CARACAS.- Venezuela bajo asedio. El plan terror del chavismo se cobró ya la vida de 20 jóvenes de clases populares, según el último balance de Human Rights Watch (HRW). Sin límites, ni siquiera los del más allá: al sacerdote católico Lenin Naranjo (61 años) lo detuvieron tras participar en una protesta bandera en mano y rosario al pecho.

A Tefy y Manuel se los llevaron agentes chavistas junto a la Unidad de Bomberos de San Antonio de los Altos. Habían acudido a entregar insumos médicos para ayudar a los heridos. Abraham, un barista respetado por su buena mano con el café, pasaba por allí. Lo presentaron en televisión como si fuera un terrorista. Sus delitos: ser jóvenes y llevar rastas.

Varios de los 1062 detenidos, cifra que aumenta cada hora, aparecieron este miércoles coaccionados en la televisión del régimen, todo un clásico de la propaganda revolucionaria, para contar al dictado policial lo que el país sabe que no ocurrió. No solo los detenían, sino que también les robaban sus pertenencias, incluso las motos, la misma estrategia que en otros ciclos de protesta. El fiscal Tarek William Saab también los acusó de teatralizar las protestas al usar salsa de tomate para simular heridas.

Todos esos jóvenes de los barrios populares y de la Venezuela profunda están convencidos de que esta es su última oportunidad y de que si se confirma el fraude deberán emigrar, siguiendo la senda de los nueve millones que ya se han repartido por medio mundo. El todo o nada para una generación. Como en Petare, la mayor favela de América Latina, que el lunes pasado se convirtió en un río humano en dirección al Palacio de Miraflores bajo la consigna de “el pueblo unido jamás será vencido”.

El castigo llegó la noche del martes, cuando un despliegue policial y paramilitar entró a balazo limpio hasta la cima de los cerros. La represión alcanzó incluso a las estaciones de servicio, donde se prohibió vender nafta a jóvenes con motos. En el estado de Carabobo se detuvo a varios de ellos. El gobernador Rafael Lacava, famoso porque se cree una reencarnación política de Drácula y Batman, aprovechó que los militares tenían sometidos a 40 jóvenes en el Fuerte Paramacay para soltarles una perorata.

Las fuerzas represivas no daban abasto; también perseguían a dirigentes opositores y a los fiscales de las votaciones, en lo que se cree es un plan para golpear los resultados. Se acumularon múltiples denuncias de este hostigamiento contra los “héroes anónimos” del 28 de julio, pese a que ya habían hecho su trabajo: entregar las actas a los comandos de campaña para ser digitalizadas. La oposición ha subido esos resultados abrumadores, que otorgan a Edmundo González Urrutia un porcentaje de votación, 67%, mayor que el alcanzado por Chávez en sus cuatro elecciones presidenciales.

El “presidente pueblo” ordenó incluso que se abriera una ventana en la VEN app (aplicación gubernamental) para que los chavistas pudieran delatar a quienes protestan y mandarlos a detener. El activismo digital de los venezolanos consiguió en unas horas que las App Store de Apple y Google Play Store no permitieran descargar este artefacto represivo, pero para quienes ya lo tienen sigue vigente.

En un intento más de blindar los resultados de las actas, que ya son conocidos, Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer un recurso de amparo ante los jueces que él mismo designó. Transcurridos tres días sin publicarse las actas detalladas mesa por mesa, expertos avizoran que el chavismo judicializará el proceso electoral para ganar tiempo y esquivar la presión internacional.

“Dios está con nosotros”

“He dicho que el Gran Polo Patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas. Muy pronto se van a enterar porque Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron”, deslizó Maduro. Intervino después en una conferencia de prensa internacional, retransmitida de forma obligatoria para todo el país desde el Palacio de Miraflores, para cargar contra el ganador de las elecciones presidenciales y contra la líder opositora.

“Esa gente tiene que estar detrás de las rejas, debe haber justicia en Venezuela”, vociferó el mandatario, que aprovechó para culpar a los medios internacionales, las redes sociales, Estados Unidos, el narcotráfico y varios gobiernos de América Latina de estar detrás de una supuesta “conspiración” para sacarle del poder.

“Si me preguntan qué debe pasar con el cobarde y criminal González Urrutia y con la fascista de ultraderecha criminal conocida por el pueblo como La Sayona (un espectro fantasmal de las leyendas criollas) de apellido Machado, yo te diría como jefe de Estado que haya justicia justa y ellos deberían en vez de esconderse presentarse ante la fiscalía y dar la cara en vez de huir como cobarde y seguir llamando a la insurrección a sus grupos criminales”, insistió el mandamás bolivariano.

Detrás de las amenazas de cárcel para ambos dirigentes, en medio de una razzia contra la oposición, se esconde el deseo gubernamental de que María Corina y Edmundo renuncien a la lucha y se exilien. Ambos rechazaron la oferta de asilo político realizada por Costa Rica. En el grupo de dirigentes de la cúpula opositora falta Freddy Superlano, líder de Voluntad Popular, partido del exprisionero político Leopoldo López, detenido con violencia por agentes chavistas junto a su primo, Renzo Salinas, y a Rafael García. Su partido ha denunciado que se le están aplicando torturas para que acuse a Machado y Edmundo.

“Estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas”, advirtió la misión de derechos humanos de la ONU, que además confirmó la violencia desplegada por “grupos civiles armados del gobierno”. Se trata de los famosos colectivos, paramilitares con licencia para matar desde el comienzo de la revolución hace 25 años.

Desde que comenzó la represión el domingo pasado, actúan con la connivencia policial y militar, casi siempre con el mismo modus operandi: a bordo de motocicletas, por parejas, con armas largas y cortas y disparando a mansalva.

La Corte Penal Internacional (CPI) investiga desde hace años a Maduro y a su generalato por crímenes de lesa humanidad, que van desde las ejecuciones extrajudiciales y las torturas hasta las violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.