CARACAS.– En lo que los analistas recibieron como golpe final de la dictadura de Nicolás Maduro contra las libertades, el Parlamento de Venezuela dio este miércoles su primer visto bueno al “proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”, que impone cárcel, inhabilitación política y multas por decir “mensajes prohibidos”.

En una ya compleja ruta a las elecciones presidenciales del 28 de julio, esta ley abre un camino para la ilegalización de partidos políticos, siguiendo la senda del régimen nicaragüense.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, había presentado el martes la propuesta del Ejecutivo. El Parlamento ya le dio el visto bueno en una primera discusión, y ahora solo falta el segundo debate de la legislación que abre una nueva puerta para el control a discreción del gobierno de las libertades políticas y de expresión en Venezuela, en medio de un endurecimiento de la persecución contra opositores, periodistas y críticos.

La ley tiene 30 artículos y señala que tiene por objeto “establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública”, así como “proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza”.

En sus artículos más polémicos, “se prohíbe el pensamiento ‘neoliberal’ y ‘conservador’ en todo el país”. También se propone la censura total de las redes sociales para quienes dañen la imagen del gobierno. Además, se prohíbe todo tipo de reuniones y manifestaciones que el gobierno defina como “fascistas”, y también los think tanks y partidos políticos que el régimen considere como “fascistas”.

Por otra parte, se creará una alta comisión contra el “fascismo”, dirigida por militantes chavistas para juzgar a la sociedad civil.

Toda persona que incumpla alguno de los 30 artículos propuestos por la dictadura tendrá una pena de seis a doce años de prisión.

“Mensajes prohibidos”

En la descripción de los “mensajes prohibidos” el texto menciona aquellos que promueven “la violencia como método de acción política”, “reproduzcan la cultura del odio”, “denigren de la democracia y sus instituciones”, “promuevan la suspensión de derechos y garantías” y “exalten principios, hechos, símbolos y métodos del fascismo”. El Ministerio Público será el que determine qué mensajes y actos pueden ser interpretados dentro de ese difuso marco de prohibiciones.

El artículo 22 expresa que “toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de ocho a doce años e inhabilitación política por el tiempo de la condena”.

Por otro lado, lo que la ley define como “fascismo” constituye un agravante de cualquier otro delito punible que las autoridades consideren que fue motivado por estas posturas o expresiones.

Delcy Rodríguez dijo que esta ley es complementaria a la ley de partidos políticos, por lo que estas organizaciones serán el primer blanco de esta legislación. También, dijo, que esta legislación complementa la ley contra el odio, aprobada en 2017 y bajo la cual se ha encarcelado a personas por tuitear, compartir mensajes por WhatsApp o difundir videos con denuncias o bromas contra el gobierno que se han hecho virales.

En su discurso ante los diputados, Rodríguez incluso comparó las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017 –en las que murieron más de un centenar de manifestantes por la represión de los cuerpos de seguridad– con los grupos de apoyo de Adolf Hitler.

“Hemos pasado estas etapas de La Salida en 2014, las guarimbas en 2017, y hoy se ha convocado al sector extremista al final. Yo quiero recordar que Hitler llamó a la batalla final y exterminó a millones de hombres y mujeres en el continente europeo, y hoy se repite la historia. Debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final, porque ahí está nuevamente el germen de la violencia, del odio y del exterminio”, afirmó haciendo referencia al eslogan de campaña de María Corina Machado que promete a los venezolanos llegar “hasta el final” en la ruta electoral por un cambio de gobierno.

En los últimos meses, el chavismo emprendió un fuerte enfrentamiento contra el partido de Machado, Vente Venezuela, y encarceló a varios miembros bajo acusaciones de estar implicados en supuestas conspiraciones para asesinar a Maduro.

La nueva legislación establece la imposibilidad del ejercicio de cargos públicos para quienes, antes de la elección, hayan “adoptado conductas que directamente promuevan o hagan apología” de estas ideas y establece que el incumplimiento de esta ley entre los supuestos para impugnar candidaturas.

En la propuesta se establecen multas por la difusión de “mensajes prohibidos” también a los medios impresos y digitales. En el caso de la televisión y la radio la sanción establecida es la revocatoria de la concesión para operar, como ya se ha hecho con más de 300 emisoras en las últimas dos décadas.

Agencias AFP y AP