LA HAYA.- La Corte Internacional de Justicia afirmó el viernes que la ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalén Este viola el derecho internacional e instó a ponerle fin “lo más rápidamente posible”, la primera vez que el más alto tribunal del mundo expone su postura sobre una cuestión que fue objeto de debates y resoluciones en las Naciones Unidas durante décadas.

El tribunal emitió una opinión consultiva que, aunque no es vinculante, tiene autoridad y peso jurídico. Es poco probable que no modifique la política israelí, pero podría afectar a la opinión internacional.

La corte “determinó que la continua presencia de Israel en los territorios palestinos es ilegal”, declaró Nawaf Salam, el magistrado que preside el tribunal, tras un caso sin precedentes en el que medio centenar de países brindaron testimonio.

”Los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, y el régimen asociado a ellos, se han establecido y se mantienen en violación del derecho internacional”, dijo Salam, al leer las conclusiones de un panel de 15 jueces en el Palacio de la Paz de La Haya.

En un fragmento de la opinión, dijo que el panel había determinado que “la transferencia por parte de Israel de colonos a Cisjordania y Jerusalén, así como el mantenimiento de su presencia por parte de Israel, es contrario al artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra”. El tribunal también observó con “grave preocupación” que la política de asentamientos de Israel se ha ido expandiendo.

La Corte Internacional de Justicia añadió que Israel ha abusado de su condición de potencia ocupante en Cisjordania y Jerusalén oriental al llevar a cabo políticas de anexión de territorio, imposición de control permanente y construcción de asentamientos.

Sostuvo que tales actos hacen que “la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado sea ilegal”, y añadió que la presencia israelí debe terminar lo más “rápidamente posible”.

El tribunal concluyó además que el uso de los recursos naturales por parte de Israel era “inconsistente” con sus obligaciones bajo el derecho internacional como potencia ocupante.

El pronunciamiento del viernes fue objeto de gran atención debido a la guerra de Gaza, que comenzó hace más de nueve meses, y a un caso de genocidio presentado ante el mismo tribunal por Sudáfrica contra Israel en diciembre por su conducta en la guerra.

En enero, el tribunal ordenó a Israel que contuviera sus ataques en Gaza, y en mayo ordenó al país que detuviera inmediatamente su ofensiva militar en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.

Repercusiones

La noticia generó fuertes repercusiones por parte de Israel. En un post en X, el ministro israelí de Energía, Eli Cohen, dijo que “Judea y Samaria son las tierras de nuestros antepasados”, refiriéndose al nombre israelí de la Cisjordania ocupada.

“Durante 2000 años hemos rezado para volver allí y ninguna decisión distorsionada de un tribunal sesgado y antisemita nos moverá un centímetro”, afirmó.

Además, se refirió a la retirada israelí de Gaza en 2005 como un error, afirmando que Israel no lo repetiría poniendo fin a su ocupación de Cisjordania.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores en X rechazó la opinión consultiva y declaró que la opinión es “fundamentalmente incorrecta” ya que mezcla “política y derecho” e inyecta la “política de los pasillos de la ONU en Nueva York en las salas de la CIJ en La Haya”.

“La opinión está completamente desconectada de la realidad de Medio Oriente: mientras Hamas, Irán y otros elementos terroristas están atacando a Israel desde siete frentes, incluyendo Gaza y Judea y Samaria, con el objetivo de destruirlo, y tras la mayor masacre de judíos desde el Holocausto, la opinión ignora las atrocidades que ocurrieron el 7 de octubre, así como la necesidad imperativa de Israel de defender su territorio y a sus ciudadanos”, publicó en X.

Israel también afirmó que la opinión contradice “el principio rector que formó la base de todos los acuerdos de paz” logrados hasta la fecha, los cuales establecen que la resolución del conflicto solo es posible mediante “negociaciones directas entre las partes”. Según Israel, la Autoridad Palestina, que inició este movimiento, “no está interesada en la paz” y busca desacreditar a Israel.

Riyad Mansour, embajador palestino ante la ONU, se mostró “agradecido” por el fallo de la CIJ, al que calificó como una “fuerza adicional... que añadir al arsenal que tenemos para seguir resistiendo a esta ocupación ilegal”.

“Nuestro pueblo quiere poner fin a esta ocupación”, declaró desde La Haya. “Lo que ha ocurrido hoy es un paso significativo en la dirección de poner fin a la ocupación y conseguir los derechos inalienables del pueblo palestino, incluido su derecho a la autodeterminación, a ser un Estado y el derecho de los refugiados a regresar”.

Origen del caso

El caso tiene su origen en una petición de la Asamblea General de la ONU de 2022, anterior al actual conflicto entre Israel y Hamas. La Asamblea de la ONU pidió al tribunal que evaluara las consecuencias jurídicas de la “prolongada ocupación, colonización y anexión” por Israel de territorios palestinos, incluido Jerusalén Este, y de las políticas gubernamentales israelíes asociadas.

Israel considera que Cisjordania es un territorio en disputa y quiere que su futuro estatus se decida en negociaciones. En las últimas décadas ha permitido que cientos de miles de judíos se establezcan allí. Israel se ha anexionado Jerusalén Este en una medida que no obtuvo un amplio reconocimiento internacional.

El tribunal celebró audiencias en febrero en el Palacio de la Paz. Israel no compareció en esa sesión, pero presentó un escrito en el que rechazaba la validez del proceso por considerarlo sesgado. El ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, declaró ante el tribunal que Israel había sometido a los palestinos a décadas de discriminación, dejándoles la elección entre “el desplazamiento, el sometimiento o la muerte”.

A lo largo de varios días, representantes de más de 50 países, un número inusualmente alto para el tribunal, intervinieron en las audiencias. La mayoría se puso del lado de los representantes palestinos. Sin embargo, algunos oradores del tribunal, como los de Estados Unidos, Gran Bretaña y Hungría, entre los aliados tradicionales de Israel, se pusieron de parte del estado hebreo.

Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense argumentó ante el tribunal que las políticas de Israel hacia los palestinos estaban determinadas por sus “necesidades de seguridad muy reales”.

Uno de los puntos centrales del caso del viernes fue la política israelí de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, así como la tolerancia del gobierno ante las violentas apropiaciones de tierras por parte de colonos judíos.

Todos los gobiernos israelíes han permitido algún tipo de construcción israelí en los territorios, pero el gobierno de Netanyahu ha ampliado los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este.

Agencias AP, AFP y diario The New York Times