MADRID/RABAT.- Los servicios de inteligencia españoles no tienen duda de que la larga mano del Kremlin está detrás de un crimen sin precedentes en España: el asesinato en Alicante de Maxim Kuzminov, el capitán ruso que desertó en agosto y se pasó a Ucrania con su helicóptero de combate Mi8.

Públicamente, el Gobierno español se ha mostrado muy cauto ante la posible autoría. “Hay que dejar que la Guardia Civil haga su trabajo y la investigación avance”, afirmó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros del martes. Sin embargo, fuentes diplomáticas reconocen que, aunque se está todavía a la espera de recabar suficiente información, se trata de un asunto “gravísimo”. Si se confirma la implicación de las autoridades rusas, agregan, España dará una “respuesta contundente”.

No es la primera vez que enviados por Moscú matan a un disidente en Europa occidental (el caso más famoso es el de Alexander Litvinenko, envenenado con plutonio en 2006 en el Reino Unido), pero sí que lo hacen en suelo español. Al contrario que en otras ocasiones, Moscú no se ha ocultado. Ha exhibido su satisfacción. Cuando aún no se había confirmado su identidad, medios rusos fueron los primeros en dar la noticia de la muerte de Kuzminov, al que atribuyeron problemas con el alcohol y las drogas, añadiendo que se había convertido en un “testigo incómodo y peligroso” para Kiev. Después de que la noticia fuera ratificada por Ucrania, el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) ruso, Serguéi Narishkin, sentenció el martes que la víctima era “un traidor criminal” y “un cadáver moral” desde que desertó de su país.

Moscú ha publicitado su asesinato porque tiene un carácter ejemplar, señalan las fuentes consultadas: no solo se trata de una advertencia para quienes tengan la tentación de imitarlo (Kiev recompensó al desertor con 500.000 dólares), sino de vengar a los dos compañeros del piloto. Se trataba de dos tenientes que no estaban al tanto de su plan de fuga y fueron abatidos por los ucranios cuando intentaban huir, después de que Kuzminov aterrizara en una base militar próxima a Kharkiv. Los fallecidos, el navegante y el mecánico, fueron condecorados como héroes por el Ejército ruso, mientras al piloto se le abrió una causa por traición. En octubre, la televisión pública rusa aseguró, mostrando a tres supuestos miembros del GRU, que habían recibido la orden de eliminar al desertor. “No vivirá lo suficiente para ser juzgado”, aseguró uno de ellos.

La única duda que tienen los expertos es si la operación ha sido obra del servicio de inteligencia exterior (SVR), cuyo jefe justificó el asesinato; del servicio federal de seguridad (FSB), heredero del KGB; o del servicio militar de inteligencia (GRU), ya que Kuzminov era un capitán y, por tanto, quedaba bajo su competencia. Fuentes de los servicios de inteligencia españoles admiten, sin embargo, que es muy difícil que la investigación consiga encontrar pruebas de la implicancia de alguno de ellos. Dan por hecho que el crimen ha sido cometido por pistoleros (probablemente sicarios) llegados desde fuera de España que a estas alturas estarán ya en el extranjero.

El cadáver, con media docena de impactos, se encontró el 13 de febrero en el garaje de la urbanización donde residía, en Villajoyosa (Alicante), aunque su muerte no trascendió hasta el lunes. Tras tirotearlo, los asesinos lo atropellaron con su propio auto, que apareció quemado en la cercana localidad de El Campello. En un primer momento, la Guardia Civil creyó que se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas criminales.

Expertos en inteligencia creen que lo más probable es que la Embajada de la Federación Rusa en España haya estado al margen de la operación para evitar verse salpicada. Aunque una veintena de agentes del SVR o el GRU estaban destinados en la legación rusa en Madrid con estatuto diplomático —la mayoría fueron expulsados en abril de 2022, tras la invasión de Ucrania—, las fuentes consultas no creen que hayan tenido participación directa y atribuyen el crimen a pistoleros profesionales a sueldo.

Errores

Más allá de los autores materiales, el crimen requirió una previa operación de vigilancia: los agentes rusos tuvieron que comprobar la identidad de la víctima y efectuar un seguimiento para conocer sus horarios y costumbres. Conocedores de los servicios secretos de Moscú aseguran que con frecuencia estos recurren, para conseguir sus objetivos, a la colaboración de ciudadanos rusos residentes en España (hay más de 80.000) y de organizaciones mafiosas, a las que ofrecen trato de favor.

La decisión de instalarse en una urbanización cuyo vecindario es mayoritariamente ruso y ucraniano fue, en opinión de las fuentes consultadas, un error. Alicante es la provincia española con más población rusa (17.500). Si Kuzminov pensaba que podría pasar desapercibido entre los 600 rusos y más de 300 ucranios empadronados en Villajoyosa (según el censo de 2022), estos eran quienes más fácilmente podrían reconocerlo o sospechar que era ruso. Tenía documentación falsa, a nombre de un ciudadano ucraniano de 33 años, pero no protección, pese a la amenaza que pesaba sobre él.

Fuentes gubernamentales explican que los más de 4000 militares ucranianos que han recibido instrucción en España y las decenas de heridos atendidos en el Hospital Militar de Zaragoza están bajo protección de las autoridades españolas, pero no era el caso de Kuzminov, quien decidió por su cuenta instalarse en la costa alicantina. Los servicios secretos españoles no fueron informados oficialmente de su llegada, agregan.

El comportamiento del joven capitán —tenía 28 años cuando desertó—, tampoco se caracterizaba por su discreción. Según algunas fuentes, la pista que llevó a los servicios secretos rusos hasta él fue una llamada a su antigua novia, que permanece en Rusia, invitándola a visitarlo. “Él decidió mudarse a España en vez de quedarse aquí [en Ucrania]. Por lo que sabemos, invitó a su expareja al sitio donde estaba y más tarde fue encontrado muerto a tiros”, señalaron fuentes de la inteligencia ucrania a la web Ukrainska Pravda.

En cualquier caso, las fuentes consultadas subrayan que España no puede mirar para otro lado ante un hecho de una gravedad sin precedentes. En febrero de 2019 fue asaltada la Embajada de Corea del Norte en Madrid, una operación que se atribuyó a un supuesto grupo disidente norcoreano tras el cual se ocultaba la CIA, según concluyó entonces el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Entonces, no hubo protesta diplomática, pero tampoco muertos.

En cambio, los servicios secretos rusos tienen ya un largo historial de asesinatos en suelo europeo. En el mencionado caso del exagente del KGB Litvinenko, que visitó España y ofreció sus servicios al CNI, este fue envenenado en 2006 en Londres con polonio 210 por dos agentes rusos. La justicia británica concluyó que el crimen fue “probablemente” ordenado por el jefe del FSB y autorizado por Putin. Dos espías enviados por Moscú fueron también acusados por Londres del intento de envenenamiento del exagente ruso Serguéi Skripal y su hija en Salisbury (Reino Unido) en 2018. Por su parte, los jueces alemanes condenaron a cadena perpetua a un espía ruso por el asesinato de un rebelde checheno en un parque del centro de Berlín en 2019. En Austria fueron asesinados en 2009 y 2020 otros dos exiliados chechenos. Hasta ahora, las ejecuciones extrajudiciales de Moscú habían dejado a España al margen.

Por Miguel González y Carlos E. Cué