Cómo la crisis fronteriza destrozó las esperanzas de Biden en el tema de la inmigración

WASHINGTON — En su primer día en el cargo, el presidente Joe Biden detuvo casi todas las deportaciones. Prometió finalizar las duras prácticas del gobierno de Trump, mostrar compasión hacia quienes desearan venir a Estados Unidos y asegurar la frontera sur.

Para Biden, era una cuestión de principios. Quería mostrar al mundo que Estados Unidos era una nación compasiva y al mismo tiempo demostrarles a sus conciudadanos que el gobierno podía volver a funcionar.

Sin embargo, esas primeras promesas en su mayor parte han quedado de lado debido al caos que envuelve la frontera y pone en peligro las esperanzas de reelección de Biden. La cantidad de personas que cruzan a Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos, más del doble que en los años de Trump. El sistema de asilo en esencia sigue sin servir.

El viernes, en un giro dramático respecto de aquellos primeros días, el presidente le imploró al Congreso que le concediera el poder de cerrar la frontera para poder contener una de las olas más grandes de inmigración descontrolada en la historia de Estados Unidos.

“Si me dieran esa autoridad, la usaría el día que aprobara el proyecto de ley”, mencionó Biden en un comunicado.

Algunas de las circunstancias que han creado la crisis están fuera del control de Biden, como el colapso de Venezuela, un aumento de la migración en todo el mundo y la obstinación de los republicanos que han tratado de frustrar sus intentos de abordar los problemas. Estos se rehusaron a otorgar recursos, bloquearon las iniciativas para actualizar las leyes y desafiaron de manera descarada a las autoridades federales a cargo de mantener la seguridad y el orden a lo largo de los 3200 kilómetros de frontera.

No obstante, un análisis del historial de Biden en los últimos tres años que realizó The New York Times, basado en entrevistas con más de 35 funcionarios actuales y anteriores y otras personas, muestra que el presidente no ha logrado superar esos obstáculos. Para muchos votantes, ahora la inmigración es su principal preocupación y no confían en que Biden la esté abordando.

En un inicio, el presidente buscó el equilibrio. Creó vías legales para los migrantes y comenzó a reconstruir el sistema de refugiados, aunque adoptó algunas de las tácticas más restrictivas del expresidente Donald Trump. Sin embargo, la gran cantidad de personas que llegaban a la frontera arrolló con rapidez esa labor y, a veces, Biden no pudo darse cuenta del enojo cada vez mayor en ambos partidos.

Durante la campaña de 2020, Biden se autodenominó como un antídoto contra la estrategia antiinmigrante de su predecesor. Sin embargo, después de años de inflación, sufrimiento económico y polarización política, la opinión pública está dividida en torno a si Estados Unidos —un país que recibe a más inmigrantes que cualquier otra nación— debería absorber más.

Biden pasó de ser un candidato en 2020 que prometió “acabar con el ataque de Trump contra la dignidad de las comunidades inmigrantes” a un presidente en 2024 que está “dispuesto a hacer concesiones significativas en la frontera”.

Cuando miles de niños centroamericanos empezaron a cruzar en la primavera de 2021, el primer instinto del presidente fue la compasión. Biden creía que había sido elegido para tratar la inmigración de manera humanitaria.

Fue la primera gran prueba de su agenda migratoria y del posible funcionamiento de la estrategia más acogedora que prometió.

Durante su campaña para la Casa Blanca en 2020, Biden prometió limitar las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, invertir en el sistema de asilo y cerrar las cárceles privadas para inmigrantes. En su primer día en el cargo, le propuso al Congreso un enorme proyecto de ley de inmigración que les habría brindado una vía hasta la ciudadanía a millones de inmigrantes que ya viven en Estados Unidos sin un permiso legal.

Al día siguiente, detuvo las deportaciones durante 100 días y, aunque un juez federal después bloqueó esa política, algunos migrantes la tomaron como una señal de que valía la pena realizar un viaje peligroso a la frontera estadounidense.

Los republicanos aprovecharon el momento. Declararon que la reforma migratoria de Biden había fracasado desde un inicio y advirtieron que los traficantes de personas y los contrabandistas iban a hacer pasar a inmigrantes hasta Estados Unidos con la falsa promesa de que el nuevo presidente estaba abriendo la frontera, un riesgo que aceptaron algunos miembros del gobierno, según varios funcionarios actuales y exfuncionarios estadounidenses.

El presidente desestimó las críticas.

Sin embargo, la postura más acogedora de Biden se puso rápidamente a prueba.

