Más de 1500 expedientes sin resolver, una deuda de $26.500 millones con proveedores, procedimientos administrativos desordenados y directivas verbales, sobreprecios de un 40% por falta de planificación y ausencia de controles. Así funcionaba la oficina estatal encargada de proveer drogas de alto costo o dispositivos a pacientes con un diagnóstico grave y sin ningún tipo de cobertura, incluido un 30% de beneficiarios que eran extranjeros, de acuerdo con información judicializada sobre la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse).

Pero, ¿cómo sigue operando esa dependencia de la que ni siquiera se conocía el nombre de la funcionaria a cargo y que, desde febrero, volvió a la órbita del Ministerio de Salud de la Nación?

La Dadse tuvo un traspaso agitado en las primeras semanas del año desde el Ministerio de Capital Humano, donde funcionaba dentro del entonces Ministerio de Desarrollo Social. A la par de una investigación interna que terminó en una denuncia penal por defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público entre 2016 y el 10 de diciembre de 2023, la mayoría de las ONG en la red Unidos por el Cáncer expresaron su preocupación por un probable cierre de la oficina con un presupuesto inicial prorrogado de $38.000 millones. A mediados del mes pasado, seis ONG de pacientes con enfermedades autoinmunes, oncológicas, poco frecuentes y crónicas presentaron un amparo colectivo para conocer cuántos expedientes están en trámite, según informaron en la sede del bloque de Diputados de Unión por Todos (UP).

LA NACIÓN solicitó esa información a la cartera que conduce Mario Russo, así como también los cambios introducidos en los procedimientos de auditoría médica, convocatoria a proveedores, compras y acceso a medicamentos, prótesis, audífonos y otros insumos de alto costo.

Al momento del traspaso de la Dadse a Salud, de acuerdo con la respuesta oficial, había 1800 expedientes con pedidos de tratamientos de alto costo sin resolver desde el año pasado para pacientes de todas las edades y una deuda con 25 proveedores, en su mayoría droguerías, que ascendía a $26.500 millones. Por falta de pago, las convocatorias para compras quedaban desiertas. Recién a finales de febrero se recompuso ese circuito con alrededor de 20 proveedores registrados en el sitio oficial ComprAR, en lugar de la cadena de correos electrónicos sin validar, de cuentas de gmail o hotmail, a través de la que se solicitaban drogas y dispositivos, según consta en la denuncia penal.

Durante 2023, con la Dadse aún en el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Victoria Tolosa Paz, se abrieron 6687 expedientes para la provisión de tratamientos de alto costo, con 485 solicitudes de prótesis y 94 de audífonos. Además, se iniciaron 24.000 expedientes por productos de bajo costo, función que excedía a la Dadse y debía resolverse en las provincias y los municipios mediante otros programas públicos, como el plan Remediar. Se resolvían, en cambio, con tres farmacias en los alrededores de esa cartera.

La mayoría de las solicitudes eran de pacientes de la provincia de Buenos Aires (61,2%), además de la ciudad de Buenos Aires (11,3%), Córdoba (9,7%), Santa Fe (8,5%) y, en menor medida, de pacientes que se tenían que trasladar al centro porteño desde Salta, Mendoza y las demás jurisdicciones. Un 30% de los subsidios se otorgaban a pacientes extranjeros, de acuerdo con la información a la que accedió este medio y, según se pudo conocer, es parte de lo presentado en las últimas semanas ante la Justicia en la investigación penal en curso.

“Desde el inicio de la gestión, se resolvieron 513 pedidos de medicamentos y otros 400 están en vías de resolución. Se espera para fin de mayo poder tener normalizado el flujo de la demanda y resueltos todos los expedientes de pacientes oncológicos que estaban pendientes”, respondió, por escrito, la cartera sanitaria sobre el trabajo del equipo de Hernán Cohen Arazi. Su designación como director de la Dadse se oficializó en el Boletín Oficial en marzo pasado. “Llevamos más de 900 expedientes resueltos en algo más de un mes y medio. El promedio era de 560 el año pasado”, agregaron.

