Qué podría significar Trump 2.0 para el medioambiente

Como presidente, los intentos radicales de Donald Trump por echar atrás las regulaciones a favor del medioambiente a nivel federal a menudo fueron obstaculizados por los tribunales, la falta de experiencia e incluso la resistencia interna de los empleados del gobierno.

No obstante, si vuelve a ocupar la Casa Blanca en noviembre, Trump estaría en una mucho mejor posición para desmantelar las normas medioambientales y climáticas, con la ayuda de jueces más receptivos y aliados conservadores que ya están planeando mecanismos para subyugar las agencias federales a la voluntad del presidente.

“Va a ser más fácil”, comentó Myron Ebell, quien dirigió la transición en la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) después de que Trump ganó en 2016. “Van a tener mejor gente, más comprometida, con mayor experiencia. Podrán moverse más rápido y con más éxito, en mi opinión”.

Durante la campaña electoral, Trump ha prometido derogar la normativa federal diseñada para reducir la contaminación por gases de efecto invernadero que está calentando con rapidez el planeta. Muchos de sus aliados quieren dar un paso más allá. Están elaborando planes para recortar presupuestos, despedir a funcionarios de carrera, incrustar a gente fiel al régimen en puestos clave y reducir la capacidad del gobierno para enfrentar el cambio climático, regular las industrias y restringir los productos químicos peligrosos.

Aunque son extremadamente ambiciosos, esos planes pueden ser más alcanzables en un segundo mandato de Trump. Tal vez el cambio más grande a favor de Trump sea que, en los dos últimos años, la supermayoría conservadora de la Corte Suprema ha frenado de forma significativa la autoridad legal del gobierno para imponerles normas ambientales a los negocios.

Al mismo tiempo, Trump ha propuesto reclasificar a decenas de miles de funcionarios públicos de carrera, lo cual facilitaría su despido. Ha mencionado que esa medida, la cual intentó implementar al final de su primer mandato, es necesaria para “destruir el Estado profundo” que, según él, trabajó en secreto contra su presidencia. El resultado es que un segundo gobierno de Trump tal vez no tenga que enfrentar tantas barreras legales o burocráticas como el primero.

“Gracias a la Corte Suprema en particular, podrá salirse con la suya mucho más de lo que cualquiera podría sospechar”, comentó Christine Todd Whitman, quien dirigió la EPA durante la presidencia de George W. Bush. Whitman señaló que los tribunales en esencia le han dado “carta blanca” a una segunda administración de Trump para recortar las regulaciones.

Eso podría significar una transformación drástica de la EPA, la cual fue creada por un republicano, Richard Nixon, y durante cinco décadas ha desempeñado un papel importante en la sociedad estadounidense, desde obligar a las comunidades a reducir el esmog hasta regular el uso de pesticidas. Los negocios y los grupos conservadores afirman desde hace tiempo que una regulación excesiva encarece los costos de las industrias, desde las centrales eléctricas hasta la construcción de viviendas. Los ambientalistas afirman que restringir la EPA ahora, cuando queda poco tiempo para contener el calentamiento global, podría tener consecuencias nefastas.

Según Whitman, un debilitamiento significativo de la EPA “va a ser devastador para el país y el mundo, si soy sincera, porque todos sufrimos el cambio climático”.

La vocera de Trump, Karoline Leavitt, mencionó en un comunicado que “el presidente Trump convirtió a Estados Unidos en un exportador neto de energía por primera vez porque redujo la burocracia y le dio más libertad a la industria para hacer lo que mejor sabe hacer: utilizar el oro líquido bajo nuestros pies”. Si es elegido, “cancelará los mandatos radicales de Joe Biden, pondrá fin a la Nueva Estafa Verde y hará que Estados Unidos vuelva a tener independencia energética”, señaló.

En 2023, Estados Unidos bombeó más crudo que ninguna otra nación en la historia y es el primer exportador mundial de gas natural licuado.

Echar atrás regulaciones

Trump no detalla sus planes para la EPA, aparte de prometer que eliminará dos importantes regulaciones del gobierno de Biden diseñadas para reducir los gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas y los autos. Sin embargo, sus aliados han presentado propuestas específicas como parte de un plan de transición conocido como Proyecto 2025, el cual encabeza la conservadora Fundación Heritage.

Aunque a últimas fechas Trump ha intentado distanciarse del Proyecto 2025, la redacción de gran parte del plan recayó en personas que fueron altos asesores durante su primer mandato y podrían fungir en puestos prominentes si gana en noviembre.

En una sección de 32 páginas sobre la EPA, el plan apunta a la autoridad de la agencia para abordar el calentamiento global, incluida la revisión de un hallazgo científico de 2009 según el cual las emisiones de dióxido de carbono ponen en peligro la salud pública. El plan también exige la derogación de las normativas reguladoras de la contaminación del aire que producen fábricas y cruza fronteras estatales y reconsiderar los límites de los PFAS, compuestos tóxicos conocidos como “sustancias químicas permanentes” que se han detectado en casi la mitad del agua del grifo del país.

