SANTIAGO, Chile.- Sin épica, sin dramatismo, y en una instancia que para buena parte de la ciudadanía no es más que un trámite que sobrecarga aún más la agenda navideña de fin de año, los chilenos acuden a las urnas este domingo para dirimir el futuro de una nueva propuesta de Constitución.

Se trata del segundo intento de los últimos cuatro años por modificar la Carta Magna, y del cierre de un proceso que se inició con fuerza a partir del estallido social de octubre de 2019 y que ahora termina completamente desdibujado.

Con un padrón de 15,4 personas habilitadas para sufragar y bajo la modalidad de voto obligatorio, los chilenos llegan a la instancia sin exhibir mayor interés y con un evidente hartazgo electoral.

En los últimos cuatro años se han realizado nueve elecciones y, según los sondeos, el tema constitucional está muy lejos de las prioridades ciudadanas que hoy son la incertidumbre económica y la inseguridad.

“Se ha solidificado la percepción de que una nueva Constitución no resolverá los problemas fundamentales, los cuales son más bien de una naturaleza distinta a la creación de nuevas reglas del juego macro como es una Carta Magna. La solución propuesta para la crisis de octubre de 2019 parece haber sido más una decisión tomada en la cúpula que una respuesta integral a las demandas que vimos de forma masiva en las marchas de esas semanas”, sostiene el cientista político Ignacio Imas Arenas.

“En Chile se está incubando un fuerte sentimiento antiestablishment, lo que significa que cualquier entidad asociada con los poderes tradicionales carece de conexión significativa con una gran masa crítica que se encuentra cada vez más fuera del sistema”, añade el también gerente de la consultora Imaginación.

Cuando fue a votar antes del mediodía, el presidente Gabriel Boric dijo que este proceso “más que cualquier resultado fortalece nuestra democracia”. Y, reconociendo las prioridades de la sociedad, agregó que independientemente del resultado, “nuestro gobierno seguirá trabajando en las necesidades claras de la gente”, mencionando temas como salud, seguridad y educación.

Tras el fracaso electoral del primer proyecto elaborado por la izquierda más radical y que con voto obligatorio en septiembre de 2022 alcanzó un 62% de rechazo, la segunda propuesta -escrita por un Consejo Constitucional dominado por la derecha conservadora-, tampoco ha logrado conectar con la ciudadanía.

Desde esa dimensión surge una paradoja: es posible que la actual Carta Magna vigente elaborada en la dictadura de Augusto Pinochet -y reformada por el expresidente Ricardo Lagos- se mantenga.

Qué dicen las encuestas

Según la encuestadora Cadem, que el domingo 26 de noviembre emitió sus últimos resultados, la opción “en contra” lidera la intención de voto con un 46% de las preferencias, mientras el “a favor” roza los 38%. Sin embargo, la distancia sigue estrechándose en las últimas semanas y hoy el resultado también se mueve por el terreno de la incertidumbre: un 16% aún se reconoce como indeciso.

“Si gana el ‘en contra’, la actual Constitución habrá sido validada en dos ocasiones: el plebiscito de septiembre de 2022, cuando se rechazó un texto redactado por un órgano de mayoría progresista, y ahora caería por tierra la tesis vinculada al problema constitucional en Chile y se abrazaría como opción el regreso al reformismo”, dice el analista político Mauricio Morales.

Para el analista Ignacio Imas Arenas, la paradoja chilena se expresa además por el cambio de roles. “En esta elección, nos encontramos con los mismos actores involucrados en diferentes posturas. Mientras que el año pasado, los sectores afines a las izquierdas estaban a favor del texto, hoy se inclinan por el rechazo. Por otro lado, las derechas que en 2022 respaldaron por no aprobar la propuesta, ahora desean su aprobación. Este cambio de posturas se debe, en gran medida, a las distintas fuerzas que han sido mayoría en los dos procesos. La política separada en dos macrobloques”, señala.

El panorama político y social ha sufrido un vuelco importante. Si en octubre de 2020 la opción por redactar una nueva Constitución era respaldada por un 80% del electorado, ese impulso se atenuó con lo que vino después: la Convención estuvo marcada por los escándalos del órgano y algunas propuestas -la eliminación del Senado o la de un Congreso Plurinacional- estimularon un rechazo de casi 62% en el referéndum de 2022, lo que empujó al gobierno de Boric a iniciar un nuevo proceso constitucional, con el apoyo de los partidos políticos y del Congreso.

Sin embargo, y para las aspiraciones de su sector, la apuesta resultó fallida. Así se gestó una segunda propuesta que desde su génesis se tiñó con el sello de la derecha y sectores más conservadores que ocuparon 33 de los 50 escaños del Consejo y estructuraron un texto resistido por los sectores más moderados, pese a la propuesta que entregó la Comisión Experta.

Esta comisión de especialistas, conformada por 24 profesionales designados por los partidos, generó un texto que fue recibido de buena forma pero que contó con la intervención del Partido Republicano y sus aliados.

“No logramos el propósito de ofrecerle al país una buena Constitución que permitiera reencontrarnos”, se quejó Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta. “Lo que se ofrece aquí no es una nueva Constitución, es el reforzamiento y la petrificación de la Constitución vigente, es la profundización del legado de la Constitución que queríamos cambiar”, señaló la también integrante de la comisión Antonia Rivas.

El gobierno de Boric enfrenta un escenario complejo. Atribulado por la crisis en seguridad, su imposibilidad de cristalizar reformas de base y las cifras económicas (con fuga de capitales, desempleo e inflación), este domingo difícilmente podría celebrar y las razones están en la boleta. El plebiscito ofrecerá dos opciones: la vigente, que fue elaborada en la dictadura de Pinochet y la propuesta del Consejo Constitucional dominado por los partidos de derecha.