SANTIAGO.- Chile entregó el jueves una nota de protesta por las declaraciones del fiscal general de Venezuela, quien afirmó que el asesinato del exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda en suelo chileno sería objeto de una manipulación política, lo que el gobierno del presidente Gabriel Boric consideró inaceptable.

“Recibí al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, a quien le hicimos entrega de una nota de protesta manifestando nuestra molestia por los dichos del fiscal nacional general de Venezuela, Tarek William Saab”, dijo en una conferencia de prensa la subsecretaria de Relaciones Exteriores chilena, Gloria de la Fuente.

El miércoles, el fiscal venezolano había afirmado que el secuestro y asesinato de Ojeda sería objeto de una manipulación política para desacreditar al gobierno venezolano: “Yo pudiera decir (...) que dicho asesinato fue cometido por servicios de inteligencia extranjeros con apoyo de funcionarios de inteligencia chilenos”, afirmó Saab, abriendo una crisis entre los gobiernos de Gabriel Boric y Nicolás Maduro.

Además, recalcó que el gobierno chileno “no ha querido facilitar información que permita la localización de los sospechosos, que dicen ellos, estarían en Venezuela”.

La funcionaria chilena, en respuesta, calificó las afirmaciones de Saab de “inaceptables e incomprensibles” y resaltó que “no se condicen con la declaración del gobierno venezolano de prestar toda la colaboración y la cooperación” en las investigaciones del atentado contra Ojeda.

Ronald Ojeda, de 32 años y militar retirado del Ejército de Venezuela, fue secuestrado el 21 de febrero por personas que simularon ser policías chilenos y que lo sacaron de madrugada en ropa interior de su departamento en Santiago. Nueve días después, fue hallado muerto dentro de una maleta que había sido enterrada en una barriada de la capital chilena.

Sin embargo, la Cancillería descartó una eventual ruptura de los lazos diplomáticos con el país caribeño, pues “si rompemos relaciones evidentemente se dificulta la situación respecto al desarrollo de la investigación”.

El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció que había conversado con su canciller, Alberto van Klaveren, sobre la situación y fue categórico al responder que Chile “es un país serio, donde las instituciones funcionan, donde hay separación de poderes y donde el Ministerio Público está llevando una investigación seria y responsable”.

Además afirmó que “los comentarios del fiscal venezolano dan cuenta de que no hay voluntad adecuada para poder resolver un caso que es tremendamente complejo”, por lo que su gobierno insistirá “en todas las instancias” para que esto cambie y adoptará “todas las medidas” a su alcance.

Saab había dicho además que las investigaciones en su país sugieren que “agentes de inteligencia al servicio de una potencia extranjera y agentes de seguridad chilenos” podrían estar involucrados en el crimen a fin de “enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento”.

La Fiscalía chilena sostiene desde el primer momento que la muerte de Ojeda fue un crimen orquestado desde Venezuela que habría contado con la participación de la banda transnacional de crimen organizado Tren de Aragua, originada en una cárcel venezolana y extendida por Chile, Bolivia, Perú y Colombia.

En su respuesta, Boric también dijo que si los fiscales venezolanos conocen “antecedentes serios y reales” de otras líneas investigativas sobre el crimen “los tienen que poner a disposición de la Fiscalía chilena”.

Tensión diplomática

El caso tensionó las relaciones entre Chile y Venezuela. Las alertas se encendieron en el gobierno de Chile en febrero de este año cuando las autoridades confirmaron el secuestro de Ojeda, que estaba en el país como refugiado político y era disidente del régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Chile había denunciado que se trató de un secuestro llevado a cabo de forma profesional, supuestamente ejecutado por venezolanos ataviados con uniformes de la policía de investigaciones, en un operativo que fue grabado por las cámaras de seguridad, que mostraban a la víctima en ropa interior siendo extraído de su vivienda en Santiago.

Una semana después, la fiscalía chilena confirmó que encontró el cadáver en una valija que estaba enterrada a 1,40 metros de profundidad y que estaba debajo de esa losa.

En abril, el presidente Boric llamó a consultas a su embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, en medio de las acusaciones de falta de cooperación por parte de ambos.

Recientemente, una delegación del Ministerio Público venezolano visitó Chile y se reunió con sus homólogos en ese país para abordar las investigaciones. Los detalles del encuentro no se hicieron púbicos.

Finalmente, las relaciones entre Santiago y Caracas volvieron a tensarse cuando Saab aseguró esta semana que el asesinato fue una operación para afectar los vínculos entre los dos países.

Agencias AP, AFP y Reuters