Defender la tierra, el delito

El Universal
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- El 17 de enero de 2023, David Hernández Salazar encontró un coche con vidrios polarizados estacionado afuera de su trabajo. De él bajaron cuatro hombres armados, recuerda a más de un año del hecho. Había dos opciones: la policía o la delincuencia organizada.

Pero la única corporación que había amenazado su seguridad era la del gobierno. Esa misma situación la vivían otros 17 habitantes de Puente Madera, localidad de San Blas Atempa, Oaxaca, la comunidad que detuvo a punta de amparos la instalación de uno de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador definió para el Istmo de Tehuantepec. Ese martes de enero Hernández fue detenido.

La defensa de 331 hectáreas dentro de El Pitayal, un área relevante para esta comunidad, les valió a él y a otros comuneros binnizá denuncias de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), del Registro Agrario Nacional (RAN) y del municipio.

Estas autoridades los acusaron de daños a las vías federales de comunicación, robo e incendio ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de varios bloqueos carreteros para manifestarse en contra del Podebi. En uno de ellos, los manifestantes incendiaron vehículos en respuesta a una lona que rezaba: "Propiedad del Corredor Interoceánico".

Como si lo hubieran puesto de ejemplo, Hernández —agente municipal comunitario de Puente Madera— fue sentenciado este 2024 a 46 años de prisión, una multa de 182 mil pesos y una reparación de daños de más de un millón de pesos. Había dos cartas sobre la mesa: aceptar el Podebi y ser libres, o ir a la cárcel.

"El gobierno se comprometió a no detenernos, pero hay sentencia. El gobierno sabe la posición de Puente Madera, pero nosotros sabemos la posición del gobierno", dijo en mayo. Su libertad se sostenía con un amparo que evitó su encarcelamiento. Había estado en el bloqueo carretero, pero asegura que no participó en la quema de vehículos y rechaza los delitos imputados.

La criminalización en contra de quienes se oponen a obras del Interoceánico es el mecanismo que ha utilizado el gobierno contra la defensa del territorio. Los afectados son habitantes que han enfrentado una mezcla de actos arbitrarios durante la implementación del megaproyecto, como consultas amañadas y firmas falsificadas que avalan venta de tierras.

Para este trabajo se identificaron 61 personas que enfrentan uno o varios procedimientos penales en contra, interpuestos por autoridades federales y municipales. La mayoría de la información, que fue brindada por organizaciones de la sociedad civil, permite determinar que la mayoría son hombres (42), aunque hay 14 mujeres y otras cinco personas cuya identidad no pudo determinarse. De ellas, 97% son indígenas binnizá, ayuuk o zoques.

"Hay una escalada [de criminalización]. Se incluye a personas que usualmente no tienen un perfil acorde con la narrativa delincuencial: campesinos y amas de casa, a quienes se les está criminalizando e intimidando por medio de mecanismos legales", afirma Loni Hensler, de Terravida, organización que ha seguido el impacto del corredor.

Militarización como moneda de cambio

En su origen, el Corredor Interoceánico fue un proyecto operado por civiles. La Secretaría de Marina no tenía ninguna participación, pero poco a poco adquirió injerencia. Primero fue contratista de obras vinculadas al proyecto y en 2021 desplegó los primeros 831 elementos para realizar labores de seguridad en el territorio. Lo que vino a continuación fue trámite. Se amplió el número de elementos y se institucionalizó su dominio un par de meses después. Los números más recientes indican 2 mil 560 marinos asignados al corredor.

En respuesta a un cuestionario, el CIIT dijo que la Marina tomó el mando porque el istmo es estratégico, "lo cual ha convertido al corredor en un tema con carácter de seguridad nacional que requiere seguimiento permanente".

"Atados de pies y manos"

Juana Inés Ramírez, originaria de San Juan Guichocovi, Oaxaca, estaba en el velorio de su abuela la madrugada del 28 de abril de 2023. Al tiempo, en Mogoñé Viejo, la policía estatal, la Guardia Nacional y la Marina desalojaron con violencia el campamento que había instalado un grupo de habitantes ayuuk afectados por la rehabilitación del tren. Durante el desalojo detuvieron a cuatro mujeres y dos hombres.

Juana Inés, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), había estado acompañando como activista a este grupo de afectados y, aunque afirma que no estaba en el campamento esa noche, fue denunciada penalmente junto a otros dos integrantes de la asociación.

