DeSantis pide a jurado de instrucción estatal que examine asuntos de inmigración

El gobernador Ron DeSantis pidió el viernes a la Corte Suprema de la Florida que implemente un jurado de instrucción estatal para investigar si familias, gobiernos locales y organizaciones delictivas transnacionales están conspirando para traer ilegalmente migrantes a la Florida.

“El propósito del jurado de instrucción será investigar a los individuos y organizaciones que están trabajando activamente con extranjeros, carteles de la droga y coyotes para contrabandear ilegalmente a menores, algunos de tan solo dos 2 de edad, a través de la frontera y hacia la Florida”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa en Pensacola.

Es un uso poco frecuente de un jurado de instrucción estatal, que solo se ha convocado 20 veces en más de 40 años. Pero ocurre en momentos que DeSantis llama más la atención hacia el tema de la inmigración mientras busca la reelección en noviembre. El tema se ha convertido en un foco político clave en las estrategias de campaña republicanas en un intento de rebatir las políticas del presidente Joe Biden en la frontera, que según DeSantis han sido un “fracaso total”.

En el último año, DeSantis ha enviado agentes de la ley estatales a la frontera sur en Texas, ha impuesto medidas estrictas a los refugios de la Florida que albergan y cuidan a niños migrantes en nombre del gobierno federal, y ha pedido a la Legislatura $12 millones para poner en marcha un programa de reubicación de migrantes en otras partes del país.

En la conferencia de prensa del viernes, DeSantis también dijo que el estado reunió discretamente una fuerza policial con agentes estatales y locales con el objetivo de atacar a los contrabandistas de drogas y migrantes que portan armas ilegalmente. A continuación, el gobernador promulgó una ley que pretende interrumpir la reubicación federal de migrantes, incluidos menores no acompañados, en la Florida.

Poco después de los anuncios, organizadores comunitarios del Pequeño Haití que trabajan con inmigrantes expresaron su frustración con las políticas del gobernador. Dicen que las políticas son un “juego de poder” del gobernador.

Sin embargo, a medida de convocar a un jurado de instrucción tiene amplias implicaciones. DeSantis dijo que quiere que el jurado de instrucción —que pudiera emitir citaciones y acusaciones— tenga jurisdicción sobre todo el estado. Quiere que el juez que lo presida esté en el 10mo Circuito, que incluye los condados Hardee, Highlands y Polk, debido a su ubicación central.

Si el tribunal aprueba el jurado de instrucción, sería la segunda vez que se le acepta una solicitud de jurado de instrucción a DeSantis. En 2019 pidió que un jurado de instrucción investigara las medidas de seguridad escolar en respuesta a la masacre en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland.

Familias y gobiernos locales en el punto de mira

Esta vez, DeSantis argumenta que el estado tiene un “interés público” para que un jurado de instrucción examine si la Florida necesita adoptar más medidas en materia de inmigración. La solicitud hace hincapié en la necesidad de examinar cómo están llegando los niños migrantes a la Florida y posiblemente están siendo puestos en peligro por “participantes ilícitos”.

DeSantis también quiere que el jurado de instrucción examine si “los padres, tutores u otros miembros de la familia de los niños extranjeros no acompañados” han conspirado con organizaciones delictivas transnacionales u otros grupos para contrabandear, traficar o poner en peligro a los niños migrantes.

“Debido a que las actividades anteriores ocurren o tienen efectos en todo el estado, un jurado de instrucción estatal es un vehículo apropiado para examinar estos asuntos, para identificar cualquier deficiencia en las leyes actuales y los métodos de aplicación, y para recomendar leyes nuevas o revisadas y métodos de aplicación”, según la petición de la administración DeSantis.

El jurado de instrucción, dijo DeSantis, examinaría si los gobiernos locales están infringiendo las leyes de inmigración del estado, incluyendo la prohibición de las llamadas ciudades santuario, que actualmente es objeto de impugnaciones legales. En su petición, la administración señaló a Miami-Dade como un posible objetivo.

La administración afirma que Miami-Dade se ha negado a cumplir las solicitudes federales para tomar en custodia a los migrantes que están en el país ilegalmente en los centros de detención locales, aunque no cita fuentes específicas que no sean “reportes de dependencias del orden federales”.

“Miami-Dade parece basar esta conducta ilegal en el uso fraudulento de la excepción de víctima y testigo”, dice la petición.

En Miami-Dade, las solicitudes de retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se volvieron fuente de controversia, particularmente cuando la administración del ex entonces Donald Trump aumentó agresivamente las deportaciones, incluso deportando a acusados ante tribunales penales mientras esperaban juicio.

En 2018, una coalición de organizaciones demandó al Condado Miami-Dade por este tema, lo que llevó a un acuerdo que adoptó procedimientos según la ley de la Florida para eximir a las víctimas y testigos de las detenciones.

Pero el otoño pasado, la Oficina del Defensor Público de Miami-Dade, citando el acuerdo, comenzó a pedir al Departamento de Prisiones del condado que levantara las órdenes de retención del ICE de las personas arrestadas por delitos locales y encarceladas y que —en el pasado— habían sido etiquetadas como víctimas de delitos.

