En una alianza inusual, demócratas y republicanos buscan poder legal para desalojar los campamentos de indigentes

SACRAMENTO, California — Basura, heces y agujas corren por los ríos de Missoula, Montana. En las calles de San Francisco, las tiendas de campaña son tan numerosas que las aceras en el vecindario de Tenderloin se han convertido en “viviendas públicas extraoficiales al aire libre”. En Portland, Oregón, un incendio en marzo cerró durante varios días una rampa de acceso al Puente de Acero después de que los sintecho hicieran un túnel a través de un muro de ladrillos de hormigón y encendieran una hoguera para calentarse.

En una oleada de informes jurídicos presentados esta semana, líderes frustrados de todo el espectro político, incluido el gobernador liberal de California y los legisladores de derecha del estado de Arizona, denunciaron que los campamentos de personas sin hogar estaban convirtiendo sus espacios públicos en pozos de miseria y pidieron a la Corte Suprema que revisara las decisiones de los tribunales inferiores que, según ellos, han obstaculizado su capacidad para controlar estos campamentos.

Las peticiones urgentes llegan en un momento en que dirigentes de todo el país, y en particular del oeste, intentan recuperarse de la pandemia de coronavirus y restablecer la normalidad en las ciudades. En más de dos docenas de alegatos que se presentaron en una apelación contra una decisión sobre políticas relativas a los sintecho en una ciudad del sur de Oregón, las autoridades de casi todos los estados occidentales y más allá describieron escenas desoladoras relacionadas con la proliferación de campamentos improvisados en los últimos años.

Suplicaron a los jueces que les permitieran desalojar a la gente de sus calles sin entrar en conflicto con las sentencias judiciales que han protegido hasta el momento los derechos civiles de las personas sin hogar.

“La fricción en muchas comunidades afectadas por la falta de vivienda está en un punto crítico”, escribieron en un documento los abogados de Las Vegas, Seattle y más de una docena de otras ciudades, así como organizaciones municipales de todo el país. “Pese a las inyecciones enormes de recursos públicos, las empresas y los residentes están sufriendo los efectos cada vez más negativos de los campamentos urbanos prolongados”.

Los defensores de los derechos de las personas en situación de calle coinciden en que los campamentos son inseguros tanto para sus ocupantes vulnerables como para las comunidades que los rodean. Pero afirmaron que la iniciativa legal no era más que un intento de recurrir a las trilladas medidas represivas del gobierno en lugar de buscar soluciones obvias: más ayuda y más vivienda.

“Buscan culpar, penalizar y marginar a las víctimas en lugar de tomar las medidas que no han tenido la voluntad política de tomar”, afirmó Eric Tars, director de políticas del Centro Nacional de Leyes para Personas sin Hogar.

La falta de vivienda ha abrumado más y más a los gobiernos estatales y locales de todo el país. Tan solo en California hay más de 170.000 personas sin hogar, lo que representa aproximadamente un tercio de la población indigente del país. Más de 115.000 de esos californianos sin hogar duermen en la calle, en autos o a la intemperie en lugares que no están pensados para ser habitados, según un recuento federal de personas sin techo realizado el año pasado.

Hace cinco años, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos dictaminó en un caso de Boise, Idaho, que era inconstitucional que las ciudades desalojaran los campamentos de personas sin hogar y que acusaran de delitos penales a los acampados a menos que pudieran ofrecerles un alojamiento adecuado. En los nueve estados occidentales que cubre el circuito, esa sentencia ha generado desde entonces un gasto público de miles de millones de dólares en las personas sin techo.

Aun así, muy pocas ciudades del oeste disponen de camas suficientes de acogida para atender a todas las personas sin hogar en sus jurisdicciones, y esa carencia ha hecho que los funcionarios se muestren cautelosos a la hora de aplicar las leyes locales que prohíben a las personas montar tiendas de campaña en cualquier lugar público. En total, más de 50 gobiernos y organizaciones le pidieron este mes a la Corte Suprema que anule las decisiones recientes del Noveno Circuito.

Estas peticiones tienen su origen en un caso que busca determinar si la pequeña ciudad de Grants Pass, Oregón, puede multar a quienes acampan en espacios públicos como aceras, áreas de juego y parques. A diferencia de Boise, Grants Pass había emitido citaciones civiles en lugar de presentar cargos penales hasta que el Noveno Circuito determinó que las multas municipales también estaban prohibidas, a falta de suficientes camas de acogida.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo en su recurso que él inicialmente apoyaba la decisión de Boise, pero que había sido tan generalizada y “distorsionada” que ahora estaba propiciando una “crisis humanitaria”, una opinión que coincidía con declaraciones públicas recientes.

“Simplemente se ha llegado demasiado lejos”, declaró este mes Newsom en un foro celebrado en Sacramento por Politico, en el que prometió pedir claridad a la Corte Suprema y reconoció que estaba pidiendo ayuda a los mismos juristas conservadores a los que había reprendido duramente por decisiones sobre el aborto y la regulación de armas.

Más del 40 por ciento de la población indigente del país vive actualmente en los nueve estados occidentales del Noveno Circuito, según las estadísticas federales. Además de Newsom, algunas de las jurisdicciones más liberales del circuito, como San Francisco, Los Ángeles y Honolulu, se han unido a algunas de las más conservadoras para pedir la intervención de la Corte Suprema, una rareza en una época de extrema polarización política.

“Cuantos más seamos, mejor”, expresó Timothy Sandefur, vicepresidente de asuntos jurídicos del Instituto Goldwater, un laboratorio de ideas conservador de Arizona, que se mostró divertido ante la situación. “Cuando alguien llega a ver la luz, no se le reprende por haber pasado todo este tiempo en la oscuridad: se le alaba por ver la verdad”.

Algunos de los demócratas más notables de la nación se encuentran ahora luchando contra grupos liberales que han sido sus aliados en otros asuntos.

Tars, del Centro Nacional de Leyes para Personas sin Hogar, dijo que Newsom y otros líderes progresistas que habían pedido a la Corte Suprema que interviniera “deberían avergonzarse” por fomentar una falsa narrativa conservadora sobre la crisis.

“En esencia, se están alineando con el expresidente Donald Trump y otros de la derecha que quieren criminalizar a las personas sin hogar”, sentenció. “Las comunidades son libres de abordar la falta de vivienda a través de cualquiera de los muchos enfoques basados en la evidencia que pueden resolverla y ponerle fin. Lo único que no pueden hacer es arrestar o citar a los indigentes sin siquiera molestarse en darles alguna alternativa”.

Las autoridades municipales y estatales afirman haber invertido miles de millones de dólares en servicios sociales y albergues; tan solo la ciudad de Los Ángeles gastó más de 1300 millones de dólares en el actual ejercicio fiscal en programas para personas en situación de calle.

Pero muchas personas sin hogar rechazan la ayuda, según las ciudades —el sumario de Portland informaba que alrededor del 75 por ciento de unas 3400 ofertas de alojamiento fueron rechazadas desde el pasado mes de mayo hasta este mes de julio— y en los últimos cinco años los tribunales han coartado seriamente su capacidad para obligar a las personas recalcitrantes a abandonar los campamentos y alojarse en viviendas de apoyo.

c.2023 The New York Times Company