A las siete de la mañana, Amparo Palma camina 12 cuadras hasta la escuela con sus hijos de 4 y 7 años. Antes se tomaba el colectivo a una cuadra de su casa, pero los acostumbró a caminar para reducir gastos. Cuando llueve o hace mucho frío, usan paraguas y refuerzan el abrigo; solo en casos excepcionales se toman un Uber. Dice que donde más tuvo que ajustar es “en la comida, en el transporte y en distintos servicios básicos”.

En el barrio de Mataderos, casi a la misma hora, Germán Baudou sale en bicicleta a llevar a Amapola y Lisandro, sus hijos, a la escuela pública alternando entre transporte público y Uber los días de lluvia. Unos meses atrás usaba el auto, ahora ya no puede. Junto a Victoria, su pareja, también recortaron “todo lo que pudimos”. La limpieza y las horas de cuidado que alguna vez absorbió una persona que colaboraba en el hogar también fueron limitadas. “Ahora es una especie de lujo que ocurre cada 10 o 15 días para hacer una limpieza profunda”. Y la niñera, “solo unas horas cuando no damos más”.

Como Amparo y Germán, cada vez son más las familias porteñas de clase media que perdieron acceso a bienes y servicios básicos en el marco del ajuste económico del actual gobierno: dejaron de pagar las prepagas, se endeudaron con las cuotas de las escuelas privadas, recortaron actividades recreativas y servicios hogareños, dejaron de usar el auto por el costo elevado de la nafta y limitan el uso de transportes públicos por el encarecimiento de los boletos.

De acuerdo a lo conversado con distintas familias porteñas, el gasto mínimo que requiere criar a un solo niño en la ciudad de Buenos Aires (número que se deberá multiplicar si hay hermanos) promedia los 350.000 pesos. El número es para menores que concurren a escuela pública, que no cuentan con prepaga, que no tienen que alquilar vivienda y que se manejan en mayor medida en transporte público, bicicleta, o caminan.

Según la última actualización de la canasta básica de la primera infancia, niñez y adolescencia del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el mes de abril del 2024, criar un bebé de hasta un año costaba $309.616. En infancias de 1 a 3 años cumplidos, se necesitan $367.765 mensuales. En edad preescolar, $308.416, y para niñeces en primaria, $388.010. Al mes de junio, los valores ya variaron por inflación, aunque no se cuenta con un relevamiento oficial.

Pablo Vommaro, secretario académico del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y co-coordinador del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes de la UBA (GEPoJu-IIGG/UBA) analiza el impacto del ajuste en la economía y el impacto en la pérdida de derechos en las infancias y adolescencias: “La desregulación económica, con el aumento en los servicios públicos, en la salud privada, en la educación privada y en el costo de vida en general, vulnera los derechos de las infancias y afecta las condiciones de vida de las familias, deteriorando el ámbito donde desarrollan su vida”.

Y ejemplifica: “Quienes van a escuela privada ven afectado su derecho a la educación en una doble situación ya que, en el intento de buscar una alternativa pública por el aumento exponencial en las cuotas, esas familias están quedando excluidas, ya que no encuentran vacantes en escuelas públicas en nivel inicial y primaria de la ciudad de Buenos Aires. Así, con un estado porteño que no cuenta con la capacidad para absorber la demanda educativa que puede derivar del aumento de las cuotas de las escuelas privadas, el derecho a la educación se ve doblemente afectado”.

Recortes en salud

Algo similar sucede con el ámbito de la salud y de los servicios públicos: “Dejar de pagar prepagas, o verse obligados a reducir los planes sin contar con un servicio de Salud Pública que pueda absorber esa necesidad, también afecta directamente a las condiciones de vida de los niños y niñas porteños. Lo mismo sucede con el deterioro en las condiciones de vida producto del aumento de los servicios en las viviendas. Por ejemplo, con el aumento del gas hay muchas familias que hoy no logran calefaccionar sus hogares, y no logran ofrecer un ambiente saludable y que garantice el pleno ejercicio de sus derechos”.

