BARCELONA.- El presunto caso de corrupción alrededor de las actividades de Begoña Gómez, la esposa del presidente español Pedro Sánchez, continúa enredándose. El polémico juez que investiga el caso, Juan Carlos Peinado, se dirigió al palacio de la Moncloa este martes para tomar declaración en calidad de testimonio al presidente español, un hecho inédito en la democracia española. Sin embargo, Sánchez se negó declarar y, posteriormente, presentó una querella por prevaricación contra el juez Peinado. El mandatario y su partido argumentan que la acusación contra Gómez, impulsada por representantes del partido ultraderechista Vox, no tiene ninguna base y se trata de una campaña de desgaste y persecución política.

La querella por prevaricato contra Peinado fue presentada por la Abogacía del Estado, una institución responsable de prestar asistencia jurídica a la administración pública. En una comunicación pública, la Abogacía ha declarado que su decisión responde a la necesidad de “defender la dignidad de la institución de la presidencia del gobierno de España”.

El prevaricato es un delito que castiga a quien “dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas”.

El juez Peinado inició su investigación en abril después de la publicación de diversos artículos en la prensa española que levantaban sospechas sobre las actividades profesionales de su Gómez ante un posible caso un caso de tráfico de influencias. En concreto, Gómez firmó varias cartas de recomendación para empresas de un conocido suyo, el empresario Juan Carlos Barrabés, en procesos de licitación pública que acabarían desembocando en la firma de contratos públicos para estas empresas por un valor de más de 15 millones de euros. Las informaciones sugerían que el entorno presidencial podría haber intervenido para favorecer la adjudicación a estas empresas, si bien no presentaban ningún prueba de ello.

La semana pasada Sánchez solicitó al juez Peinado poder declarar por escrito, pero este se negó. Según informa la prensa española, el encuentro entre ambos prolongó durante solamente dos minutos.

La decisión de Sánchez de acogerse a su derecho a permanecer en silencio no representa ninguna sorpresa, pues la legislación española exime a toda persona de declarar en contra de su cónyuge. Hace un par de semanas, la propia Begoña Gómez también se negó a responder las preguntas del titular del juzgado 141 de Madrid al considerar que el proceso no estaba siendo justo.

Además del magistrado, también se han dirigido a la Moncloa varios representantes de Vox, dado que actúan en calidad de acusación popular, un hecho que el PSOE considera una muestra más de la voluntad de politizar la investigación. La versión de los representantes de Vox fue que Sánchez permaneció “impávido y altivo” durante el breve careo, mientras que el abogado de Gómez, Antonio Camacho, definió el estado de Sánchez como “completamente tranquilo”.

Próximas instancias

La próxima fecha importante en el “caso Begoña” será la declaración del empresario Barrabés el próximo jueves en calidad de investigado. En declaraciones a la prensa, Camacho, el abogado de Gómez, ha insistido que las diligencias de Peinado “no tienen sentido” pues no tiene prueba alguna de la comisión de un acto doloso, una posición que avala la Fiscalía. Camacho no ha querido hacer pronósticos sobre el devenir del proceso, alegando que “todo es inusual en esta causa”.

Desde el PSOE consideran que la investigación a Gómez forma parte de una conspiración de parte de las altas esferas judiciales españolas, de tendencia conservadora, para hacer caer al Gobierno. Durante las últimas semanas, algunos tribunales se han negado a aplicar la amnistía a los políticos independentistas catalanes aprobada por el Congreso de los Diputados, la parte central del pacto entre el PSOE y los partidos catalanes que hizo posible la investidura de Sánchez. Ambas dinámicas, el ruido público sobre Begoña Gómez y el malestar de los independentistas catalanes representan toda una amenaza para el futuro de una atribulada legislatura que se inició hace menos de un año.