Cruje el peronismo en su nervio más sensible

La tropa de seis sindicalistas que visitó a Sergio Massa en su base de operaciones de la avenida del Libertador se apresuró al ventilar los avances de la negociación para exceptuar del impuesto a las ganancias una serie de adicionales salariales. Con cálculo electoral, el ministro de Economía se pensaba guardar esa carta para el 1° de mayo, como un gesto por el Día del Trabajador entre tanta zozobra inflacionaria y promesa incumplida. La cúpula de la CGT se aferró a la palabra del funcionario a pesar de que todavía espera con ansias y algo de desconfianza conocer la letra chica de la resolución que aliviaría la carga tributaria de unos 600.000 asalariados bajo convenio. Hasta ayer no se había oficializado la medida y hay preocupación que el acuerdo pueda caerse .

Los gremialistas se llevaron algo más de su procesión por las oficinas de Retiro: se retiraron con la idea de que Massa será candidato a presidente en las próximas elecciones a pesar de no haber podido domar la inflación, que ya sumó 21,7% en el primer trimestre. “Indefectiblemente va a ser. No nos lo dijo de manera directa, pero dio señales”, dijo con entusiasmo uno de los dirigentes que estuvo en el cara a cara con el ministro.

La CGT está dispuesta a impulsar la candidatura del ministro a pesar de una serie de amagos de poner la guardia en alto para protestar por el aumento de la pobreza, la caída salarial y la crisis financiera de sus obras sociales. De hecho, una comitiva gremial encabezada por Gerardo Martínez se reunió ayer en el Palacio Bosch con Wendy Sherman, la número dos del Departamento de Estado, a quien le contaron sobre “los esfuerzos” de Massa para intentar ordenar la economía. Intentaron mostrarse como los garantes de la gobernabilidad. La cúpula de la CGT tomó el encuentro con la enviada de Joe Biden como un reconocimiento a su rol de administradora del conflicto social. Creen los sindicalistas que la ayuda de Estados Unidos será determinante para que el Gobierno llegue “estable” al proceso electoral, que comenzará en agosto y podría terminar en noviembre si es que hay ballottage. Hubo incluso una gestión aventurera de Martínez para que se revise el acuerdo sellado con Fondo Monetario Internacional (FMI), un organismo que entre los sindicatos remite a las peores pesadillas, aunque con el que se restituyó un canal de diálogo cada vez más frecuente.

Es cierto que una eventual definición electoral de Massa podría ordenar el convulsionado rompecabezas peronista. En el entorno del ministro, sin embargo, ven hoy lejana una candidatura, según reconstruyó LA NACION a partir de un funcionario de su extrema confianza. La inflación del 7,7% en marzo, la presión del FMI para ajustar el gasto y una devaluación del peso en cuotas nublan hoy sus aspiraciones presidenciales. Massa se imagina empinada y difícil una campaña electoral con tanta volatilidad económica y sin el Frente de Todos alineado. No habrá señales de su parte hasta después del 25 de mayo, cuando especulan a su lado que Cristina Kirchner podría blanquear su jugada electoral en medio de la nostalgia por los 20 años de kirchnerismo y el masivo acto que preparan gremios afines y La Cámpora para esa fecha.

La falta de una estrategia electoral común desarticuló como nunca antes la maquinaria peronista. Sindicalistas, piqueteros y punteros barriales están desorientados y sin jefe, urgidos económica y políticamente. “Hay una corriente social que nos va a llevar a todos a la mierda”, pronosticó un dirigente kirchnerista que supo reclutar barrabravas para los tiempos de campaña. La misma fuente sugirió que hoy lo mejor sería conservar la provincia de Buenos Aires como principal bastión. Un reconocimiento de que algunas batallas ya se dan por perdidas.

Los gremios también están desorientados. El Frente Sindical, la Corriente Federal y la CTA están más preocupados por la agenda judicial de Cristina Kirchner que por la erosión de los salarios por una inflación interanual de tres dígitos. Renovaron el jueves tibiamente su reclamo de una suma fija por decreto y hasta alguno amenazó con un paro, tal vez como un rapto fantasioso de que el fracaso de la gestión no involucra a la vicepresidenta. Una pirueta similar ensayó ayer Máximo Kirchner.