El Proyecto 2025 también exige eliminar la oficina de justicia ambiental de la EPA, la cual se enfoca en reducir la contaminación en zonas de bajos ingresos y minorías; disolver una oficina dedicada a la salud infantil; volver a conformar los consejos consultivos científicos “para expandir las oportunidades de diversidad de puntos de vista científicos”; y nombrar a un político leal al gobierno como asesor científico de la agencia para “reformar” la investigación de este organismo.

“Para implementar políticas que sean consistentes con una EPA conservadora, la agencia tendrá que someterse a una gran reorganización”, se lee en la sección sobre la EPA, la cual escribió Mandy Gunasekara, jefa de personal de la agencia durante el gobierno de Trump. Gunasekara no respondió a una solicitud para ofrecer comentarios.

Algunos empleados de la EPA ya se están preparando para una presidencia de Trump. El Consejo 238 de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, un sindicato que representa a unos 8000 trabajadores de la EPA, hace poco garantizó una nueva disposición contractual que les permite a los trabajadores presentar una queja si sufren represalias por su trabajo científico.

No obstante, una reorganización drástica junto con nuevas presiones políticas podría provocar la partida de muchos empleados de carrera y esto vaciaría la agencia, lo cual sería el objetivo de un gobierno de Trump, según algunas personas. “En esencia, estas propuestas están provocando revuelo en la agencia”, comentó Marie Owens, presidenta del Consejo 238. “Francamente, es aterrador, la gente se pregunta, ¿debería irme antes de que todo esto suceda?”.

Menos obstáculos

Reducir las regulaciones federales es un proceso arduo y lento que les exige a las agencias justificar a detalle los cambios de las normas, responder a los comentarios del público y luego defender las maniobras ante los tribunales federales. Los jueces suelen tener poca paciencia con el trabajo apresurado o mal hecho.

En el primer mandato de Trump, las autoridades a veces anunciaban que habían borrado una regulación solo para que los tribunales revocaran la medida porque se habían saltado pasos importantes. En total, el gobierno perdió el 57 por ciento de los casos que impugnaban sus políticas ambientales, un porcentaje mucho mayor que el de gobiernos anteriores, según una base de datos del Instituto para la Integridad Política de la Universidad de Nueva York.

“El primer gobierno de Trump llegó sin estar preparado para hacerse cargo”, comentó Jeffrey Holmstead, un ex alto funcionario de la EPA durante el gobierno del presidente George W. Bush que ahora trabaja como abogado de energía para Bracewell LLP. “No creo que vuelvan a cometer los mismos errores”.

Los tribunales también podrían mostrarse más receptivos con el nuevo gobierno. Con tres jueces de la Corte Suprema que nombró Trump, el tribunal ahora cuenta con una supermayoría conservadora que ha mostrado un profundo escepticismo hacia la regulación ambiental. En ocasiones, el tribunal ha bloqueado normas que se seguían juzgando en tribunales inferiores o antes de su implementación.

En junio, la Corte Suprema anuló la llamada doctrina Chevron, la cual durante 40 años había señalado que los tribunales debían darles la razón a las agencias gubernamentales cuando una ley no estuviera clara. Este fallo podría socavar la autoridad reguladora de muchas agencias federales. La Corte Suprema también les puso un alto a las normas de la EPA que limitaban la contaminación de las chimeneas que atraviesan las fronteras estatales, anuló la ampliación de la protección de millones de hectáreas de humedales y redujo la capacidad de la agencia para regular las emisiones de las centrales eléctricas.

“Es un poder judicial mucho más favorable para un nuevo gobierno de Trump y sus aliados”, opinó Jody Freeman, directora del Programa de Derecho Ambiental y Energético de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. “Se toparán no solo con menos resistencia en los tribunales, en promedio, sino con cierto apetito por hacer las cosas que quieran hacer”.

Sin duda, los expertos coincidieron en que un segundo gobierno de Trump no gozaría de total libertad de acción. Por ejemplo, muchas normas de la EPA se litigan en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde dos terceras partes de los jueces actuales fueron nombrados por demócratas. Y, en algunos casos, la anulación de Chevron que realizó la Corte Suprema podría dificultar la moderación de regulaciones actuales, comentó Holmstead.

Algunos republicanos también minimizaron el Proyecto 2025, bajo el argumento de que muchas empresas no están dispuestas a desmantelar la EPA.

“La industria ya no está debatiendo si el cambio climático está sucediendo; muchos están trabajando de forma activa en la transición energética y no necesariamente quieren que se elimine la labor climática en las agencias”, mencionó Samantha Dravis, quien se desempeñó como jefa de políticas de la EPA en el gobierno de Trump.

Los grupos ambientalistas se preparan para luchar. Muchos dicen que están estudiando el Proyecto 2025 y elaborando argumentos legales que podrían influir en los tribunales de tendencia conservadora. El Consejo de Defensa de los Recursos Naturales señala que ganó el 89 por ciento de sus 163 demandas contra el primer gobierno de Trump.

“La razón por la que ganamos esos casos es porque los presidentes deben cumplir la ley, y eso no va a cambiar con las elecciones”, comentó Michael Wall, jefe de litigios del Fondo de Acción del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. “Tenemos motivos de sobra para pensar que aprendieron lecciones del primer mandato, pero también es cierto que nosotros aprendimos lecciones de su primer mandato”.

c.2024 The New York Times Company