Es delito cuando conviene: el extraño manejo del mega caso de corrupción en PDVSA

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Fernando Llano/AP

En una nueva muestra de las contradicciones de la justicia en Venezuela, la fiscalía del régimen de Caracas anunció cargos y pidió la extradición de su ex Zar de Petróleos, Rafael Ramírez, por su presunta participación en un mega esquema de corrupción que dos años antes había declarado que no constituía ningún delito.

El esquema, que sacaba provecho de las distorsiones generadas por el control cambiario en Venezuela, fue utilizado en diversas ocasiones por integrantes del régimen de Nicolás Maduro y sus socios empresariales para extraer secretamente miles de millones de dólares de PDVSA a través de préstamos que eran otorgados a la empresa estatal de petróleos en bolívares y que eran pagados casi de inmediato en dólares o euros, haciendo uso del fabulosamente favorable tipo de cambio oficial, según se desprende de documentos obtenidos por el Nuevo Herald.

El mecanismo, que fue utilizado varias veces durante y después de la administración de Ramírez, está en el centro del juicio de $1,200 millones que adelanta la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, contra el empresario chavista Francisco Convit, y en la que también se han visto implicados funcionarios de PDVSA, el empresario Raúl Gorrín, y los hijastros de Nicolás Maduro, entre otros.

Pero en septiembre del 2020, el Ministerio Público –bajo el control del actual Fiscal General chavista, Tarek William Saab– había declarado que la operación que estaba siendo examinada en Miami era totalmente legal en Venezuela, pronunciamiento que fue ratificado por el tribunal venezolano que examinó el caso.

“En criterio de este Tribunal, no hubo ninguna infracción al régimen cambiario en la operación realizada”, declaró la corte al aprobar la moción de sobreseimiento introducida por el fiscal Farik Karin Mora, un cercano aliado de Saab dentro del Ministerio Público.

Con ello, la fiscalía y las cortes del régimen de Nicolás Maduro trágicamente le brindaron legitimidad a la operación, dijo Zair Mundaray, quien fue director de Actuación Procesal del Ministerio Público durante la gestión de la antecesora de Saab, la ex fiscal Luisa Ortega.

“Lo grave de este sobreseimiento es que el Ministerio Público dice que estos hechos no constituyen un delito y cuando tu dices que no conforman un delito, nadie más puede ser procesado por hechos similares, o por el uso del mismo esquema”, señaló Mundaray. Saab “mató la investigación, mató la posibilidad de persecución penal de ese mismo supuesto”.

Es delito cuando conviene

Pero eso es precisamente lo que la fiscalía bajo la conducción del fiscal Saab está haciendo en este momento contra Ramírez, presentando cargos y anunciando el viernes que había solicitado a Italia la extradición del ex Zar de Petróleo, donde se encuentra exiliado.

Los anuncios han generado una serie de cuestionamientos contra el fiscal Saab, con múltiples voces advirtiendo desde Venezuela que la operación contra Ramírez forma parte de una serie de acciones emprendidas por el funcionario chavista para tratar de reelegirse en el cargo.

Al darse media vuelta y ahora presentar cargos contra Ramírez, Saab “lo que está haciendo es un fraude a la ley y es un acto que solo está dirigido a los medios. Lo que está tratando de hacer es crear una ilusión mediática porque en la sentencia anterior ya había cometido un grandísimo atropello, una violación a la verdad y dar un paso más hacia la impunidad de este tipo de hecho”, enfatizó Mundaray.

La investigación del 2020 fue iniciada en Venezuela en base a una denuncia introducida por el diputado opositor Oscar Ronderos Rangel en contra de Gorrín, su socio Gustavo Perdomo y el director de PDVSA, Victor Aular, por la entrega de una línea de crédito de 7,200 millones de bolívares otorgados a PDVSA el 17 de diciembre de 2014 por la firma Rantor Capital, CA., a través de un contrato que dos semanas después fue cedido a la compañía Eaton Global, según documentos judiciales venezolanos.

El préstamo en bolívares debía ser pagado en divisa extranjera en base al tipo de cambio oficial de 6.30 bolívares, muy por debajo del tipo de cambio flotante de 186 bolívares con el que el dólar era comprado en la calle por la gran mayoría de venezolanos en esa época.

De carácter doloso

Al solicitar el sobreseimiento (la desestimación de los cargos), Mora argumentó que PDVSA no perdió dinero, que es legal hacer transacciones en moneda extranjera en Venezuela, que el contrato de préstamo fue debidamente procesado, que Gorrín y Perdomo no tenían vínculos con Rantor Capital, CA., o con Eaton Global, y que el tipo de cambio oficial de la época era efectivamente 6.30.