En abril de 2021, Biden había ampliado la cantidad de haitianos que podían permanecer en Estados Unidos después de huir por la violencia de las bandas criminales en su país. No obstante, el gobierno también decidió que, si una ola de haitianos llegaba a la frontera, Estados Unidos los iba a enviar de vuelta, por medio de una autoridad de la era de la COVID-19 conocida como Título 42.

No pasó mucho tiempo. Durante un periodo de dieciséis días en septiembre de 2021, 19.752 haitianos cruzaron a un campamento improvisado bajo el puente internacional de Del Río, en Texas.

A muchos de los haitianos se les permitió quedarse en Estados Unidos, con notificaciones de comparecencia ante el tribunal de inmigración, debido a los límites de la capacidad de la Patrulla Fronteriza para expulsarlos del país. Sin embargo, miles fueron deportados.

Las rápidas deportaciones dejaron al descubierto una división en el gobierno que tan solo crecería con el tiempo.

Gente cercana a Biden señaló que el mandatario siempre había apoyado el cumplimiento de la ley. No obstante, otros miembros del gobierno consideraron el trato a los haitianos como traición a los valores que Biden había prometido defender.

La presión para que Biden encontrara una solución iba en aumento. Recurrió al único lugar que podía aprobar nuevas leyes de inmigración significativas, pero que no lo ha hecho en décadas: el Congreso.

Sin embargo, los republicanos de Washington en esencia ignoraron las súplicas de Biden de sentarse a la mesa de negociaciones para ayudar a reparar el sistema de inmigración. Y, en el resto del país, las autoridades del Partido Republicano elaboraron su propio plan.

En abril de 2022, el gobernador de Texas, Greg Abbott, prometió “llevar la frontera hasta el presidente Biden” enviando en autobús a miles de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas.

Fue un truco publicitario, pero funcionó.

Los líderes demócratas estaban desbordados. Le pidieron al presidente que interviniera, bajo el argumento de que la afluencia consumía sus recursos.

La gente que exigía seguridad fronteriza ya no era solo republicana. Eran miembros del propio partido de Biden.

El gobierno hizo un esfuerzo para satisfacer las exigencias demócratas, otorgando más dinero y acelerando el procesamiento de los permisos de trabajo.

No obstante, el traslado de inmigrantes en autobús sin duda cambió el discurso en torno al asunto. Y en Estados Unidos las encuestas empezaron a mostrar un apoyo cada vez mayor hacia las medidas fronterizas que antes habían denunciado los demócratas y había defendido Trump.

No mucho después del día de Año Nuevo de 2023, Biden pronunció el único discurso sobre inmigración de su presidencia. En él, anunció restricciones nuevas y severas al asilo, el sistema de leyes que durante décadas ha proclamado a Estados Unidos como un lugar de refugio para las personas desplazadas y temerosas de todo el mundo.

En repetidas ocasiones, Biden acusó a los “republicanos extremistas” de bloquear sus iniciativas para modernizar las leyes de inmigración del país, al negarse a otorgar miles de millones de dólares para la seguridad fronteriza y rechazar las negociaciones bipartidistas.

“Pueden seguir utilizando la inmigración para intentar ganar puntos políticos o pueden ayudar a resolver el problema”, denunció.

Los grupos de derechos humanos condenaron las restricciones al considerarlas demasiado duras. Sin embargo, para los republicanos, las restricciones seguían siendo demasiado indulgentes.

Algunos asesores que intentaron apelar al corazón de Biden en este asunto acabaron por abandonar la administración, pues se sintieron desilusionados. Los que se quedaron alentaron al presidente a pensar con cuidado: la situación en la frontera estaba empeorando y era necesario reforzar el cumplimiento de la ley.

Más tarde, en 2023, los republicanos del Capitolio exigieron medidas severas en la frontera a cambio de sus votos sobre una de las principales prioridades de Biden: el envío de más ayuda militar a Ucrania.

Tres años antes, los demócratas pudieron haber resistido. Pero ya no. Los legisladores demócratas de Massachusetts profundamente frustrados se desahogaron con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, en una sesión a puerta cerrada en el Capitolio en octubre de 2023.

Los costos financieros de ocuparse de los migrantes en su estado motivaron su mensaje: debe hacer algo; esto tiene que terminar.

Biden pronto vio una oportunidad para aprovechar la dinámica cambiante, así que el 6 de diciembre lo hizo oficial.

“Estoy dispuesto a hacer concesiones significativas en la frontera”, admitió. “Debemos arreglar el sistema fronterizo descompuesto. No funciona”.

En su campaña para un segundo mandato en la Casa Blanca, Biden no ha mostrado remordimiento en sus convocatorias a una mayor y más estricta aplicación de la ley en la frontera. Ahora parece listo para presentarse más como un líder decidido a impedir la entrada de personas y menos como un defensor de los desplazados.

c.2024 The New York Times Company