Auditoría médica y prioridades

La prioridad, según explicaron, se asigna por auditoría médica y en conversación con el médico tratante. En el caso de los amparos, indicaron que, ante una decisión judicial favorable, tienen que dar prioridad por sobre otros casos. Reconocen que una de las seis personas fallecidas mencionadas por las ONG que presentaron el amparo colectivo tenía expediente abierto en la Dadse con prioridad y el medicamento asignado.

Entre los requisitos para participar de las compulsas es estar registrado como proveedor del Estado. Esas convocatorias, que van por una vía rápida en lugar de una compra por licitación convencional, se pueden seguir online acá con el detalle de los productos requeridos por beneficiario (se utilizan números para identificar cada caso).

A la vez, se publicó acá el procedimiento y la documentación a completar para acceder al subsidio una vez que el paciente con un diagnóstico grave y sin cobertura alguna no puede recibir el tratamiento a través del municipio donde se atiende, la provincia (en el caso de los medicamentos oncológicos, del banco provincial de drogas) y los programas nacionales disponibles. Con todas esas “negativas”, la provisión de emergencia se hace por vía de la Dadse.

El equipo de Cohen prevé que ese mecanismo sea cada vez más “excepcional” y se resuelva a través del Banco de Drogas Especiales nacional (complementa la provisión a cargo de los bancos provinciales y cuenta con un mecanismo de compra por licitación) y la plataforma de trámites a distancia para que los pacientes no tengan que viajar al centro porteño para iniciar el trámite en la avenida Rivadavia 870. El circuito a seguir en cada provincia informado por los ministerios de Salud locales está publicado acá en un mapa de acceso al tratamiento oncológico (la mayoría de las solicitudes son por cáncer). Unas 15 jurisdicciones, a la vez, ya designaron un referente para agilizar la obtención de documentación faltante o confirmar la falta de disponibilidad del medicamento o la cobertura del dispositivo solicitado.

La Dadse operaba con directivas que se transmitían verbalmente y sin una base de datos, según surgió del relevamiento al momento del traspaso a Salud. “Actuaba como una ventanilla por fuera del circuito de salud con los centros de referencia que tenía y las negativas, que en muchos casos recibían los pacientes, era de un médico que comprobaba el stock del hospital, sin un chequeo previo en el banco de drogas provincial. Los derivaban directamente a la Dadse, con toda la demora que eso implica para un paciente –relataron a LA NACIÓN dos integrantes del equipo que revisó el circuito de los expedientes–. La negativa para ir al banco nacional de drogas tiene que ser del Ministerio de Salud provincial. Muchas veces, al preguntarle al banco nacional nos dicen que tienen los medicamentos solicitados a la Dadse.”

El Estado abonó precios un 40% más altos por drogas disponibles en el banco nacional, pero que se adquirieron por la Dadse, según estimaron. Y son montos en millones: la provisión de un tratamiento es por entre tres y seis meses por un valor promedio de $16.385.569 mensuales por paciente. Los subsidios otorgados rondan los $16.000 millones, de acuerdo con las resoluciones firmadas al momento.

Para fijar los precios para los llamados a proveedores, según precisaron ante la consulta, están utilizando valores de referencia del portal farmacéutico Kairos. Los 15 medicamentos de alto costo utilizados con más frecuencia se incorporarán, tras la intervención del área de auditoría, a la lista que adquiere el banco nacional de drogas. Para eso, se actualizará de acuerdo con evaluaciones técnicas el listado (vademécum) que el Estado nacional y las provincias se comprometen a cubrir. La reducción de ese listado de medicamentos oncológicos en la gestión anterior hizo que, desde 2020, se rechazaran solicitudes a 15.458 pacientes sin cobertura, como dio cuenta LA NACIÓN.

Las áreas de asuntos legales y auditoría interna de esa cartera están evaluando un manual de procedimientos que se aprobará por resolución, según se indicó, y prevén incorporar una app para comunicarse con los pacientes y chequear que recibieron el tratamiento provisto, en lugar de llamarlos por teléfono. “El sistema [con el que se gestionaba la Dadse] tenía poca información. Lo estamos cambiando todo porque es fundamental para definir estrategias de acuerdo con los datos. Si no, es muy difícil y, la verdad, es que había pocos datos y estaban muy dispersos”, señalaron desde esa oficina.