Denunciantes argentinos celebran el fallo de la Corte IDH por el ataque a la AMIA en 1994
Buenos Aires, 14 jun (EFE).- La asociación civil argentina Memoria Activa, demandante en el 'Caso Asociación Civil Memoria Activa Vs. Argentina' en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), celebró la decisión del tribunal que este viernes declaró "responsable" al Estado argentino por falta de investigación en el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
El ataque contra la sede de esta organización que promueve la vida y el bienestar de la comunidad judía en Argentina ocurrió el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, cuando un carro bomba explotó frente al edificio de la AMIA, causando la muerte de 85 personas y heridas a más de 300.
"A treinta años del atentado a la AMIA, por fin una sentencia reparatoria. Un fallo que muestra que la justicia escasea, pero existe y que treinta años de lucha desigual han valido para tener aunque sea un poquito menos de impunidad", consideró Memoria Activa en un mensaje publicado en la red social X.
El fallo de la institución judicial con sede en Costa Rica encargada de aplicar e interpretar de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "refleja una triste historia de nuestro país (...) y demuestra que la historia oficial que nos vendieron las instituciones del Estado era una mentira", añadió la agrupación, que acusó al Estado argentino de aparecer solo para "encubrir".
En otro mensaje, la asociación civil reiteró que, tras el fallo de la CorteIDH, Memoria Activa también busca avances en el resto de causas abiertas sobre el atentado contra la AMIA y en la desclasificación de "todos los archivos secretos de todas las fuerzas de seguridad e inteligencia".
En este sentido, se refieren a la causa central de caso, acerca del cual piden "una investigación seria" y "reparatoria para las víctimas".
Además, la asociación anunció que apelará la sentencia de Casación ante la Corte Suprema argentina por las bajas de penas y absoluciones a los encubridores del atentado y pidió "un fallo serio" de la Justicia del país suramericano sobre el encubrimiento del atentado.
El atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) es considerado uno de los ataques terroristas más graves en la historia de Argentina y de América Latina.
El ataque no solo tuvo un impacto devastador en pérdidas humanas y materiales, sino que también dejó una profunda huella en la sociedad argentina y en la comunidad judía en particular.
A lo largo de los años, la investigación del atentado ha estado marcada por controversias y acusaciones de encubrimiento, y hasta la fecha, los responsables directos del ataque no han sido llevados ante la Justicia. Este hecho ha sido objeto de numerosos debates y es considerado un símbolo de la lucha contra la impunidad en Argentina.
El proceso judicial por el atentado contra la AMIA -que junto con el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, es de los actos terroristas más trágicos en la historia reciente de Argentina y América Latina- se ha complicado a lo largo de los años por acusaciones de encubrimiento y falta de cooperación de varios Gobiernos, incluido el de Irán.
Las relaciones entre Argentina y esta República Islámica han estado marcadas por la tensión debido a las acusaciones contra ciudadanos iraníes y la falta de colaboración de los sucesivos Ejecutivos del país asiático en las investigaciones.
Una de las cuestiones más importantes de las vinculadas al caso fue la relativa a la muerte del fiscal Alberto Nisman, encargado de la investigación durante diez años y que fue hallado en su casa de Buenos Aires con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015.
Este suceso ocurrió horas antes de que Nisman se presentara en el Congreso argentino para denunciar a la entonces presidenta, Cristina Fernández (2007-2015), por supuesto encubrimiento a ciudadanos iraníes sospechosos del ataque.
Según el fiscal, Fernández habría firmado un acuerdo con Irán para acercar relaciones comerciales a cambio, supuestamente, de disminuir la carga judicial contra los principales sospechosos, que ocupaban altos cargos en Irán y en la organización terrorista chií libanesa Hizbulá.
(c) Agencia EFE