Los vínculos de Gorrin y Perdomo con la operación son ampliamente expuestos en los documentos acusatorios introducidos por la Fiscalía Federal del sur de Florida en el caso Money Flight, los cuales muestran los esfuerzos de los empresarios por lavar los fondos obtenidos de PDVSA.

La brecha entre el tipo de cambio oficial y el del mercado paralelo de 186 bolívares significaba que el costo en dólares de un préstamo de 7,200 millones de bolívares era en realidad de $38.7 millones y no los $1,142.85 millones a los que se había comprometido pagar PDVSA en el contrato que firmó con Rantor Capital.

“Esto en realidad no fue un préstamo, esto fue un regalo”, comentó el abogado y experto financiero venezolano Juan Ignacio Riquezes. “Esto es lo que llaman en Estados Unidos un sham transanction, una transacción ficticia”.

Para la época, los prestamistas sólo tenían que vender 40 millones de dólares a empresas venezolanas hambrientas por obtener la divisa estadounidense para poder importar y conseguir los $1,200 millones en cuestión de un par de días, explicaron los expertos.

Riquezes, quien analizó el caso bajo pedido de el Nuevo Herald, dijo que las características de la operación dejan en evidencia el carácter fraudulento de la operación, realizada cuando Ramírez se encontraba al mando de PDVSA.

Para empezar, la compañía sale a pedir prestado dinero bajo la premisa de que lo necesitaba, pero empezó a repagarlo de inmediato, incluso antes de que el prestamista terminara de desembolsar la totalidad de los fondos que estaba prestando, señaló Riquezes.

Raptor Capital desembolsa a PDVSA el 19 de diciembre del 2014 unos 500 millones de bolívares el 19 de diciembre ($2.67 millones al tipo de cambio del mercado libre de la época de 187 bolívares por dólar) y diez días después recibe un pago en moneda extranjera equivalentes a unos $38.5 millones (calculados a la tasa oficial de 6.30).

Magia contable

Las fechas son importantes porque con menos de 500 millones de bolívares otorgados el 19 de diciembre, ellos reciben un primer pago y “con esos $38.5 millones de dólares, el grupo de Raptor luego se voltea para el mercado cambiario” y tiene como obtener fácilmente los 7,200 millones de bolívares que necesita para suministrarle a PDVSA.

“Para mí esta clara la bicicleta de corrupción cambiaria que montaron (esquema de fraude cambiario), y está claro porque si PDVSA me devuelve el crédito antes de que yo lo termine de desembolsar, yo puedo tomar esos dólares, y venderlos, con lo cual yo no tengo que aportar la mayor parte del dinero. También demuestra que PDVSA en realidad no necesitaba esos préstamos”, señaló Riquezes.

El esquema empleado significa que con solo aportar $2.67 millones en dinero semilla, ellos podían cosechar en $1,200 millones en cuestión de pocas semanas.

Al final PDVSA terminó pagando los préstamos por adelantado, lo cual limitó considerablemente la cantidad total a pagar, desembolsando en moneda dura solo el equivalente a $600 millones.

Según los documentos de la corte en Venezuela que desestimó los cargos, ese ahorro fue de 47% del total adeudado y la diferencia de 3.423 millones de bolívares, fue reportado en libros de la compañía como ingresos extraordinarios, en una operación de maquillaje contable que convirtió la millonaria pérdida generada por la operación como una ganancia.

Ese concepto fue adoptado por la fiscalía y por la corte que aprobó el sobreseimiento del caso, al declarar que no se había provocado ningún perjuicio a la nación.

Ramírez en la mira

Saab, informó el viernes que inició los trámites para solicitar nuevamente la extradición de Ramírez. A diferencia del caso contra Gorrín, Perdomo y Aular, en este caso la fiscalía encuentra que sí existe responsabilidad penal contra Ramírez, entre otras cosas señalando que faltó un desembolso en bolívares.

La acción, sin embargo, constituye un radical cambio de actitud del régimen hacia Ramírez, un cercano ex colaborador del fallecido Hugo Chávez, que tras distanciarse de Maduro anunció sus aspiraciones de reemplazar al actual gobernante en la presidencia.

El diputado Ronderos, quien fue el que presentó la denuncia inicial que terminó siendo sobreseída en el 2020, dijo que actualmente existe un marcado cambio de actitud por parte del régimen hacia Ramírez, quien en el pasado había sido protegido de las investigaciones emprendidas desde la Asamblea Nacional sobre presuntos actos de corrupción durante su gestión.

“Nos dijeron en una sentencia de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que el señor Ramírez era algo así como inescrutable, que era ininvestigable, y nos prohibieron en la Asamblea Nacional pasada atribuirle ningún grado de responsabilidad”, dijo Ronderos, quien actualmente es jefe de la fracción parlamentaria de la oposición.

“El que ahora estén tomando medidas contra él se debe a que Ramírez cambió de posición política y al cambiar de posición política ahora sí es investigable”, señaló.