El Departamento de Prisiones accedió a docenas de solicitudes, aunque no está claro cuántas de esas “víctimas” tenían realmente programado testificar en próximos casos judiciales, o simplemente habían sido etiquetadas como víctimas de delitos en casos no imputados. Tampoco está claro si el Departamento de Prisiones requirió documentación de respaldo en los casos.

“El Condado Miami-Dade ha cumplido y cooperado activamente con las solicitudes de detención federales entrantes desde 2017, y antes de la aprobación del SB 168”, dijo el Departamento de Prisiones de Miami-Dade en un comunicado. “Nuestro condado sigue profundamente empeñado en cooperar con nuestros aliados federales, estatales y locales para garantizar la seguridad de nuestros habitantes y hacer cumplir la ley”.

La Oficina del Defensor Público no devolvió una solicitud de declaraciones, ni tampoco la oficina del alcalde.

La Fiscalía Estatal de Miami-Dade, en una declaración el viernes, dijo: “A todo fiscal le preocupa siempre que los individuos liberados en nuestras calles no pongan en peligro la seguridad del público. Cualquier decisión que implique la puesta en libertad, incluido el levantamiento de una orden de detención federal, debe considerarse siempre con cautela, de acuerdo con la ley”.

La comunidad del sur de la Florida reacciona

En el Pequeño Haití de Miami-Dade, las políticas del gobernador fueron percibidas como un ataque a los inmigrantes por medio de grupos que trabajan estrechamente con ellos.

Paul Christian Namphy, organizador principal del Family Action Network Movement, dijo que las medidas del gobernador eran una acción política para apaciguar a su base y un intento de privar a los inmigrantes de su humanidad.

“La gente sale de condiciones terribles, y merecen compasión”, dijo Namphy. “Merecen que la gente escuche cuál es su historia”.

Namphy señaló la historia de la inmigración estadounidense. Estados Unidos fue un lugar de refugio para mucha gente, pero ahora, el gobernador quiere cambiar eso, dijo.

“Los hijos, nietos y bisnietos de los inmigrantes se están volcando ahora en otras personas que están muy necesitadas”, dijo.

Otros temen que las políticas de DeSantis hagan que los inmigrantes teman acoger a sus familiares, dijo Vanessa Joseph, abogada supervisora de los Catholic Legal Services en Miami. Y en medio de una crisis de vivienda y una pandemia en curso, es posible que no tengan a dónde ir.

“Creo que la gente que ha estado en este país, la gente que está llegando a este país ha luchado lo suficiente”, dijo Joseph. “Y esto añade a sus vidas otra capa de incertidumbre y, por supuesto, de decepción”.

Otros planes de inmigración en proyecto

DeSantis dijo que la fuerza policial encabezada por la Patrulla de Carreteras de la Florida, la Policía Estatal de la Florida y las policías de los condados está destinada a combatir el contrabando de drogas, personas y armas. Dijo que esta ha estado operando en el noroeste de la Florida y que la operación ya ha llevado al arresto de personas que estaban en el país ilegalmente.

La intención, dijo, es ampliar esos esfuerzos a todo el estado. Pero los detalles siguen sin estar claros.

La Policía Estatal y la oficina del gobernador no respondieron de inmediato a las solicitudes de detalles. No se sabe cuándo se formó la fuerza, cuántos agentes la integran o en qué medida su enfoque está en combatir los delitos cometidos por personas que están en el país ilegalmente.

DeSantis dijo que el esfuerzo se ha centrado en el noroeste de la Florida, alegando que esa ubicación es “la zona cero en términos de los puntos de entrada desde la frontera sur.” No está claro cómo el gobernador ha llegado a esa conclusión.

La Florida también está a punto de lanzar un programa bajo el Departamento de Transporte de la Florida para reubicar a los migrantes en otras partes del país. Ese programa tiene un presupuesto de $12 millones, pero el departamento no ha dicho exactamente cómo se implementará el programa.

En abril Texas se convirtió en el primer estado de la nación en reubicar a los migrantes en otras partes del país, en una respuesta a las políticas de inmigración del presidente Biden. El programa es voluntario para los migrantes que puedan mostrar documentación de que han sido procesados y liberados por el Departamento de Seguridad Nacional, y el estado paga los gastos de viaje, según el Texas Tribune.

DeSantis guardó silencio sobre la logística del programa. En un correo electrónico a principios de este año, el departamento dijo que “todos los aspectos del programa se apagarán a la ley federal”, pero no aclaró si eso significaba que el programa sería voluntario como lo es en Texas.

DeSantis se jactó de sus planes en numerosas conferencias de prensa y entrevistas nocturnas en Fox News. Dice que quiere enviar a los migrantes en autobús a Delaware, el estado de Biden.

“Si los enviáramos a Delaware o a Martha’s Vineyard o a algunos de estos lugares, la frontera sería segura al día siguiente”, dijo DeSantis en diciembre. Martha’s Vineyard es una isla al sur de Cape Cod, en Massachusetts.