La instalación de unos 60 contenedores en playones lindantes a comisarías de Saavedra, Chacarita y Barracas para sumar espacios donde alojar a detenidos en la Ciudad despertó preocupación entre vecinos, que consideran que las “cárceles modulares” alterarán la tranquilidad barrial. “No nos traigan más preocupaciones”, piden al gobierno porteño. En la administración de Jorge Macri sostienen que la medida “va a traer más seguridad y no menos”. La decisión del gobierno porteño prevé que a partir de agosto estén operativos los módulos para afrontar el problema de la superpoblación carcelaria, que hace que haya una cantidad de presos muy por encima de las plazas disponibles en comisarías y alcaidías.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño argumentaron que la saturación de gente privada de la libertad responde a la dificultad de concretar periódicamente los traslados hacia las unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal. Indicaron que de los 2100 detenidos, un 95% tienen causas en la Justicia Nacional o Federal y solo el 5% restante por delitos locales. “Los módulos carcelarios son la mejor respuesta en este lapso. No serán permanentes, sino que estarán hasta que avancemos en soluciones de fondo”, dijo un funcionario de la cartera que dirige Waldo Wolff. Entre las medidas a las que hizo referencia está la construcción de una Alcaidía Central en la zona sur de la Ciudad, que ayudará a descomprimir la situación.

Sin embargo, los vecinos de los barrios alcanzados por la medida se oponen a la llegada de los contenedores y aseguran que no fueron informados desde ningún área del gobierno. Por ello, iniciaron una serie de acciones con el lema “No a las cárceles-containers”, entre las que estuvo una solicitud de acceso a la información pública para conocer los detalles de la decisión oficial. También presentaron un recurso de amparo ante la Justicia porteña para frenar la instalación, iniciaron campaña de recolección de firmas en la plataforma Change.org para peticionar por la vuelta atrás, organizaron caravanas barriales y participaron de una reunión de la comisión de Seguridad de la Legislatura. “Las cárceles deben estar fuera de zonas urbanas”; “No nos traigan más preocupaciones” y “Escuchen a los vecinos” son algunas de las expresiones de los residentes de los tres barrios repitieron durante las distintas actividades.

Fugas de presos

A inicios de mayo, luego de una decena de fugas de presos de comisarías vecinales, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, firmó un decreto que declaró la “emergencia de infraestructura” de los edificios destinados a la detención transitoria de personas privadas de su libertad. La resolución habilitó la realización de obras para mejorar el sistema de seguridad de comisarías y alcaidías con el propósito de evitar más intentos de escape. El alcalde comunicó el proyecto para la construcción de la Alcaidía Central, con 700 plazas, con un plazo estipulado a dos años y determinó, como estrategia transitoria, la disposición de los módulos carcelarios para incorporar más espacios de detención que ayuden a morigerar los problemas generados por la superpoblación de presos.

Un reciente monitoreo del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad, un organismo que funciona dentro de la Defensoría del Pueblo, advirtió sobre una capacidad de alojamiento excedida y denunció “aspectos edilicios y elementos peligrosos que ponen en riesgo la vida o la integridad física de las personas detenidas y del personal policial”. Con este diagnóstico, avanzaron en la idea de los contenedores y definieron sus ubicaciones en tres playones lindantes a las comisarías Comunal 12, situada en Ramallo 4398 de Saavedra; en la Comunal 15, de Guzmán 396 en Chacarita; y en la Vecinal 4D, de California 1850 en Barracas. Se estima que habrá 20 en cada barrio.

Según informaron oficialmente, los contenedores tendrán un área central con mesas y bancos de metal donde los detenidos podrán comer. Mientras que en ambos lados estarán dispuestas las celdas, cada una de las cuales tendrán camas cucheta y baños. Contarán con luces antivandálicas, vidrios laminados y tornillos ocultos; instalaciones embutidas; aire acondicionado y podrán adaptarse a sistemas complejos de circuito cerrado de televisión. Además, habrá rejas perimetrales de alta seguridad. “Hay gente que se puede enojar, pero esta decisión va a brindar más seguridad y no menos”, afirmaron desde la cartera porteña que conduce Wolff.

Vecinos “anticárceles”

El malestar vecinal fue creciendo a medida que observaban los trabajos de preparación en los playones. Allí, habitualmente, permanecían estacionados los móviles policiales y vehículos secuestrados en algún operativo. En el caso de Chacarita, el predio elegido está situado al lado de un terreno donde debería funcionar desde hace 14 años un polideportivo público. En Saavedra, linda con un conjunto de casas residenciales, algunas de las cuales, desde las terrazas pueden verse los contenedores a pocos metros de distancia. Y en Barracas, enfrente hay dos clubes sociales y deportivos.

Débora, vecina de Chacarita, explicó que los residentes del barrio no tuvieron aviso previo desde el gobierno porteño. “Queremos que nos informen qué es lo que están haciendo ahí porque no creemos que ese predio sea un lugar para poner una cárcel y mucho menos una cárcel con esas condiciones. Alojar gente en un contenedor no es humano”, afirmó. Contó que hace unos 14 años buscan que se cumpla un fallo judicial que estableció la creación de un polideportivo sobre la calle Rodney 251. La vecina evaluó que un espacio público “puede aportar mucho más a la seguridad que una cárcel. Hay un trabajo previo en seguridad que es la prevención y no ir al final del problema con más cárceles”.

En Saavedra, la demanda de los vecinos es similar. “La llegada de los contenedores fue algo que nos impactó. No teníamos ningún conocimiento y un día vimos que levantaron la altura de las paredes del estacionamiento y poco después ya estaban los módulos. Fue todo muy desprolijo. No existieron los canales de información desde la Comuna y no entendemos el criterio de instalar una cárcel en este sector del barrio en una manzana en la que hay un club social y viviendas familiares”, dijo Alejandro, un vecino del lugar. “Hay mucho enojo y es de sentido común lo que se está planteando. Están atentando contra un barrio que está creciendo”, sostuvo y agregó que “no se trata de sacar los contenedores de acá y ponerlos en otro lugar, sino que haya profesionales que evalúan la situación y que no perjudique a nadie”.

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También en Barracas los vecinos se agruparon semanas atrás para presentar un recurso de amparo en la Justicia. “Como residentes y ciudadanos preocupados de Barracas, entendemos las necesidades de infraestructuras penitenciarias para mantener el orden y la seguridad. Sin embargo, creemos firmemente que nuestro barrio no es el lugar adecuado para tal instalación”, afirmaron. Y señalaron que “Barracas es un barrio histórico y residencial con una población diversa que incluye muchas familias jóvenes. La presencia de una prisión podría tener un impacto negativo significativo en el ambiente comunitario y la percepción general del barrio”.