DeSantis quiere prohibir los protocolos sanitarios por el COVID

A pesar de enfrentar la oposición de los profesionales y las empresas, el gobernador Ron DeSantis anunció el martes proyectos de ley par hacer permanente una ley para penalizar a las empresas que exijan que los empleados usen mascarillas o se vacunen contra el COVID-19, y agregó una nueva prohibición a que las juntas médicas reprendan a los médicos por difundir información errónea sobre el COVID.

“Es una locura que todavía estemos haciendo esto”, dijo DeSantis a sus partidarios que lo vitoreaban en Panama City Beach. “Necesitamos ser líderes en esto haciendo que todas estas protecciones sean permanentes en los estatutos de la Florida y necesitamos hacerlo en el próximo período de sesiones legislativas”.

La propuesta intentará hacer permanentes una serie de leyes aprobadas por los legisladores en noviembre de 2021 después que DeSantis convocó un período especial de sesiones destinado a restringir a las empresas de la Florida que cumplían una ley federal que exigía mandatos de uso de mascarillas o que obligaba a los empleados a vacunarse.

Si es aprobada, la medida continuaría prohibiendo la exigencia de la vacuna contra el COVID-19 y los requisitos de uso de mascarillas en las escuelas y las oficinas de gobierno, y prohibiría los requisitos de la vacuna contra el COVID-19 para el empleo o los viajes.

Este año, DeSantis quiere ampliar las sanciones a las empresas prohibiendo a los empleadores contratar o despedir basándose en el estado de vacunación o el uso de una mascarilla, y quiere revivir una propuesta infructuosa del período de sesiones legislativas del año pasado que haría más difícil para la junta de licencias médicas reprender o sancionar a un médico por las opiniones expresadas, incluso en las redes sociales.

El secretario de Salubridad de la Florida, Joseph Ladapo, también habló en la conferencia de prensa del martes y repitió su afirmación de que las mascarillas no son eficaces para prevenir la propagación del virus y desestimó la eficacia de las vacunas.

“Esta es la primera vez en la historia en la que estamos usando esta tecnología de forma generalizada en seres humanos”, dijo, refiriéndose a las vacunas de ARNm. “Le están diciendo a la gente que se la pongan a los niños, y ni siquiera han demostrado que los niños se beneficien. Ese es el país de la locura. La Florida es la tierra de la cordura”.

En el portal digita de los CDC se enumeran varios estudios que han demostrado que el uso de mascarillas es útil para frenar la propagación del virus. En enero de 2022, un reporte de los CDC concluyó que los estadounidenses vacunados tenían muchas menos probabilidades tanto de contraer el virus como de morir a causa de él.

Líder demócrata en la Cámara responde

La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Fentrice Driskell, de Tampa, calificó al gobernador y a su administración de “el vendedor ambulante número 1 de la desinformación del establishment antivacunas”.

“Es una ideología falsa con consecuencias reales”, dijo, señalando que menos de un tercio de los residentes en asilos de ancianos de la Florida, el grupo de edad más vulnerable, están al día en sus vacunas, a pesar de que el Departamento de Salud del estado lo recomienda.

Driskell subrayó que “nadie prometió nunca inmunidad total, pero esas vacunas disminuyen la probabilidad de infección y aumentan la probabilidad de un caso más leve si uno se enferma”. Acusó al gobernador de “reescribir la historia” después de promover las vacunas cuando estuvieron disponibles por primera vez.

Desde que el ex presidente Donald Trump perdió su candidatura a la reelección, DeSantis trató de convertirse en el rostro de la oposición a las políticas en torno al COVID de la administración de Biden que, según el gobernador, se extralimitaban. Convocó a los legisladores a un período especial de sesiones en noviembre de 2021 para castigar a las empresas que cumplieran la ley federal.

Pero los legisladores rechazaron algunas de sus propuestas, incluida la modificación de la ley para abrir la puerta a que las empresas fueran demandadas por responsabilidad civil si exigían a sus empleados que se vacunaran.

Líderes empresariales dijeron discretamente a los legisladores entonces que no querían que el estado les dijera lo que no podían hacer para mantener sus lugares de trabajo seguros en medio de la pandemia.

Más de 100 empresas, entre ellas algunas de las corporaciones más grandes que operan en la Florida, habían adoptado requisitos de vacunación para sus empleados y algunas ya habían emitido avisos de despido a quienes no cumplieran.

Los legisladores cambiaron de rumbo

Los legisladores no solo rechazaron algunas de las estrictas sanciones a las empresas solicitadas por el gobernador, sino que establecieron que todo el paquete de estipulaciones relacionadas con las vacunas expiraría el 1 de junio de 2023.

Pero al aproximarse la fecha límite acercándose y con una nueva Legislatura liderada por republicanos dispuesta a complacer al popular gobernador, DeSantis dijo el martes que confiaba en que las restricciones permanentes se aprobarían.

Mientras se posiciona para una contienda por la nominación del Partido Republicano para la presidencia en 2024, DeSantis se ha centrado en mantener el COVID y la respuesta de la Florida en los titulares nacionales. Durante su campaña de reelección de 2022, el gobernador de promovió el “estado libre de la Florida” y señaló la ausencia de protocolos contra el COVID como prueba.