Por su parte, Delfina Schenone Sienra, socióloga y responsable del área de políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), analiza en dialogo con LA NACION: “Estamos ante una situación alarmante para las infancias y adolescencias porque, por un lado, hay una reducción importante en los recursos y políticas destinadas a proteger los derechos de niñas y niños en áreas clave como salud y educación y, por otro, la pobreza e indigencia infantil, que ya venía con índices superiores al promedio de la población, está con una proyección para 2024 tremendamente preocupante”.

Según datos de ELA, en el país, en los últimos seis años, más de 3,5 millones de niños cayeron por debajo de la línea de pobreza, y más de 3,1 millones viven en condiciones de indigencia. Se calcula que para este año los valores pueden llegar al 70,8% de pobreza infantil y 34,4% de indigencia. Esto implica que de un total de 12.2 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en nuestro país, 8.6 millones serían pobres y 4.1 millones serían indigentes, es decir, sin acceso a una alimentación mínima.

Familias en crisis

Eurídice Ferrara es mamá de dos menores en edad primaria. Este año no pudo contratar niñera porque dice que peligra su trabajo, cuyo sueldo no se actualiza. “Casi no uso el auto y salgo poco. Cuando lo hago, intento ir en subte y gastar poco”, dice. Compra menos comida que el año pasado, en particular menos carne, galletitas y lácteos. Tampoco comen afuera, ni piden delivery. “Tuve que dar de baja Netflix y ahora también recibo ayuda de mi familia para pagar algunos servicios. La tarjeta intento usarla lo menos posible, con la ropa de mis hijos me arreglo con prendas usadas que me pasan los primos más grandes. Tampoco compro nada en un kiosco, casi no voy a bares y espero a llegar a casa para comer”, explica. En relación al uso del auto, dice que intenta “sacarlo lo menos posible”. Opta por caminar, andar en bici y tomar transporte público.

El caso de Gabriela Oprandi es similar. No tiene niñera y se divide con su pareja para cumplir con las diversas necesidades de su hijo. Va a una escuela estatal y utiliza el transporte público. Para las actividades extra escolares, como fútbol o básquet, sí utiliza el auto. Están ajustados a pesar de que tienen varios trabajos, por eso evitan pedir delivery y salir a comer afuera, aunque admite que, por el momento, no se privan de hacer salidas al cine y al teatro con su hijo. “Solo recibo ayuda una vez por semana para limpiar a fondo la casa, aunque de la comida, la ropa y el orden general me ocupo yo”.

La modalidad híbrida de trabajo de Germán (dos días en la oficina y el resto desde su hogar) le permitió organizarse con su pareja y dejar de pagar niñera, aunque admite que igual “hacen malabares” para responder a las múltiples necesidades y actividades de sus hijos. Él se encarga de llevarlos al colegio, de acompañarlos a los turnos médicos y se turna con la mamá en las actividades extraescolares y en las tareas escolares al regresar al hogar. Aunque ambos trabajan y comparten las tareas de cuidado, “no alcanza para pagar todos los servicios de la casa y estamos cada vez más agotados”, dice. “Necesitamos de una red más amplia que nos ayude en los requerimientos cotidianos de la crianza, pero hoy no podemos pagarla”, explica. También limitaron el pago de otros servicios como plataformas digitales, compra de ropa y salidas recreativas. De tomarse vacaciones, viajar o ahorrar, “ni hablar”.

Las consecuencias de esta crisis, según UNICEF, son: en el 21 por ciento de los hogares con niñas y niños, se observan situaciones de “cuidado inadecuado”. Es decir, que hay niñas y niños que se quedan solos, o bien al cuidado de sus hermanas y hermanos menores de 18 años, cuando las personas adultas del hogar salen a trabajar. “Esto es algo muy problemático porque hay un impacto negativo en los derechos de esas infancias y adolescencia: son hermanos, y mayormente hermanas, adolescentes adquiriendo responsabilidades propias de los adultos que van en contra de su derecho a gozar y disfrutar de tiempo de ocio y de su calidad de trayectoria educativa”, finaliza Schenone Sienra.