El DCF dijo que los niños estaban bien. Pero estaban muertos

El 13 de abril de 2022, exactamente a las 6:09 p.m., un investigador de bienestar infantil asignado al caso de la madre Odette Joassaint, de Miami, incluyó una aparentemente positiva en el sistema informático del Departamento de Niños y Familias (DCF) de la Florida.

“Ella informa que todo está bien”.

El “ella” se refería a Joassaint, de 41 años, una madre de tres hijos que había estado enredada con el departamento durante años debido a los persistentes informes de violencia doméstica y mala crianza.

Del hijo de tres años de Joassaint, Jeffry, el investigador ofreció esta imagen tranquilizadora: “Le gusta jugar, reírse y agarrar cosas”. Refiriéndose a la hermana mayor de Jeffry, Laura, de 6 años, el informe decía: “Es una niña tranquila [que] se porta bien”.

En realidad, desde el día anterior, Joassaint había estado en la cárcel del Condado Miami-Dade y Laura y Jeffry estaban en la morgue. La Policía había llegado a la casa de la madre en NE 75 Street para encontrar a los niños atados y estrangulados. Su madre dijo a los agentes que los niños estaban mejor así.

Los expedientes de los casos son un elemento fundamental de la protección de la infancia, el registro que demuestra que las familias con problemas y los niños están supervisados por una persona externa objetiva. El registro retroactivo al día siguiente de la muerte de los niños —uno de varios— plantea dudas sobre una agencia cuyos investigadores son conocidos por registrar visitas que nunca hicieron. Estas falsificaciones han provocado resultados mortales.

La visita a los dos hijos menores de Joassaint, que supuestamente fue el 2 de abril, ocurrió en la casa del padre de Laura y Jeffry, Frantzy Belval, de 45 años, que había cooperado constantemente con los investigadores y había solicitado la custodia de sus hijos, un esfuerzo que el DCF no apoyó.

En cambio, Joassaint tenía la costumbre de espantar a los investigadores, negándose a menudo a abrirles la puerta. El departamento se encogía de hombros ante ese comportamiento y concluía repetidamente que los niños no corrían peligro.

Los expertos en protección infantil dijeron que la práctica de esperar días o semanas para documentar los hechos invita a la confusión, quizás fraude.

“Nunca es aceptable esperar tanto tiempo”, dijo Beth Barrett, una administradora de bienestar infantil que fue directora general de Wesley House Family Services, un proveedor de servicios de Los Cayos, y ex directora de Proyectos de Bienestar Infantil del Departamento de Estudios del Infante y la Familia (CSF), en el Instituto de Salud Mental de la Florida de la Universidad del Sur de la Florida (USF).

“Hay que ingresar esas cosas dentro de las 48 horas, a más tardar, de cuando se observó algo, se hizo algo o alguna actividad o visita al hogar”, dijo Barrett. “Cualquier cosa después de eso y el propio sistema de garantía de calidad [de DCF] debería haberlo recogido”.

“Cubriéndose las espaldas”

Las anotaciones que se agregan con semanas de retraso, dijo Barrett, plantean la posibilidad de que se hayan incluido en el expediente del caso, porque los investigadores o los trabajadores sociales están “cubriéndose las espaldas”.

Barrett añadió: “No hay excusa para no incluir estas anotaciones a tiempo”.

Cuando un periodista le preguntó en repetidas ocasiones sobre las anotaciones inusuales en la Red de Familias Seguras de la Florida, el sistema informático de la agencia, una portavoz del DCF no respondió.

Las irregularidades han sido durante mucho tiempo un problema en el gigantesco sistema informático del DCF, y a menudo salen a la luz solo cuando un niño o adulto vulnerable muere por abuso o negligencia, haciendo que se saquen a la luz pública los registros del estado.

En diciembre de 2020, un asistente social de la Sociedad de Hogares Infantiles, de gestión privada, fue despedido después que los administradores descubrieron una discrepancia entre las fotos de un niño pequeño bajo la supervisión del DCF, Rashid Bryant, agregadas en un sistema interno de trabajo de casos y los sellos de seguimiento de GPS incrustados en las imágenes.

El DCF se ha negado desde entonces a hablar de las irregularidades o a publicar cualquier registro de su investigación relacionada con el trabajador social.

Desde 2013, el primer año del que se dispone de estos casos, el DCF ha informado de decenas de investigaciones de la oficina del inspector general sobre denuncias de falsificación de registros por parte de un investigador o trabajador social. Sin embargo, la oficina informa de solo dos investigaciones de falsificación cerradas desde 2016, una cerrada en octubre de 2018 y la otra en marzo de 2021.

Los legisladores de la Florida convirtieron en delito la falsificación de información en un registro de bienestar infantil tras la desaparición —y presunta muerte— de Rilya Wilson, de 5 años. Rilya, quien estaba al cuidado de una amiga de la familia, Geralyn Graham, llevaba desaparecida unos 15 meses antes que los administradores del DCF se dieran cuenta de que había desaparecido.

Aunque el cuerpo de Rilya nunca se ha encontrado, Graham fue acusada de su asesinato en marzo de 2005. En enero de 2013, un jurado de Miami-Dade condenó a Graham por secuestro y abuso de menores, cargos que surgieron, entre otras cosas, de las pruebas de que Graham había mantenido a la pequeña encerrada en una jaula para perros. El jurado no llegó a un acuerdo en cuanto a otro cargo de asesinato, y Graham no volvió a ser juzgada por ese cargo.

La fecha actual de puesta en libertad de Graham es 2049, cuando tendría 103 años.

Jim Sewell, administrador jubilado de la Policía Estatal de la Florida (FDLE), recuerda la primera ve que su agencia presentó cargos en virtud de la ley que tipificaba como delito la falsificación de los registros de protección infantil del estado.

Corría el 2002 y Sewell era el director regional de la FDLE en la zona de Tampa Bay. La Policía de Lakeland acababa de acusar a una pareja de haber matado a Alfredo Montez, de 2 años, el pequeño que tenían a su cuidado FDLE acusó entonces a una investigadora de inventarse registros para demostrar que había hecho su trabajo y observado al niño.

Sewell insistió en que sus agentes escoltaran a la investigadora ante un grupo de periodistas hasta su fichaje. Es un ritual conocido como perp walk y suele estar reservado para asesinos acusados.

“Fuimos extremadamente públicos” en cuanto a la detención, dijo Sewell. “Se cubrió a nivel nacional”.

Esperar semanas para ingresar información en el sistema no es lo mismo que fabricar información. Pero Sewell dijo que eso también es una negligencia: “Se pierde todo el sentido de la urgencia en la información”, dijo Sewell, ex consultor de DCF que había servido en los grupos de trabajo que estudiaron las controversiales muertes de dos niños de la Florida.

“Es peligroso”, dijo Sewell respecto a la introducción de información semanas después de haberla recopilado. “No se puede mantener un nivel de verdad a menos que se haga de forma actualizada”.

Y agregó: “Si no está escrito, no ocurrió”.