Yahoo Noticias Legisladora peruana denuncia en el Congreso a ex primer ministro y su gabinete
Lima, 29 nov (EFE).- Una congresista peruana de oposición presentó este martes en el Congreso una acusación constitucional contra el ex primer ministro Aníbal Torres y los 16 integrantes de su gabinete que suscribieron un acta donde interpretaron como negación de confianza la decisión de la mesa directiva del Parlamento de rechazar "de plano" un planteamiento del Ejecutivo.
La denuncia presentada por la diputada Adriana Tudela, del partido conservador Avanza País, sostiene que los ministros que firmaron el acta de la sesión del Consejo de Ministros del pasado 24 de noviembre incurrieron en la infracción de al menos seis artículos de la Constitución y por ello solicita su inhabililtación de la función pública por 10 años.
"Deben ser destituidos e inhabilitados cuanto antes. Hay que defender el Congreso de quienes sueñan con tener poder sin contrapesos", escribió la parlamentaria en sus redes sociales.
En dicha reunión, 16 de los 18 ministros del gabinete que encabezaba Torres reafirmaron el posicionamiento del Gobierno de Pedro Castillo ante la decisión de la mesa directiva del Congreso de rechazar "de plano" la cuestión de confianza que había presentado el jefe de gabinete para la aprobación de un proyecto de ley que proponía una reforma constitucional para eliminar los límites de las convocatorias a referéndum en el país.
En concreto, el acta del Consejo de Ministros defiende que la respuesta de la mesa directiva "constituye, a todas luces, una negación de la cuestión de confianza" y, consecuentemente, considera que se ha generado la "crisis total de gabinete", lo que conllevó a la renuncia de Torres, quien fue reemplazado por la hasta entonces ministra de Cultura, Betssy Chávez.
CONTRA 17 MINISTROS
La denuncia de Tudela se inspira en la justificación que dio en su momento el presidente del Congreso, José Williams, quien negó que la decisión de la mesa directiva se tratara de una derogatoria de la cuestión de confianza.
La importancia de esta batalla legal reside en el hecho de que la Constitución peruana establece que, si el Congreso rechaza dos cuestiones de confianza a un mismo gobierno, el presidente queda habilitado para disolver el Parlamento y convocar de inmediato a nuevas elecciones legislativas.
Por un lado, Tudela argumenta que este mecanismo constitucional solo puede usarse en materias de competencia del Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general y, por otro lado, insiste en que la cuestión de confianza se aprueba o no luego de haber concluido un debate y votación en el pleno del Legislativo, algo que en este caso no ocurrió.
También sostiene que "solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión".
La acusación de la diputada de Avanza País implica a Torres y a todo su equipo ministerial, incluida la actual primera ministra, con la excepción de la vicepresidenta Dina Boluarte y del ministro de Transportes, Richard Tineo, quienes no firmaron el acta de la reunión.
UNA VEINTENA DE DENUNCIAS
Hasta la semana pasada, Castillo acumulaba una veintena de denuncias en el Congreso, de las cuales "solo tres fueron presentadas por congresistas, una por la fiscal general y dieciséis por ciudadanos", según informó el presidente del Legislativo, José Williams.
Sin embargo, con la denuncia presentada ayer por la parlamentaria conservadora Patricia Chirinos, el número de procesos constitucionales impulsados por congresistas opositores contra el mandatario ya asciende a cuatro.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Legislativo anular la denuncia contra Castillo que planteaba inhabilitarlo por cinco años por "traición a la patria" por haber declarado que Perú podría facilitar una salida al mar para Bolivia.
En cambio, la denuncia constitucional que presentó la fiscal general, Patricia Benavides, contra el jefe de Estado por presunta corrupción está avanzando en su periplo parlamentario, pues ahora está en manos de la Comisión Permanente del Legislativo, la antesala para un eventual debate y votación en el pleno.
(c) Agencia EFE