“El Estado Libre de la Florida no sucedió por accidente”, dijo DeSantis en la conferencia de prensa del martes en la que no aceptó preguntas. “En los últimos años hemos tenido que enfrentarnos a las principales instituciones de nuestra sociedad —la burocracia, el sistema médico, los medios de comunicación e incluso al presidente de Estados Unidos— que juntos estaban trabajando para imponer un estado de seguridad biomédica en la sociedad”.

Pero muchas de las propuestas que acapararon los titulares en 2021, desde entonces se han debilitado ante los desafíos judiciales o han sido ignoradas.

Después del fallo de un juez del Condado León que dijo que el estado no podía hacer cumplir una prohibición de los mandatos estrictos de uso de mascarillas en las escuelas, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito revocó la decisión, dando a la administración de DeSantis una victoria. Posteriormente, el Departamento de Educación federal retiró una demanda contra el estado cuando los distritos escolares eliminaron los mandatos de uso de mascarillas.

En 2021, la federal Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) hizo cumplir los mandatos federales de uso de mascarillas y vacunas contra el COVID. Durante el período especial de sesiones, los legisladores también aprobaron una ley para permitir que el estado estudiara retirarse de las protecciones de seguridad empresarial requeridas bajo la OSHA y reemplazarla con una dependencia estatal de nueva creación.

Ese plan hizo que el gobernador atrajera la atención nacional, pero nunca se puso en marcha. En un informe ante la Legislatura en enero de 2022, el jefe de presupuesto del gobernador afirmó que la creación de una nueva agencia estatal llevaría nueve años y que era demasiado pronto para determinar si sería “prudente” llevar a cabo el cambio.

En tanto, mientras la Florida y otros estados demandaban a la administración de Biden por su mandato de vacunación en los grandes centros de trabajo, la Corte Suprema federal, en una decisión de 6-3, bloqueó el mandato de vacunación y pruebas de detección de Biden para las empresas con más de 100 empleados que aplicaba la OSHA. Sin embargo, el alto tribunal permitió que se mantuviera el mandato de vacunación para los centros médicos que aceptan pagos de Medicare o Medicaid, que está aún vigente en muchos hospitales de la Florida.

El gobernador dijo que también revivirá dos medidas que murieron el año pasado después de la oposición de las comunidades médicas, el proyecto de ley del Senado 1184 y el proyecto de ley de la Cámara de Representantes 687.

Según estas propuestas, una junta reguladora solo podía sancionar a un médico por sus opiniones si comprobaba que “provocaba un daño físico directo” a un paciente que el médico hubiera atendido en los últimos tres años. Según el proyecto de ley del Senado, una junta estaría sujeta a pagar a hasta $1.5 millones cada vez que infringiera el estándar establecido para las sanciones.

Las juntas médicas estatales se opusieron a la legislación. La Federación de Juntas Médicas Estatales dijo al Herald/Times el año pasado que la legislación propuesta limitaría la capacidad de las juntas para llevar a cabo su trabajo, lo que “sienta un precedente peligroso y pone en riesgo al público”.

DeSantis dijo que la propuesta es en respuesta a la legislación aprobada en California que permitiría a los reguladores castigar a los médicos por difundir información falsa sobre las vacunas y los tratamientos para el COVID-19.

“Queremos proteger la capacidad de las personas para seguir la evidencia y elegir la evidencia sobre la narrativa y, por desgracia, hemos visto a muchas de estas instituciones, incluyendo muchas instituciones médicas, politizarse mucho”, dijo DeSantis.

California aprobó la ley tras una advertencia de 2021 de la Federación Nacional de Juntas Médicas Estatales de que las juntas de concesión de licencias deberían hacer más para sancionar a los médicos que compartan afirmaciones falsas. La American Medical Association también ha advertido que difundir desinformación viola el código ético de los médicos.

En la conferencia de prensa también habló el dermatólogo Jon Ward, de Panama City, a quien DeSantis llamó el año pasado “uno de los motores de este movimiento”.

“¿Qué es la desinformación y quién decide?”, preguntó Ward. “Una y otra vez vemos que la desinformación de ayer es la realidad de hoy”.

En 2021, Ward hizo una publicación en las redes sociales animando a los padres a “entrenar a sus hijos” para mentir a los funcionarios escolares y decir que previamente tuvieron COVID-19 para evitar tener que estar en cuarentena después de una exposición. El superintendente del Condado Bay, Bill Husfelt, dijo a un canal de televisión local en ese momento que el consejo era “absolutamente reprobable”, y Ward dijo más tarde que se sentía “arrepentido” por la declaración y editó el post.

Sin embargo, la nueva versión seguía ofreciendo “un consejo profesional para engañar al sistema” al señalar que muchas escuelas no exigían un comprobante real de vacunación o de infección previa, según WJHG.

Kirby Wilson y Emily L. Mahoney, reporteros del Tampa Bay Times, contribuyeron a este artículo.