El otro sector, el mayoritario, busca sacar a la CGT de un letargo de casi seis meses para consensuar un documento por el Día del Trabajador con advertencias a la clase política sobre el rumbo económico y la necesidad urgente de acordar medidas. ¿Activar un paro o una movilización? “Si tiramos más nafta al fuego va a ser peor. La situación es muy complicada”, descartó cualquier endurecimiento un dirigente mercantil.

Facundo Moyano y Juan Carlos Schmid fueron de las pocas voces que se alzaron ante tanta pasividad. El ferroviario Sergio Sasia cuestionó ayer la falta de una agenda común y puso en duda la unidad en la CGT. Pidió otra vez por un acuerdo de precios y salarios, pero que sea “cumplible”. Ni siquiera el colectivero Roberto Fernández atinó a rebelarse y llamar a una huelga general de su actividad después del asesinato del chofer Daniel Barrientos. El jefe de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) está en un laberinto: los sueldos de sus afiliados dependen de los subsidios que el Estado distribuye entre las empresas de transporte. Massa se aprovechó de esa dependencia para empujarlo a firmar una paritaria semestral por 30%. Un acuerdo a la baja si se toma lo que firmó ayer la Uocra, que cerró una suba de 22% por tres meses.

Fernández, que lidera la UTA desde 2008, integra el ala más dialoguista de la CGT y siempre conservó buen vínculo con todos los oficialismos. Con Mauricio Macri es tal vez con quien mejores migas haya hecho: se alió en su momento a la gestión porteña de Pro cuando mantenía una dura pulseada judicial con los metrodelegados por la representación de los trabajadores del subte. Además, su hijo Roberto Alejandro forma parte del directorio del Instituto de la Vivienda porteño, un organismo estratégico al que ingresó a sueldo en 2012.

El control de la calle

El conglomerado de movimientos sociales es hoy tan influyente como la CGT. Son un factor de poder en lo relativo al control de la calle y ahora hasta tienen un partido político propio con su raíz más fuerte en La Matanza. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyo líder es Esteban Castro, tomó distancia casi de manera definitiva del Gobierno y prepara junto con el Movimiento Evita un acto masivo para el 1° de mayo en rechazo al recorte de planes sociales y a la presencia del FMI. Se sumarían piqueteros oficialistas y opositores. Podría haber también alguna adhesión de la Iglesia. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se siente desafiada por sus compañeros de coalición. Especialmente por Emilio Pérsico. Por eso esta semana insistió en la necesidad de dirimir las diferencias en las PASO. Tolosa Paz es una de las funcionarias que todavía responde a Alberto Fernández.

Juan Grabois, también referente de la UTEP, acomoda selectivamente su discurso mediático para eximir al kirchnerismo del rumbo de la gestión del Frente de Todos. Avaló primero una candidatura presidencial de Wado de Pedro, aventuró ahora una postulación propia, aunque en el fondo anhela con que Cristina Kirchner cambie de opinión y se decida a competir. Es promotor de un operativo clamor de resultado inesperado.

En el oficialismo hay quienes lo distinguen como el vocero de lo que Máximo Kirchner no podría decir públicamente. Dijo Grabois esta semana en la señal IP: “Cristina es muy misericordiosa con gente que la ha perseguido, como Massa. Eso me irrita, me molesta”.

Su embestida contra el ministro de Economía no es solo retórica. Ya encabezó más de una protesta en Hacienda por el ajuste que considera que impone el FMI. Reforzó su rechazo con una denuncia que no debería pasar de inadvertida en el Frente de Todos. “Siento un tufillo de un pacto de derecha conservadora entre Larreta y Massa”, dijo en Radio 10. La presunción de su sospecha podría acentuarse cuando se conozca próximamente que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires avalaría la operación de canje de títulos públicos en dólares por pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. La UBA es un bastión de la UCR porteña y su vicerrector es el diputado nacional Emiliano Yacobitti, mano derecha de Martín Lousteau, el aliado por el que jefe de gobierno porteño se peleó con sus históricos socios de Pro por modificar el sistema de votación en la ciudad. La campaña está en marcha, a pesar de la dispersión y la incertidumbre que genera el nuevo salto de la inflación.