El uso de mecanismos legales contra defensores del territorio es una estrategia institucional. Minutas de las sesiones de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Oaxaca acreditan coordinación para su puesta en marcha. En la minuta del 6 de septiembre de 2019, Gobernación detalló que en respuesta al bloqueo de vías férreas en Matías Romero y Ciudad Ixtepec, Oaxaca, la FGR ya tenía abiertas denuncias contra los manifestantes que pedían garantías de inclusión en el proyecto del corredor.

Hay más datos que abonan a esta idea. A través de una petición de información, la FGR dijo que entre 2019 y abril de 2024 abrió 968 carpetas de investigación contra civiles en Oaxaca y Veracruz en las que los denunciantes son instituciones federales con alguna responsabilidad en el corredor.

Se solicitó a la FGR detalles de las denuncias interpuestas por la Marina, el CIIT, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), la SICT y Gobernación, así como las denuncias de estas autoridades junto a la Guardia Nacional y la Sedena. La misma petición se realizó a fiscalías estatales y dependencias denunciantes, aunque no todas respondieron.

La información recabada no permite determinar el municipio en el que se cometió el presunto delito ni la vinculación directa con el corredor. No obstante, los datos muestran un aumento del número de denuncias interpuestas por el gobierno en los estados donde se realizan obras en pro del "desarrollo del istmo de Tehuantepec". En 2019 hubo 33 carpetas, pero para 2022 la cifra se elevó a 452.

La mayoría de las denuncias (865) son por ataques a las vías de comunicación. Hay otras por daño en propiedad ajena, la explotación de un bien de la nación y oposición a que se ejecute una obra pública. Los cargos pueden llevar a penas de hasta 20 años de prisión y multas que pueden superar los 2 millones de pesos, según el Código Penal Federal.

Ante la petición de una postura, la SICT dijo tener "la facultad y obligación de denunciar a cualquier persona que bloquee vías férreas, carreteras, aeropuertos" y que las denuncias no son exclusivas de Oaxaca y Veracruz.

El CIIT recalcó que han buscado resolver los conflictos dialogando, pero "lamentablemente como autoridades no somos escuchadas, circunstancias que ante la manera sistemática y persistente de violencia e injurias nos obligan a presentar denuncias como última opción".

La Misión Civil de Observación del Corredor Interoceánico realizada por la sociedad civil identificó la criminalización como uno de los mecanismos de violencia ejercidos en contra de los habitantes del istmo entre mayo de 2021 y mayo de 2024. Además de las denuncias, encontraron despojo, intimidación, hostigamiento, amenazas y agresiones en contra de quienes defienden sus tierras, el derecho a un medio ambiente sano y su ejercicio de los derechos como pueblos indígenas, como la libre determinación.

Sobre los "agentes perpetradores de violencia" señalaron mayoritariamente a funcionarios de gobierno como la Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal, entre otros vinculados a intereses criminales y empresariales. En este sentido destacan que la "grave situación de violencia sistemática y generalizada" se incrementa a partir del desarrollo del CIIT y que se acentúa con la presencia de las Fuerzas Armadas.

"El gobierno la piensa y nosotros también, porque ahorita tenemos órdenes de aprehensión y un amparo, pero, ¿qué queremos? ¿Otras 10 carpetas de investigación por delitos más graves? ¿O perder la vida? Les digo a los compas: ‘para la paz y la tranquilidad de Puente Madera, vamos a buscar una ruta’", dijo David Hernández en mayo de 2024. Pone sus manos una junto a la otra en señal de equilibrio, un equilibrio obligado que los coloca en un punto muerto ante el gobierno.

El 17 de junio de 2024, la comunidad aceptó la instalación del parque industrial en El Pitayal. Esa fue la ruta final para obtener su libertad plena. A cambio, el gobierno absolvió a Hernández y determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de las otras 17 personas acusadas.

Mayoría indígena

El 97% de las personas denunciadas entre 2021 y 2024 se autoadscriben como indígenas.

Denunciante…No. Carpetas

San Blas y RAN…17

No especificado…12

FIT…10

Mixtequilla…9

SICT…6

SICT y FIT…6

CIIT…1

Total…61

Fuente: Sociedad civil y denuncias públicas.

Este proyecto fue apoyado por el Pulitzer Center

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