VILLA GESELL.– La causa judicial que encabeza la fiscal Verónica Zamboni por el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik, que suma dos fallecidos, una mujer lesionada y seis desaparecidos, aportó en las últimas horas la concreción de varios allanamientos, entre ellos las oficinas de la flamante firma propietaria del establecimiento. Procedimientos que continuaban hoy, en esta zona y Capital Federal.

Fuentes con acceso al expediente confirman que comisiones policiales fueron en busca de documentación a oficinas de Parada Liniers, la empresa que le adquirió el Apart Hotel Dubrovnik a Rosa María Stefanic, una de las dos personas que hasta el momento murieron tras el colapso de esa edificación.

Mapa

“Se buscaron elementos probatorios vinculados a las obras que se realizaban en el hotel”, señalaron a LA NACION sobre esta acción que se ejecutó en simultáneo con otras que tuvieron como objetivo a los estudios de dos arquitectos que eran responsables de dos proyectos de obra que se llevaban adelante en esa emblemática torre, construida en 1986 por los padres de Stefanic.

La empresa que lo compró, apenas finalizado el último verano, es titular de la terminal de Liniers y también propietaria del Hotel Nuevo Ostende, en pleno centro de Mar del Plata, a unos 150 metros de la Catedral, entre otros negocios. “No se allanaron domicilios particulares”, aclararon sobre los objetivos que se fijaron en esta instancia del procedimiento. La justicia dispone los nombres de dos empresarios que estarían al comando de esta firma y que pronto serían citados a declarar.

Carpetas con expedientes, archivos electrónicos, soportes en los que estaban alojados –pendrives, tablets y computadoras– y teléfonos celulares se secuestraron en las últimas horas para ser analizados y, cuando corresponda, sometidos a los correspondientes peritajes.

Frente a lo ocurrido y mencionada en el marco de esta investigación, desde la firma difundieron en últimas horas un comunicado con el que se reconocen responsables del Hotel Dubrovnik y como tales confirman que se han presentado ante la justicia. “Nos pusimos a derecho”, remarcaron.

En tal sentido explican que entregaron toda la documentación correspondiente a los permisos y todos los soportes electrónicos solicitados desde la fiscalía. “Colaboramos y seguiremos aportando todo lo que esté a nuestro alcance para que se esclarezca lo sucedido”, señalaron.

También aclararon que no se han expresado antes y al respecto por respeto a los fallecidos, los desaparecidos y los familiares de todos ellos. “No vamos a entrar en controversias de ningún tipo y aún menos políticas, y responderemos solo ante la justicia”, dijeron en el comunicado firmado por el directorio.

Según pudo confirmar LA NACION, ningún ejecutivo de Parada Liniers se encuentra imputado en esta causa judicial. Tampoco los arquitectos que sí son foco de esta investigación y cuyo desempeño está siendo reconstruido desde la fiscalía de Villa Gesell. Se pretende conocer qué obras proyectaron y ordenaron y, por sobre todo, cuánto y cómo ejecutaron hasta el momento del derrumbe.

Desde la comuna que encabeza el intendente Guillermo Barrera apuraron pronto a confirmar que había obras “clandestinas”, tal como informaron a primera hora de la mañana y cuando todavía no había ni víctimas identificadas ni rescatadas.

Luego ampliaron, ya con mayor detalle, para aclarar que había dos emprendimientos distintos. Uno que refiere a obras menores. “Hacia finales de 2022, se volvió a presentar un informe técnico de fachadas. En marzo de 2023, se notificó la solicitud de permiso de obra para atender las tareas derivadas del informe y en abril del mismo año se tramitó un permiso adicional bajo otro expediente. Estas obras se completaron el 25 de agosto de 2023″, puntualizaron.

Este año se presentó otro proyecto para instalar un ascensor en el sector que no colapsó en este derrumbe. Hubo permiso de obra para construir un tabique se presentó en septiembre. Aclaran desde la comuna que “el 15 de octubre de 2024 el Municipio notificó la necesidad de presentar formalmente toda la documentación requerida para esta obra.

La investigación

“Se ve que el edificio ha tenido algún problema estructural desde los cimientos de vieja data. A estos inconvenientes se sumaron dos obras simultáneas con maquinaria pesada, obreros tocando y peso sobre el lugar y eso hizo que colapsara”, afirmó ayer a LA NACION una calificada fuente judicial.

Los problemas de “vieja data” quedaron al descubierto a partir de diferentes declaraciones incorporadas en el expediente y de documentación que analiza la fiscal Verónica Zamboni, a cargo de la investigación.

Ayer, la Policía Federal Argentina y la policía bonaerense detuvieron en Ostende, Pinamar, a un quinto imputado. Se trata de un contratista de 30 años que participó en los trabajos de refacción del hotel derrumbado.

Los cinco sospechosos detenidos, tres contratistas y capataces y dos obreros, están imputados del delito de estrago culposo.

“Había dos obras de refacciones que se hacían en simultáneo con arquitectos independientes, cada una con obreros independientes y con capataces o contratistas independientes. Una de las obras se desarrollaba en la parte del ascensor y la otra eran los trabajos, supuestamente menores, donde se produjo el derrumbe”, explicó una fuente con acceso al expediente.

La fiscal Zamboni le tomó ayer declaración indagatoria a los primeros cuatro detenidos. “Uno de los sospechosos admitió ser contratista, junto con su padre. Admitió que él le pagaba a los obreros y que él no se notificó de la paralización de la obra dispuesta por la Municipalidad de Villa Gesell”, sostuvieron los voceros consultados.

Cuando la fuente afirmó “no se notificó” de la paralización de la obra, se refería a que el sospechoso no firmó la cédula de notificación emitida por los inspectores municipales.

Ayer, se presentaron ante la Justicia los dos arquitectos a cargo de los trabajos de refacción en el hotel derrumbado. Una situación llamó la atención: una de las profesionales, que tiene una constructora en Mar del Plata, “constituyó sede en una cochera”.

Según pudieron reconstruir los investigadores hasta el momento, uno de los profesionales investigados es quien contactó a los capataces. “Todo sin contrato de locación. Son monotributistas y facturan con comprobantes tipo C contra pago por transferencia”, explicaron los voceros consultados.