esposo, quemaron mi casa, el carro de mi esposo y perdí todas mis cosas. A nadie le hacíamos daño, vivíamos felices ahí", narra Laura, implorando justicia desde el interior de un cuarto donde se refugia.

Otra de las mujeres vigilantes recuerda cómo salieron huyendo en medio de disparos de armas de alto calibre y la quema de sus casas. Ahora, desde hace 20 semanas se turnan para vigilar las viviendas y las pertenencias que aún les quedan.

"Venimos a cuidar y a darles de comer a los perritos que quedaron acá. Siempre estamos con miedo, pero si no venimos, las personas de Guadalupe se van a apropiar de nuestros terrenos", señalan.

----Defender el territorio

"Todos los ciudadanos del municipio estamos en constante riesgo; los pobladores han sufrido emboscadas, ataques directos con arma de fuego, secuestro. Los señores de Llano de Guadalupe, que pertenece al municipio de Tlaxiaco, están obstruyendo el libre tránsito. Creemos que todo deriva del conflicto agrario que tenemos con ellos, es un asunto de cientos de años, no es de ahorita, siempre se han querido apropiar de nuestra tierra y de nuestro bosque", detallan las autoridades de San Miguel El Grande.

Afirman que el conflicto se remonta al menos a 1942. Recientemente las agresiones escalaron y ya suman cinco homicidios: "El interés de ellos es posesionarse de nuestro territorio, no sabemos de dónde vienen y de dónde son. Llegaron a asentarse en nuestras tierras, pero nosotros somos dueños legítimos del plano con fecha del 13 de septiembre de 1942", afirman pobladores y autoridades de Lázaro Cárdenas.

En Llano de Guadalupe no están de acuerdo. Habitantes y autoridades aseguran que poseen documentos avalados por el Tribunal Unitario Agrario, fechados en febrero de 2021, en los que se les reconoce como dueños del territorio en disputa. Las autoridades de San Miguel afirman que esos son "papeles acomodados a modo por el tribunal".

Esa férrea defensa de su territorio y su bosque no ha sido gratuita. En lo que va de 2023, con corte a principios de septiembre, las autoridades de San Miguel El Grande contabilizan al menos 13 hechos violentos.

Sobre los incendios, los pobladores narran que el fuego ha sido en más de una ocasión, lo mismo sucede con los disparos en lo profundo del bosque, tiroteos continuos que acompañan la destrucción de la infraestructura de la comunidad.

Pese a toda esa violencia, habitantes y autoridades de Lázaro Cárdenas anhelan la paz, por lo que participaban en las mesas de diálogo con las que el gobierno de Oaxaca pretendía poner fin al conflicto y también por ello accedieron a firmar un acuerdo con quienes saben que son sus agresores; sin embargo, éste no ha sido respetado.

"Antes de que mataran a tres de nuestros ciudadanos y quemaran sus casas, veníamos sosteniendo diálogos, con la intervención del gobierno del estado, las autoridades de Tlaxiaco y los mismos de Llano de Guadalupe", recuerda en entrevista el presidente municipal de San Miguel El Grande, Arcángel Ortiz.

----Miles de desplazados

Según los acuerdos que habían alcanzado las comunidades con miras a poner fin a la disputa, se estipuló que se reunirían el día 12 de mayo junto con representantes agrarios de ambos núcleos en conflicto. Así, ambas localidades presentarían sus documentos sobre las delimitaciones de la tierra para posteriormente dar paso a un estudio técnico y jurídico. Eso finalmente nunca pasó.

Antes de la fecha acordada, el 5 de mayo, la violencia desoló a Lázaro Cárdenas y convirtió a sus 150 pobladores en víctimas de desplazamiento forzado interno.

De acuerdo con el informe 2022 de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (CMDPDH), Oaxaca es uno de los estados del país que registra el mayor número de personas desplazadas por conflictos territoriales y sociales, además de violencia política.

Hasta 2021, según un recuento dado a conocer en noviembre de ese año por EL UNIVERSAL, más de seis mil personas abandonaron sus lugares de origen en el periodo comprendido entre 2016 y 2021, principalmente por la violencia causada por conflictos agrarios y políticos.

El de Lázaro Cárdenas es el primer caso de desplazamiento masivo que se registra desde que inició el gobierno de Salomón Jara.

Actualmente, las familias que fueron desplazadas de Lázaro Cárdenas viven con otros familiares en distintos puntos del municipio de San Miguel, pero aseguran que no están dispuestas a irse de su territorio: "No sabemos cuándo se calmará la violencia, pero tenemos la esperanza de que algún día regresemos a nuestro hogar que hemos estado construyendo desde 1998", aseguran.

----Recursos forestales

Para el gobierno de Oaxaca, sólo a través del diálogo podría restablecerse la concordia entre ambas comunidades; no obstante, desde mayo advirtió que la disputa limítrofe se ha agravado por la tala clandestina, por lo que la intención de controlar la explotación de los recursos forestales de la zona es lo que está alimentando la violencia y generó el desplazamiento de los pobladores de Lázaro Cárdenas.

En entrevista, Jesús Romero López, titular de la Secretaría de Gobierno, asegura que para atender dicho desplazamiento se autorizó la construcción de 18 viviendas para las familias víctimas, como parte de la reparación del daño; además, una persona originaria de Llano de Guadalupe fue detenida y vinculada a proceso por el delito de homicidio.

"Tenemos una mesa de atención permanente a la conflictividad agraria, esto derivado de una política de paz y bienestar denominada paz territorial, y que considera una convivencia pacífica a través del diálogo entre las comunidades con conflictos agrarios internos o externos, como el caso de San Miguel", señala.

Pero mientras las autoridades oaxaqueñas construyen las viviendas, los pobladores de San Miguel viven con la incertidumbre de que, en cualquier momento, el mismo grupo armado pueda atacar en la periferia del municipio o a otras comunidades que residen entre los bosques.

Por el momento, desde las cenizas de lo que fueron sus hogares se observa una cruz entre los pinos, colocada en memoria de Abdón Cruz, quien murió al recibir varios impactos de bala. Es con ese miedo que los familiares de las víctimas no sólo piden justicia, sino también exigen seguridad para evitar una futura agresión.

En el gobierno de Oaxaca son conscientes de ello, pero señalan que no existen recursos para mantener por más tiempo la presencia de las corporaciones de seguridad para proteger a la comunidad, por lo que reiteran la necesidad de restablecer el diálogo.

"Como gobierno tenemos que entrar al fondo del tema, que es la disputa de estas hectáreas que tienen el uso forestal. Si no se ponen de acuerdo, en algún momento las fuerzas policiacas se tendrán que retirar porque hay muchas tareas qué realizar", advierte el secretario de Gobierno.