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Ni Texas ni Florida: el estado donde el Senado aprobó dos polémicas leyes contra la inmigración ilegal

El Senado de Georgia aprobó este jueves una polémica ley migratoria que impacta de manera directa en los extranjeros que llegan a Estados Unidos sin autorización. En ese sentido, se fijaron sanciones para las ciudades y condados que, en lugar de contribuir con la deportación en los casos que corresponda, les brinden albergue a los inmigrantes ilegales.

Se trata del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 301 (HB-301, por sus siglas en inglés), que obtuvo 34 votos a favor y 18 en contra. Esa misma jornada, los senadores también aprobaron otra ley para combatir la migración ilegal: la ley HB-1105, que obliga a los departamentos policiales del estado de Georgia a cooperar con las autoridades federales para identificar a los reclusos que son inmigrantes ilegales y así contribuir con su posterior deportación.

José Ibarra, acusado de asesinato por la muerte de Laken Riley, de 22 años
José Ibarra, acusado de asesinato por la muerte de Laken Riley, de 22 años

Ambas normativas tomaron impulso luego del violento crimen que sucedió el pasado 22 de febrero en el campus de la Universidad de Georgia, donde Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años, fue asesinada a golpes por un presunto inmigrante ilegal de Venezuela llamado José Ibarra. Según los informes, el sospechoso ingresó sin autorización a EE.UU. en 2022.

Las claves de la ley HB-301 de Georgia

La ley HB 301 permite que cualquier residente de Georgia presente una demanda si considera que se infringe la ley estatal de 2009 que rechaza la existencia de ciudades santuario en ese estado. Si el juez correspondiente determina que la denuncia tiene fundamentos, el gobierno estatal debería dejar de enviar ayuda económica a la ciudad o condado demandado, salvo para servicios de salud y emergencias.

Asimismo, esta legislación también establece la destitución de funcionarios electos en caso de que apliquen políticas santuario en una ciudad o condado. En ese contexto, la Junta de Asuntos Comunitarias puede recomendar la suspensión de esa persona, mientras que el gobernador tiene el derecho a pedirle la denuncia y nombrar a un reemplazante.

Georgia impide que sus ciudades y condados apliquen políticas santuario para favorecer inmigrantes
Georgia impide que sus ciudades y condados apliquen políticas santuario para favorecer inmigrantes

Los senadores republicanos de Georgia celebraron la medida en su cuenta de X (ex Twitter) y apuntaron contra el presidente Joe Biden: “Mientras Joe Biden y sus aliados liberales se niegan a proteger a nuestros ciudadanos y asegurar la frontera sur, los republicanos del Senado de Georgia aprobamos una legislación para proteger nuestro estado de los inmigrantes ilegales criminales. Seamos claros: las ciudades santuario no serán toleradas en Georgia. Según la HB 301, que aprobamos hoy, cualquier gobierno local que ignore la ley y decida ser una ciudad santuario será despojado de fondos estatales”.

Las claves de la ley HB-1105

El proyecto de ley HB-1105 obliga a todos los departamentos de policía y de sheriff elegibles identificar a los inmigrantes indocumentados que están detenidos e informarlo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para una posible deportación. En ese sentido, cada vez que arrestan a una persona deben consultar con el ICE su estatus migratorio.

En ese sentido, los penitenciarios que no verifiquen el estatus migratorio de los extranjeros detenidos, así como tampoco lleven un registro de sus datos, se convertirían en culpables de un delito menor agravado. Además, se negará el envío de fondos estatales a todas las cárceles y alguaciles que no cooperen en la identificación de inmigrantes ilegales entre los reclusos.

Georgia obliga a los departamentos policiales estatales a verificar el estatus migratorio de los reclusos
Georgia obliga a los departamentos policiales estatales a verificar el estatus migratorio de los reclusos

Por último, se establece la obligación de que todos los departamentos policiales estatales publiquen un informe cada 90 días, detallando datos sobre “el estatus migratorio, los delitos y los países de origen de los reclusos que no son ciudadanos estadounidenses, que están confinados bajo la autoridad del departamento y respecto de quienes el Servicio de Inmigración de Estados Unidos y la División de Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional ha emitido órdenes de detención de inmigración”.